Dos buenos reveces le dieron esta semana los tribunales de justicia a la labor que realizan el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig): la absolución del expresidente Alfonso Portillo y el cierre del proceso contra Alejandro Giammattei.
Muchos podrán, incluso, pensar si se están concretando los temores de la Cicig sobre el posible bloqueo al trabajo que realiza o si esto corresponde, simplemente a la ineficiencia de las investigaciones del MP. Yo creo más en los segundo.
En el caso de Portillo, el MP no fue capaz, según la sentencia de las juezas que juzgaron, de acreditar que él era responsable del desfalco de Q120 millones del Ministerio de la Defensa, aunque sí está claro que ese dinero ya no es parte del erario. A mí, y seguro a mucha gente, me han quedado muchas dudas. Por ejemplo: ¿si existe un caso en Estados Unidos por supuesto lavado del dinero desfalcado, porque el MP no obtuvo también esas evidencias para fortalecer su teoría?
Una fuente muy cercana al proceso me reveló que el MP habría pagado US$40 mil por realizar las videoconferencias con los testigos del caso, a quienes las juzgadoras simplemente calificaron como falsos y mentirosos. ¿Cuánto más nos habrá costado todo el juicio?
En el caso de Giammattei, mucha gente dirá no es lo mismo que Portillo y yo contestaré que por supuesto no, pues este último estaba acusado de la ejecución de siete seres humanos, aunque fueran reos. Según una investigación de la Oficina del Procurador de los Derechos Humanos y de la Cicig, los reos fueron asesinados de forma selectiva. La investigación habría revelado que Giammattei habría planificado junto a ex funcionarios y civiles los crímenes. Sin embargo, el MP tampoco logró probar esto.
No soy la única persona que desconfía del trabajo de algunos fiscales, Basta con conocer internamente la forma de trabajar —con tanta desidia y total indolencia— de algunos fiscales para con las víctimas.
Y para muestra un botón. Hace cinco años un pandillero atacó a dos familiares míos a quienes disparó en varias ocasiones. Tras los dolorosos tres meses que prácticamente viví en el hospital, solo en una ocasión se acercó un investigador del MP a intentar obtener una declaración de uno de mis familiares, quien estaba en estado de coma debido a los disparos. No supe nada más del MP sino hasta cuatro años después, cuando llegó a mi casa una citación para que mi otro familiar acudiera a la fiscalía a brindar su primera declaración de los hechos. “Encontraron tirado el expediente y decidimos reabrirlo”, le confía a mi abogada la nueva fiscal del caso.
Sé que fortalecer la institucionalidad de la justicia es necesario y que al MP le hacen falta muchos recursos económicos para funcionar mejor, pero también hay que cuestionar puntos básicos y quizás elementales, como dónde está una de las principales metas de la Cicig: la de dejar capacidad instalada, o sea, enseñarles a los fiscales a ser más eficientes, más capaces en su trabajo.
Los fiscales que no puedan hacer su trabajo que agarren sus cosas y se vayan. Total, está visto que este trabajo es para gente que tenga no solo la capacidad, sino la visión de que sin justicia no vamos a poder salir adelante como país. Y con estas muestras de ineficiencia y de incapacidad, lo único que consiguen es fortalecer la idea de impunidad y debilidad de nuestro sistema judicial.
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