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Un afiliado al Movimiento de Liberación de los Pueblos manifiesta frente al Tribunal Supremo Electoral, el 02 de febrero, para exigir la aceptación de Jordán Rodas como candidato a la vicepresidencia en las elecciones 2023. Simone Dalmasso

MLP bloqueado: Contraloría y PDH presentaron la misma denuncia con horas de diferencia

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MLP bloqueado: Contraloría y PDH presentaron la misma denuncia con horas de diferencia

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Hay una maquinaria encendida para impedir la participación del exprocurador Jordán Rodas y afectar el binomio presidencial, encabezado por la lideresa mam Thelma Cabrera, del Movimiento para la Liberación de los Pueblos (MLP). En un mismo día, la PDH y la Contraloría presentaron denuncias contra Rodas en el Ministerio Público. La Fiscalía aceleró la marcha y el TSE aceptó dejar fuera al partido, que asegura llevarán la batalla hasta lo último.

La lucha del Movimiento para la Liberación de los Pueblos para lograr su inscripción en las elecciones generales de 2023 cambió de cancha el domingo 5 de febrero, cuando el partido presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia contra el Tribunal Supremo Electoral, que los dejó fuera de la contienda.

Esta Corte lleva tres periodos electorales —2015, fecha que asumieron; 2019 y 2023— resolviendo quién participa y quién no, pues el tiempo por el que fueron electos se  venció hace tres años y el Congreso no elige a sus sustitutos. La magistratura fue señalada por la anterior Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), por supuestamente traficar influencias en el caso conocido como Comisiones Paralelas 2020.

El MLP señala que la Corte a la que acuden es criticada por favorecer casos relacionados a corrupción, y que su participación en este proceso la pelearán contra un sistema que los quiere fuera. También advierte que en esta crisis el partido está ganando popularidad y más simpatizantes y que «les preocupa que el descontento se salga de control».

El MLP hace hincapié en que las fechas de los documentos demuestran que el Ministerio Público y la Contraloría General de Cuentas actuaron de forma apresurada y coordinada para crear un expediente que deje sin validez el finiquito del exprocurador Rodas, con una denuncia presentada por ambas instituciones el mismo día, a casi cinco meses de su salida de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH).

De la solvencia a la denuncia: una línea de tiempo

En la Fiscalía de Delitos Administrativos del MP, a cargo del fiscal Edwin Marroquín, el 6 de enero se creó el expediente que terminó por obstaculizar la candidatura a la vicepresidencia de Rodas.

Ese día, José Alejandro Córdova, titular de la PDH, presentó una denuncia por supuesto incumplimiento de deberes. Del fondo del caso se conoce poco. Córdova asegura que detectó una «anomalía» en los documentos que Rodas presentó para solicitar sus prestaciones laborales.

Lo que se desconocía hasta la fecha es que ese mismo día, horas después, la Contraloría presentó otra denuncia por el mismo caso. Esto fue confirmado por los voceros del MP y de la Contraloría.

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Cuatro días después, el 10 de enero, la fiscalía envió un oficio a la Contraloría para solicitar una ampliación de la auditoría que inició un mes antes de que Rodas entregara el cargo. Esta ampliación, según se lee en el oficio, fue «realizada en relación a dos eventos internacionales en materia de derechos humanos que (Rodas) tuvo en su momento». El MP también solicitó datos de a quién se facultó para el ejercicio del cargo.

En el documento la fiscalía escribió que necesitaba la información «a la brevedad posible».

El 20 de enero, la CGC envió los informes de auditoría al MP.

¿Qué hay detrás? Rodas firmó un acuerdo para nombrar a Miriam Roquel como procuradora en funciones y que fuera ella quien entregara la gestión de la PDH. La diligencia se hizo con base al artículo 11 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso y del Procurador de Derechos Humanos, que establece que el funcionario tiene dos procuradores adjuntos que lo sustituirán por orden de nombramiento en caso de impedimento o de ausencia temporal.

El 20 de agosto de 2022, José Alejandro Córdova asumió como nuevo PDH. La procuradora adjunta Roquel entregó el cargo.

Desde su salida de la PDH, pasaron cuatro meses hasta que Rodas recibió el finiquito de parte de la Contraloría. Dicho documento, con fecha del 20 de diciembre, hizo constar que hasta ese momento no tenía reclamos o juicios pendientes por su paso por la PDH.

Entre el 6 y 10 de enero, la Contraloría subió el nuevo caso al Sistema de Auditoría Gubernamental.

El 21 de enero, Cabrera y Rodas presentaron su expediente de inscripción al Departamento de Organizaciones Políticas del TSE.

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El 26 de enero, el Tribunal asegura que hizo las consultas en el portal web de la Contraloría, donde a Rodas le aparecieron los cargos que días antes crearon las dos instituciones: una denuncia y una anotación por cargos jurídicos. Al día siguiente el Registro de Ciudadanos les negó la inscripción.

