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Muerte y destrucción: la cara vergonzosa de las elecciones
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Muerte y destrucción: la cara vergonzosa de las elecciones

Pero esta impresión no debe hacer olvidar los casos graves: durante el proceso, 25 personas vinculadas con los partidos fueron asesinadas.
La nueva fiscalía, está encabezada por Óscar Schaad, quien tiene a su disposición tres auxiliares fiscales. El MP aún no ha decidido si será permanente o tendrá una vida limitada.
Algunos habitantes de Conguaco, Jutiapa, inconformes, quemaron papeletas y mobiliario electoral.
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Tiempo aproximado de lectura: 19 mins

Como cada cuatro años, la primera vuelta electoral dejó su lote de violencia, muerte y destrucción. Los partidos políticos y sus simpatizantes, principales causantes de la violencia electoral, no han asimilado las reglas del juego democrático. A pesar de los esfuerzos de las autoridades por minimizar los incidentes, las elecciones municipales siguen siendo una gran fuente de conflictos. Las de 2015, dejaron 25 fallecidos.

El pasado 11 de octubre, pobladores enfurecidos quemaron vivo a Basilio Juracán Leja, alcalde recién electo del municipio de Concepción, Sololá. Lo acusaban de haber tramado un atentado en contra de uno de sus rivales políticos, quien perdió a dos familiares en el ataque. La violencia política se apoderaba de nuevo de un municipio y dejaba ver la enorme distancia por recorrer para hacer de Guatemala una verdadera democracia.

Visto por el lado amable, la participación ciudadana fue masiva el 6 de septiembre, fecha de la primera vuelta electoral. Los fraudes groseros de los años 70 y 80 son parte de la historia del siglo pasado. Salvo en algunos municipios, los guatemaltecos confían en que los resultados finales reflejan el contenido de las urnas.

La otra cara es la de los brotes de violencia. En muchos lugares de Guatemala ni los partidos políticos, ni las instituciones ni los ciudadanos han integrado el concepto de participación libre, sin coacciones ni trampas.

He aquí algunas claves para entender un fenómeno diverso, difícil de asir, pero que vuelve igual a sí mismo cada cuatro años.

1.- ¿Cuáles fueron los municipios violentos?

Desde que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) dio por abierta la campaña hasta los días consecutivos a la primera vuelta, se registraron 352 incidentes violentos. Esto, según un informe de la International Foundation for Electoral Systems (IFES), fundación estadounidense que brinda asesoría técnica al TSE. La violencia se vio en 163 municipios en toda la república. El único remanso de paz fue Totonicapán, donde no se registró ningún incidente.

Aunque la cifra parece alta, la percepción general es que, salvo unos 15 o 20 municipios, las elecciones se desarrollaron con normalidad. Y es que la mayoría de los incidentes registrados en los cinco meses de campaña fueron forcejeos e insultos sin mayor trascendencia entre militantes rivales o activistas como los “No te toca” que hacían presencia en las actividades proselitistas del partido Lider.

Pero esta impresión no debe hacer olvidar los casos graves: durante el proceso, 25 personas vinculadas con los partidos fueron asesinadas.

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Los municipios en que ocurrieron más hechos de violencia fueron la ciudad de Guatemala y Pueblo Nuevo Viñas, con 11 incidentes, seguidos por Malacatán (San Marcos), con ocho, y Morazán (El Progreso) con siete. El número de hechos no refleja su gravedad. En Guatemala fueron de poca trascendencia mientras que en Jalpatagua, (Jutiapa), San Rafael Las Flores (Santa Rosa), San Miguel Dueñas (Sacatepéquez) y San José el Rodeo (San Marcos), violentos hasta la muerte: siete candidatos a la alcaldía y uno al Parlacen fueron asesinados.

Diego Chiquival/Nuestro Diario

El día de la elección, no hubo ningún incidente fatal, y los disturbios más graves no pasaron de bloqueos de carretera, y, al conocerse los resultados de las votaciones, la quema de papeletas en 11 municipios de Suchitepéquez, Sololá, Santa Rosa, Quiché, El Progreso y Jutiapa.

2.- Las causas de la violencia

Primero, un hecho: casi todos los actos de violencia fueron generados por las elecciones municipales. Nadie intercambia puñetazos con el vecino por defender a Sandra Torres o a Jimmy Morales. Pero por un alcalde, o en contra de otro, los conflictos pueden llegar a los tiros y linchamientos.

