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¿Militarizar como política pública?

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Tipo de Nota: 
Opinión
17 10 13

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Ayer, el presidente Pérez Molina hizo pública su decisión de intervenir las aduanas del país, a petición del Ministro de Finanzas, Pavel Centeno, quien solicitó la medida, aduciendo la baja en la recaudación del IVA.

La medida se da unas semanas después de que una banda de crimen organizado, que operaba al interior de la SAT, fuera desarticulada, en un operativo del Ministerio Público en las oficinas centrales de la autoridad tributaria en Ciudad de Guatemala. Centeno solicitó además la contratación de una empresa para gestionar el tema del control de automotores.

El modelo de la intervención tiene características bastante sui generis: el titular de la cartera intervenida está a cargo de la intervención. La medida tiene un carácter indefinido, y las cinco aduanas de mayor importancia del país se someten a un control militar todavía no especificado, que podría implementar controles cruzados dentro y fuera de los recintos aduaneros, y que además ejercería una vigilancia sobre el cumplimiento de los procedimientos tributarios.

A primera vista, el modelo plantea algunas contradicciones: al decidir intervenir se está cuestionando la calidad del desempeño de los funcionarios a cargo, que no han sido capaces de hacer cumplir la ley, y lo normal sería su remoción. Parece extraño poner a estos mismos funcionarios a la cabeza de esta operación, para que se intervengan a sí mismos, con resultados previsibles. Seguramente no pocos abogados se estarán preguntando y respondiendo si es legal ser Superintendente e interventor al mismo tiempo.

Adicionalmente, el no definir un marco temporal para la intervención podría resultar en la creación de una institucionalidad paralela, que vendría a echar por la borda los esfuerzos de varias administraciones para el fortalecimiento de la SAT, que debería entenderse como una precondición para el anunciado inicio de la Container Security Initiative, en enero de 2015.

Por aparte, la idea de militarizar las aduanas no es novedosa. Las aduanas del Ecuador estuvieron intervenidas por las Fuerzas Armadas de ese país entre 1998 y 1999. El sector privado ecuatoriano guarda una mezcla de buenos y malos recuerdos de esa intervención, tanto por el orden que se impuso sobre el caos  herencia de la era Bucaram, como por los excesivos controles. Más recientemente, Gabriel Quadri, candidato presidencial en las últimas elecciones en México incluyó el tema como parte de su plan de gobierno.  Sin embargo, el control de aduanas es en sí, una función especializada que se encarga, en la mayoría de países, a una sección de la Policía, que une las funciones de combate al contrabando y al fraude fiscal.

Tampoco es nuevo el modelo de política pública en el que se decide la intervención: Cuando algo parece salirse de control, el Ejecutivo decide echar mano del Ejército. Así se han conformado las Fuerzas de Tarea, apuesta principal de este gobierno en materia de seguridad, y que por cierto, no han servido para evitar el repunte de las tasas de homicidios y el crecimiento exponencial de las extorsiones. Ahora son las aduanas. Más adelante, y en pleno contexto electoral del tercer año de mandato, ya veremos. Lo cierto, es que al asumir funciones de esta naturaleza, el Ejército de Guatemala está transformándose, paulatinamente, en una Guardia Nacional.

La justificación de la militarización está centrada en el concepto que en lo castrense las cosas se manejan con mayor eficiencia y probidad que en el ámbito de los civiles, dados los valores de disciplina y planificación que subyacen a la formación militar. Esto puede resultar una verdad a medias, sobre todo cuando se trata de funciones especializadas como el ámbito tributario del comercio exterior y el control aduanero, que no forman parte del currículo de estudios de ninguna escuela de oficiales,  y que pueden tener un impacto sobre importadores y exportadores por igual.  Además, la historia reciente tiene como una experiencia no exitosa,  y una lección no aprendida, a la Red Moreno.

Tal vez el mensaje más peligroso que envía la intervención es que se deja en claro que el marco legal, y los recursos de los que se dispone para hacerlo cumplir, no son suficientes.  

Parece extraño poner a estos mismos funcionarios a la cabeza de esta operación, para que se intervengan a sí mismos, con resultados previsibles. Seguramente no pocos abogados se estarán preguntando y respondiendo si es legal ser Superintendente e interventor al mismo tiempo.
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