El tratado nació satanizado por los sectores sociales que haciendo gala del activismo más radical, anunciaron a través de protestas callejeras y campañas internacionales el apocalipsis que debía seguir a su firma, mientras los profetas del libre comercio anunciaban la llegada miles de oportunidades comerciales e inversión extranjera que cambiarían la faz de Guatemala.
Vale decir que ni el apocalipsis ni las inversiones masivas llegaron al país —al menos como efecto del DR-Cafta—, aunque en 2009 la Amcham anunciaba un aumento significativo del 11.2% de las exportaciones de Guatemala a Estados Unidos. En la región, los partidarios y detractores han mantenido enfervorizados debates, mientras la política exterior norteamericana expandía el modelo de los tratados de libre comercio a otros países en Latinoamérica, con experiencias diversas, como la aprobación casi impoluta en el Perú, la negativa de Ecuador a suscribir un instrumento de esta naturaleza y una larga discusión el Congreso norteamericano sobre Colombia, heredada de la administración Bush a Obama, y que apenas en estos días parecería estar cerca de su aprobación, luego de que el gobierno de Santos ha implementado un plan de acción para mejorar su cumplimiento de la legislación laboral.
En el caso de Colombia, así como en el de Guatemala, la situación interna de cumplimiento de los derechos laborales se ha convertido, tal vez inesperadamente, en un elemento central de los tratados.
En Guatemala, la inclusión de la cláusula laboral en el DR-Cafta le dio un nuevo impulso al derecho del trabajo, que para 2006 parecía haber desaparecido de la discusión pública. Como tal, el tratado no incluye sino la protección de los ocho convenios fundamentales de la OIT, todos los cuales han sido ratificados por Guatemala y sobre cuyo cumplimiento se reporta periódicamente ante los órganos de control de este organismo.
En 2008 un grupo de seis sindicatos guatemaltecos, conjuntamente con American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (AFL-CIO), comenzaron a darle forma a un conjunto de cinco casos paradigmáticos sobre la protección de derechos laborales en Guatemala. Estos casos fueron presentados dentro de los espacios creados al amparo del mismo DR-Cafta. Los casos fueron analizados durante los últimos dos años por parte del Gobierno de Estados Unidos, que condujo una investigaron exhaustiva, a través de equipos compuestos por funcionarios de diversos departamentos y de su embajada en el país. Los resultados de esta investigación fueron inequívocos. El Gobierno de Estados Unidos solicitó en 2011 un procedimiento de solución de controversias con Guatemala, ante lo que se entendía como fallas sistémicas en la protección de los derechos laborales en el país.
De esta forma, cinco años después de la ratificación del DR-Cafta, en Guatemala asistimos a un efecto colateral no deseado por los signatarios del tratado: Guatemala se convirtió en el primer país en ser denunciado por los Estados Unidos dentro del marco de los tratados de libre comercio, por una protección deficiente de los derechos laborales. Para efectos de lo que interesa al US Trade Representative, esta falta de protección implica una competencia desleal con los trabajadores y empresas norteamericanas, que deben competir en desigualdad frente a una nación que no observa los estándares laborales mínimos. Las posibilidades de sanciones que restrinjan el acceso al mercado norteamericano, así como de multas para el Estado comenzaron a flotar en el ambiente.
En el curioso arte de las contradicciones de la política, ese tratado de libre comercio que fue vilipendiado por los sindicatos y las organizaciones sociales se ha convertido en la herramienta privilegiada de la defensa de los derechos laborales fundamentales.
La reunión bilateral de la semana pasada entre los gobiernos de Guatemala y de Estados Unidos ha arrojado un balance que al menos llama la atención sobre su factibilidad, pese a las optimistas declaraciones de los funcionarios públicos guatemaltecos. Se ha adoptado un plan de acción de ocho meses de duración, en los cuales el Gobierno de Guatemala se compromete a estudiar reformas legislativas al Código de Trabajo, aumentar el número de inspectores del trabajo, dar seguimiento a la situación de derechos laborales en las maquilas, establecer mecanismos para el intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos e informar cada 30 días sobre los avances conseguidos.
El avance en esta materia no será fácil. A manera de ejemplo, entre las reformas solicitadas por el Gobierno de Estados Unidos destaca el devolver a la Inspección General del Trabajo su capacidad para imponer sanciones, revocada por la Corte de Constitucionalidad en 2001. Este es un punto especialmente álgido, que ya provocó reacciones en el empresariado, que sigue defendiendo la hipótesis que solamente los jueces pueden imponer multas, y que devolver a la IGT esta facultad es fomentar la discrecionalidad y la corrupción.
Las discusiones del ámbito laboral se han llevado durante los últimos años en el seno de los órganos de control de la OIT, con resultados poco alentadores, reflejados en los informes de este organismo. Múltiples compromisos estatales, así como peticiones de la OIT han quedado sin ser resueltos durante varios años. El plazo de ocho meses, parece, en principio, bastante corto para abordar temas estructurales de gran magnitud.
Curiosamente, el plazo de ocho meses para la implementación de estas medidas coincide con el cambio de administración pública. Cualquiera que sea el próximo gobierno, en febrero de 2012 se encontrará con una curiosa herencia para la cual debería estar preparado: presentar un balance de reformas laborales que eviten multa millonarias para Guatemala y restricciones para su comercio exterior. Es deseable, desde ya, sugerir que al menos en esta temática, se prepare una transición ordenada, que permita a los equipos del gobierno entrante entender la magnitud de este desafío.
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