Para Edgar Pereira, del Instituto Centroamericano de Estudios para la Paz Social (Demos), una parte del problema está en los partidos políticos. “Los partidos no se sienten parte de la ciudadanía. No tienen electores, tienen clientes. Esto es la negación de la democracia.”, indica. Otro problema, según Pereira, son las instituciones electorales que no siempre hacen respetar las reglas del juego democrático. “Las autoridades son condescendientes con un montón de arbitrariedades como propaganda ilegal o con la inscripción de candidatos señalados de corrupción. Esto estimula actitudes que pueden generar conflicto. Es como decir, ‘jueguen como quieran’”.

Pero este “jueguen como quieran”, puede encender los ánimos de la población, y llevarla a tomar el lugar del árbitro. “Mientras la ciudadanía no encuentre respuestas y sanciones a lo que no es justo, va a haber un germen de violencia”, analiza Pereira.

A estos factores generales, hay que sumarle otros, propios a cada territorio.

Mario Minera, director de la Unidad de Mediación y Resolución de Conflictos de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH), ve tras la violencia electoral, la influencia de poderes locales que pugnan por las municipalidades. Poderes muchas veces relacionados con el crimen organizado. Las zonas fronterizas como Malacatán, en San Marcos, o los municipios de Suchitepéquez tienen estas características.

La conflictividad relacionada con los proyectos mineros e hidroeléctricos también trae su lote de tensión. Según Minera, esto no se refleja forzosamente en candidatos que están a favor o en contra de un megaproyecto. Pero, cuando un alcalde no clarifica su postura, o da la impresión de negociar a espaldas del pueblo, genera ingobernabilidad y descontento, lo cual se puede exacerbar el día de las elecciones. Según Minera, esto es lo que ha pasado en municipios como San Pedro Pinula, San José el Golfo, San Rafael las Flores y Pueblo Nuevo Viñas.

No hay que olvidar que en Guatemala, cada año mueren asesinadas cerca de seis mil personas. La violencia es pues, una forma habitual de solucionar conflictos. Esta violencia estructural no puede ser ajena a la política, momento en que se exacerban los ánimos y distintos intereses entran en choque.

3. ¿Cuándo se enciende la mecha?

La noche de las elecciones, en 11 municipios del país hubo grupos violentos que dieron por terminado el juego electoral con fuego. Fueran espontáneos o fueran azuzados por un partido político —aún no se sabe; se investiga—, frente a los centros de votación los descontentos encendieron grandes pirras de papeletas electorales.

En Malacatán se vivió una campaña electoral tensa, en la que candidatos y simpatizantes rivales se insultaron mutuamente. En situaciones como esa, las fuerzas en pugna tienden a no aceptar la voluntad de los ciudadanos. Cuando se empezaron a filtrar los resultados preliminares de los centros de votación, ocurrieron los disturbios. Y cuando se destruyen —o como en el caso de esos 11 lugares— se queman más del 60% de las papeletas utilizadas en el proceso, el TSE se ve obligado a repetirlo. “Nosotros habíamos denunciado un incremento de violencia verbal entre partidos antes de los comicios”, explica Marvin Pol, de Acción Ciudadana. Las autoridades tendrían que haber atendido a esas alertas para reforzar la seguridad en la localidad, agrega.

Hay otros hechos que pueden encender la mecha. La compra de votos es uno ellos: siempre causa un gran enojo entre la población. Ya sea simple rumor o realidad, esto resta legitimidad a los comicios. La inacción, real o percibida, de las autoridades electorales es un factor agravante.

El acarreo de votantes también fue una de las grandes causas de violencia y bloqueos de carreteras el día de los comicios. Acarreo que hay que definir bien. Para Máximo Zaldívar, del IFES, no debe llamársele “acarreo” al simple hecho de transportar votantes. El acarreo, indica, es cuando un candidato lleva a votar personas provenientes de otros municipios. Lo cual puede realizarse gracias a una manipulación previa del padrón electoral o proveyendo a los votantes más de un documento de identidad.

En San José el Golfo y Pueblo Nuevo Viñas, se levantaron bloqueos de carreteras que solo dejaban pasar a las personas que eran reconocidas como propias del municipio. Las autoridades tuvieron que intervenir para disolver estos bloqueos, negociando con los manifestantes. En Santa Catarina, San Marcos, los pobladores amenazaron con quemar un bus repleto de votantes a los que tachaban de “acarreados”. La intervención de la PDH calmó los ánimos. En otros municipios como San Vicente Pacaya, aparecieron mantas que amenazaban de muerte a cualquier foráneo que intentara votar en el municipio. Esto muestra hasta qué punto el acarreo preocupa a la población.

