Negocio con APM Terminals: opaco y peligroso

Urge transparentar estas negociaciones, ya que existe el peligro de que lo anunciado por Giammattei sea otro escándalo de corrupción y pérdidas inmensas.

El jueves de la semana pasada, durante una reunión con inversionistas en Nueva York, Alejandro Giammattei declaró que, «para no dañar la imagen del país», el Gobierno de Guatemala desistiría de los avances hasta ahora logrados por la vía judicial en contra de la empresa APM Terminals.

El asunto no es menor, porque está directamente vinculado con el escándalo de corrupción de la Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ), investigado por la Cicig y la Feci dirigida por Juan Francisco Sandoval; y revelaró una trama de sobornos y tráfico de influencias, en la que destacan como principales receptores de los pagos ilícitos Otto Pérez, Roxana Baldetti y el magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) Douglas Charchal, entre otros.

Según medios de prensa, en sus declaraciones el propio Giammattei reconoció que «fue un acto de corrupción que dio origen a esa transacción anómala». En 2016 se firmó un memorando con el cual APM Terminals, en su calidad de accionista mayoritario de TCQ, pagaría al Estado de Guatemala US$32.7 millones en concepto de reparación civil, y se comprometió a realizar inversiones por US$10.5 millones, de por lo menos US$500 mil anuales en proyectos de desarrollo en Escuintla. El gobierno de Jimmy Morales entregó al Congreso de la República una iniciativa de ley para otorgar la concesión de TCQ por 21 años, para cumplir con la parte del acuerdo a la que se había comprometido el Estado de Guatemala.

APM Terminals incumplió estos compromisos y el Estado de Guatemala demandó la nulidad del contrato. En 2019, la Corte de Constitucionalidad ordenó a la Cámara Civil de la CSJ emitir una nueva resolución a un recurso de casación y, de forma unánime, los magistrados resolvieron amparar al Estado y dejar en suspenso definitivo la sentencia de la Cámara del 12 de diciembre de 2018, que era favorable a APM Terminals. Con estas acciones, Guatemala avanzaba en ganar el caso legal en contra de APM Terminals, un pequeño paso en la defensa de los intereses guatemaltecos y en contra de la corrupción y las mafias empresariales del caso TCQ.

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Sin embargo, el jueves pasado Giammattei anunció que «decidimos acabar, no por la vía legal, porque ganamos todo, dejamos todo, nos pudimos haber quedado con el puerto, (la indemnización) por daños y perjuicios, pero la imagen del país hubiera salido perjudicada. Nos sentamos con ellos y les dijimos: saben qué, les compramos la terminal». Explicó que será la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) la que le comprará a APM Terminals la terminal de contenedores, que el dinero provendrá de los recursos de la EPQ y que lo «maravilloso» del negocio es que no se requeriría crédito, para luego hacer el ridículo explicando que el Banco de los Trabajadores concederá un préstamo back to back, sin especificar cuáles serían los recursos líquidos para la garantía de esa operación. Tampoco detalló el monto de la compra ni otros detalles fundamentales.

Este es un negocio en extremo vulnerable a la corrupción, con un riesgo altísimo de sobornos replicando el escándalo de TCQ. Es inaceptable que Guatemala haya renunciado a lo que prácticamente es una victoria legal, para «no dañar la imagen del país». Indigna la preocupación de Giammattei por los intereses de APM, a la que prácticamente estaríamos premiando.

Urge frenar, transparentar y revisar este negocio. ¿Cuánto piensan pagar a APM? ¿Está la EPQ en posibilidad de administrar con honestidad y eficacia la terminal de contenedores? ¿Qué dice la Procuraduría General de la Nación?