El 30 de enero, Cirilo Pérez, Secretario General del MLP presentó un recurso de nulidad y el 1 de febrero el TSE requirió un informe a la Contraloría sobre el estado del finiquito.

El 2 de febrero, en la resolución con la que el TSE confirmó que deja fuera de la contienda al MLP, se lee que Carlos Emilio Morales Cancino, César Amaral Tzul y Frank Helmuth Bode, Subcontralor de Probidad, Secretario General y Contralor General de Cuentas, enviaron información sobre el caso contra Rodas.

Aunque el Tribunal reconoce que Rodas presentó un finiquito, la resolución final dice que ya no es válido por las nuevas denuncias en su contra, «lo cual constituye impedimento para optar a un cargo público», se lee en la resolución.

Por el TSE firmaron Irma Elizabeth Paniagua, presidenta del tribunal y los magistrados Ranulfo Rojas, Gabriel Vladimir Aguilera y el suplente Marco Antonio Cornejo Marroquín, quien fungió como abogado de Efraín Ríos Montt en el juicio por genocidio realizado en 2013.

La magistrada Blanca Alfaro razonó su voto y dijo que desde 2019, cuando se postuló como candidata a la vicepresidencia junto a Edwin Escobar, «mantuvo el criterio que las únicas dos razones por las cuales no es posible inscribir a una persona a un cargo popular son una sentencia firme y quienes no demuestren méritos de capacidad, honradez e idoneidad.

Como respuesta, el domingo 5 de febrero, el MLP presentó un amparo en la Corte Suprema de Justicia, el inicio de su batalla legal en el sistema judicial.

«La gente está molesta»

El día en que el MLP esperaba la respuesta del Tribunal, el jueves 2 de febrero, cientos de simpatizantes del partido se plantaron a protestar frente a la sede de la institución. En los discursos hubo indignación porque sus postulados quedaron fuera. Desde el micrófono se les escuchó decir que «si no son inscritos, no habrá elecciones», que el partido tiene la capacidad de paralizar el país.

Cirilo Pérez, secretario del MLP, dijo en entrevista con Plaza Pública que el partido anticipó este escenario.

«Tienen los mecanismos y las Cortes. Mucha gente cree que el problema es Jordán, pero el problema es político y viene desde el año pasado. A la compañera Thelma Cabrera, en 2021 la empezaron a señalar por campaña anticipada (el caso fue archivado por el TSE)», reclamó el secretario general del MLP.

Para el MLP su fuera de organización está en el movimiento social que abandera el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), dice Pérez, un espacio aglutina a miles de personas indígenas y campesinas, principalmente del área rural del país.

«Si el MLP participa puede dar una batalla dura, una batalla fuerte que nos puede llevar a una gran sorpresa, y quienes estarían perdiendo sus privilegios no somos nosotros como pueblos», señaló Pérez.

El partido se declaró en asamblea permanente donde analizan los caminos que tomarán. Aunque ya presentaron el amparo en la Corte Suprema de Justicia, también consideran los tiempos y la posibilidad de realizar una nueva asamblea para postular a nuevos candidatos. Esta última opción representa un peligro más grande para el MLP.

«Buscar a otra persona no es el problema. Tenemos muchos compañeros que tienen ese perfil, el problema es que si hacemos otra asamblea y nos pasa lo mismo; allí gastamos tiempo, esfuerzos y recursos y también estaríamos aceptando lo que el Tribunal está dictando. No podemos caer en un juego», aseguró.

Pese a que a casi tres semanas desde que inició el proceso electoral el partido no tiene a su binomio inscrito, Pérez asegura que están capitalizando la atención mediática que esta crisis desató, y que incluso han sumado apoyos de sectores que ya respaldan a Rodas, entre ellos los académicos y estudiantes.

La batalla para inscribir a su partido se ha viralizado por las redes sociales y según Pérez, de alguna forma esto compensa la falta de cobertura de los canales nacionales y el poco acceso que tienen a los medios de comunicación masivos.

«Hoy en las comunidades más lejanas, aunque las familias sean las más pobres, tienen un celular digital y están viendo las noticias. En ese aspecto seguimos ganando, porque vea las redes, el tema sigue dando vueltas», señaló.

Mientras más información llega, incrementa la molestia entre sus simpatizantes. De acuerdo con Pérez, al MLP le preocupa el rumbo que pueda tener la indignación de las personas simpatizantes del partido frente a los intentos de dejarlos fuera.

«Nosotros tenemos organización en los 22 departamentos y la gente está indignada. La gente está manifestando que quiere salir a las calles, como un derecho que tiene de venir a reclamar», dijo.

La primera señal de esa fuerza se vio en la manifestación del MLP frente al Tribunal. Durante más de cinco horas los simpatizantes rodearon la cuadra entera que rodea a la institución, obligaron a los trabajadores a evacuar y paralizaron el tráfico de la zona.

«La preocupación de nosotros que es que esto se puede salir de control», advirtió.

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