Queda la duda: ¿la manipulación electoral que implica traer votantes desde otro municipio es una realidad o una percepción falsa de una parte de la población? Para el Inspector general del TSE, Óscar Sagastume, la segunda opción es la cierta. “En enero el TSE emitió un acuerdo con el que se prohibía modificar el padrón electoral para mover ciudadanos de un municipio a otro. El acarreo es una percepción de la población, y también un mal manejo de información por parte de los líderes”, indica.

Marvin Pol, de Acción Ciudadana y Mario Minera de la PDH, concuerdan con el Inspector del TSE. Según ellos, en estos comicios no se ha observado un verdadero fraude con votos de personas ajenas a los municipios. “Hubo muchos rumores. En Conguaco algunos decían que habían llegado a votar salvadoreños, y que se les reconocía por el hablado. Pero en esas zonas fronteriza, el acento es el mismo a cada lado de la frontera”, recuerda Minera.

Edgar Pereira, de Demos, tiene una opinión distinta. “El caso de Antigua Guatemala en 2011 está bien documentado y se sabe que el candidato (Adolfo Vivar) ganó por los ‘acarreados’. Con la decisión del TSE de que el padrón no se podía cambiar, se impidieron nuevos acarreo. Pero los que ya estaban montados se siguieron usando”.

Óscar Schaad, jefe de la Fiscalía de Delitos Electorales, indica que sí han recibido denuncias por acarreo de votantes y utilización de documentos falsos. Toca ahora al Ministerio Público evaluar la veracidad y el impacto de estos delitos.

4.- ¿Se hizo todo lo posible para atajar la violencia?

Nebaj, El Estor, Santa Eulalia: todos estos municipios estaban en alerta roja el día de los comicios. En el caso de El Estor, en el 2011, la junta electoral tuvo que ser rescatada en helicóptero de una turba enardecida. Sin embargo, esta vez nada reseñable ocurrió.

La violencia tiene algo de aleatorio: puede o no ocurrir. Lo cual no significa que no se pueda determinar en dónde tiene más probabilidades de encenderse. El TSE, con apoyo del IFES, dibujó un mapa de la conflictividad: 190 municipios se catalogaron como potencialmente violentos, de los cuales, 45 eran de alto riesgo. Con tantos puntos conflictivos, difícil imaginar un despliegue policial que permita dar seguridad a todos los electores.

Al final, el mapa tuvo un buen porcentaje de acierto: 83% de los municipios señalados conocieron algún grado de violencia. Pero entre el 17% de desacierto estaban Santa Clara la Laguna y Santa Catarina Palopó, ambos en Sololá, donde los disturbios fueron tan graves que se deben repetir los comicios. De haber tenido más agentes, la Policía Nacional Civil (PNC) no los hubiera enviado allí.

Además del mapa, el TSE convocó en abril a una mesa técnica de seguridad electoral en la que participaron, entre otras instituciones, la PDH, los Ministerios de Gobernación y Defensa, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), y los cuerpos de bomberos. Esta mesa, que a diferencia de lo ocurrido en 2011 tuvo un funcionamiento muy fluido, permitió revisar los planes de seguridad en función de la coyuntura, y sobre todo, compartir la información recabada por cada institución.

Según Mario Minera, de la PDH, gracias a la mesa técnica, se logró coordinar el trabajo de las instituciones y lanzar las alertas a tiempo para mediar en los disturbios. Esta es también la impresión del fiscal Óscar Schaad, para quien el 90% de los conflictos del día de las elecciones fueron atajados por la intervención de la policía, del MP o de la PDH.

¿Y los conflictos que sí ocurrieron, los bloqueos de carretera o las quemas de papeletas? ¿No se podía haber hecho más? “Lo que pasa es que la gente no respondió a la mediación que estábamos haciendo, y sí a la incitación de cierta gente”, explica Schaad.

Edgar Pereira de la fundación Demos, una de las organizaciones que conforman el Mirador Electoral, reconoce el buen funcionamiento de las instituciones el día de las elecciones. “A temprana hora tuvimos reportes de problemas en distintos lugares. A mediodía ya se habían resuelto. El proceso de disuasión y negociación de las autoridades funcionó. Pero no se puede con todo.”

Patzún, Chimaltenango.

Marvin Pol, de Acción Ciudadana, lamenta, sin embargo, las limitaciones de las autoridades. Tanto la PNC como el MP no tuvieron suficiente presencia en todos los puntos conflictivos. Los recortes de presupuesto sufridos por el TSE le impidieron tener mayor capacidad de respuesta. Este, indica el experto, no siempre atendió las denuncias por acarreo de votantes, lo que se tradujo en molestia de muchos electores. En Pueblo Nuevo Viñas, municipio que cumplió con todas las expectativas de violencia electoral, no se vio, según Pol, un despliegue especial de las instituciones.

