Es ya un escándalo la información que está surgiendo en cuanto a que el presidente Jimmy Morales fue quien decidió excluir de su comitiva a Thelma Aldana. La animadversión y el resentimiento de Jimmy Morales contra la fiscal general e Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), son ya tan evidentes como vergonzosos.
No solo por la investigación y la acusación del Ministerio Público (MP) y la Cicig en contra del hermano y uno de los hijos del presidente en actos de corrupción (algo que, según Morales, es «normal»), sino también por varios desencuentros y fricciones. Quizá uno de los más penosos fue la controversia en cuanto a qué entidad internacional debía investigar el crimen de las jovencitas que perdieron la vida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, ya que Morales había propuesto al estadounidense Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), mientras que Aldana se inclinó por la Cicig.
Así que, en una acción que demuestra una descomunal inmadurez y torpeza política, Morales parece haber decidido evitarse la molestia de incluir a Aldana en la comitiva oficial. Esto, pese a que uno de los temas a tratar era el de la seguridad, en el que es más que elemental la importancia del rol del MP. ¿Qué efectividad pueden tener las fuerzas de seguridad coordinadas por el ministro de Gobernación, que sí integró la comitiva, si este no puede coordinar con el MP las acciones contra el crimen?
La semana pasada critiqué en este espacio que a esta reunión asistieron solamente los gobiernos y las cúpulas empresariales para discutir sobre la prosperidad de la región, como una forma para atacar las causas estructurales de la migración irregular. Pero ¿quiénes saben más de por qué las guatemaltecas y los guatemaltecos se ven obligados a migrar: los empresarios y los funcionarios de gobierno o los mismos migrantes?
Los empresarios llegaron más preocupados por hacer negocios que por las en extremo complejas causas económicas y sociales de la migración irregular. Sin embargo, no les tocaba a ellos preocuparse porque los migrantes y las organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el tema tuvieran un espacio y una voz en la cumbre. Por su mandato constitucional y su naturaleza, era harta obligación del Gobierno, si es que alguna aspiración de legitimidad le queda. Así pues, ¿qué efectividad podrán tener las acciones acordadas en esa cumbre si el Gobierno decidió también excluir a los migrantes y a la sociedad civil y no hizo absolutamente nada por procurar su participación, por demás legítima?
Por desgracia, entonces, esta cumbre está condenada a ser otra de muchas tantas cumbres y reuniones de alto nivel, una pantomima más con loables y nobles objetivos y títulos rimbombantes como seguridad y prosperidad, pero que solo atiende a los que buscan más dinero y poder. Con un gobierno que excluye a la fiscal general, no hay por dónde pueda resultar seguridad. Y si además excluye a los migrantes, quienes debieron haber sido los más importantes de la reunión, tampoco hay por dónde pueda resultar prosperidad.
Y por si no fuera ya suficientemente indignante y vergonzoso, ha tenido que ser la misma embajada de Estados Unidos la que desmintiera a la Presidencia de Guatemala aclarando que no fue aquella la que excluyó a quienes debieron haber estado. O sea, un presidente que ni siquiera tiene el valor ni la madurez para enfrentar las consecuencias de sus actos.
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