5.- ¿Se persiguen realmente los delitos electorales?

Si algo ha cambiado desde el 2011, es la creación de una Agencia Fiscal Especializada en Delitos Electorales. Antes, las denuncias eran atendidas por distintas fiscalías, según la naturaleza del delito y el lugar en donde fue cometido. Esto impedía una persecución eficaz.

La nueva fiscalía, creada en marzo, está encabezada por Óscar Schaad, quien tiene a su disposición tres auxiliares fiscales. El Ministerio Público aún no ha decidido si esta estructura será permanente o si tendrá una vida limitada.

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En su primer caso fuerte, la fiscalía ha pedido tres antejuicios en contra del alcalde de Malacatán, Juan Raúl Fuentes Montes, de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), y de otros dos candidatos: Alberto Chávez Muñoz y Emilio Obdulio Gálvez Pérez, de Unión del Cambio Nacionalista (UCN), y el partido Compromiso Renovación y Orden (CREO), respectivamente. El MP los acusa de haber incitado a la quema de papeletas e impedido que estas se trasladaran a uno de los centros de votación de la localidad.

En total, la fiscalía ha recibido 526 denuncias, de las cuales 68 provienen del TSE. Entre los delitos más denunciados está coacción del elector, que se da, por ejemplo, con la compra de votos, uso de documentos falsificados, y abuso de autoridad. Este último delito solo puede ser cometido por funcionarios públicos.

“Lo que queremos es realizar una investigación estratégica. Queremos atar cabos para encontrar las estructuras que permiten que este fenómeno se esté dando”, anuncia Schaad. Agrega que este trabajo se hace junto con la fiscalía de financiamiento de la política creada a raíz del informe de CICIG sobre este tema.

Si la fiscalía cumple con su propósito, tendrá que enfrentarse a las poderosas maquinarias de los partidos políticos. Según Edgar Pereira, las víctimas de la violencia electoral son en su mayoría simpatizantes de partidos políticos. Pero son estos mismos partidos los más frecuentes perpetradores. Según información oficial recabada por IFES, los partidos más violentos fueron Líder, con 87 denuncias en contra; el Partido Patriota, con 61; y la UNE, con 32.

6.- ¿Qué podría rebajar la violencia?

Quizás el TSE necesite una ayuda desde las leyes para atajar la violencia. Propuestas de reformas institucionales hay, que van de lo cosmético a lo sistémico.

Por ejemplo, Máximo Zaldivar, de IFES, se pregunta si el hecho de que las elecciones presidenciales, legislativas y municipales se celebren el mismo día no supone una presión excesiva sobre las autoridades electorales. Antes de las reformas electorales de 1994, existían dos tandas de elecciones en cada periodo. Quizás volver a este sistema podría ayudar. Zaldivar también propone que la Fiscalía de Delitos Electorales sea permanente, ya que sin una persecución penal eficaz no se puede esperar que los partidos respeten las reglas del juego.

¿Otra idea? “Creo que las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos propuesta por el TSE son un proyecto sólido que puede ayudar. En especial la parte del financiamiento político”, opina Zaldivar. Edgar Pereira, de Demos, aboga en el mismo sentido: “mientras no se norme cuánto se puede gastar en una campaña y mientras no haya condiciones de equidad, vamos a tener siempre partidos poco democráticos”.

Desde el Ejecutivo, también se puede actuar para evitar la violencia. “Hay que ponerle atención a la conflictividad que se genera por transporte y generación de energía eléctrica, licencias mineras, falta de consulta y de información a las poblaciones, dificultades de acceso a la tierra y al agua. Mucha de la violencia electoral deriva de estos conflictos”, indica Mario Minera, de la PDH.

7. ¿Cuáles son los riesgos en la segunda vuelta?

Las segundas vueltas suponen menos quebraderos de cabeza para las autoridades electorales. Las presidenciales no disparan los conflictos como las municipales, y la elección entre Sandra Torres y Jimmy Morales no debería ser la excepción. Los 11 municipios en donde se repetirán las elecciones municipales sí suponen un riesgo. Pero las autoridades ya están advertidas. Además, al ser solo 11, el MP, el TSE, la PDH y la policía pueden concentrar sus efectivos en estos. Por ejemplo la PNC planea enviar a cada uno de estos municipios, un agente por cada cien votantes. El domingo por la noche se sabrá si esto era suficiente.

 Nadie duda de que el camino hacia la verdadera democracia es largo, resbaladizo y lleno de curvas y cuestas. 

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