Mi apoyo y mi solidaridad para la jueza Erika Aifán

No se trata de defender ciegamente a un personaje idealizado. Como todos, Erika Aifán es humana, y sé de personas ligadas a procesos que ella está juzgando que alegan errores. Sin embargo, estas personas se están defendiendo de estos supuestos errores dentro del proceso judicial, presentando medios de prueba legítimos y de conformidad con la ley. Y aun estas personas que le imputan errores a Aifán reconocen la honestidad de la jueza.

Lo que es inaceptable es que esta sea el blanco de una conspiración fraguada por poderes fácticos y por el denominado pacto de corruptos. Una conspiración que está siendo operada desde el mismo Ministerio Público de Consuelo Porras; el poder ejecutivo de Alejandro Giammattei; la Corte de Constitucionalidad de Leila Lemus, Roberto Molina Barreto y compañía; la Corte Suprema de Justicia de Patricia Valdés y compañía, y la alianza oficialista en el Congreso de la República, liderada por Allan Rodríguez.

Cada vez es más claro que el primer objetivo de esta conspiración fue Francisco Sandoval por su función como fiscal especial contra la impunidad. Una vez destituido Sandoval y forzado a exiliarse, el segundo objetivo es la jueza Aifán. Se trata de una agenda descarada para destruir lo poco que ha avanzado la administración de justicia en Guatemala, retornar al imperio de la impunidad y volver a asegurar esta como el negocio más rentable: el comercio de la posibilidad de cometer un delito o de violar una ley y no ser castigado según lo establece la legislación vigente.

Los ataques en contra de Aifán se concentran principalmente en el abuso de mecanismos legales como las solicitudes para retirarle el antejuicio presentadas por personajes de la calaña del delincuente prófugo Mynor Moto o del abogado Otto Gómez, las cuales hasta el momento no han prosperado. Sin embargo, el abuso de estos mecanismos legales no son las únicas formas de ataque que está sufriendo la jueza.

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Los ataques ilegales e ilegítimos incluyen la asignación insuficiente de recursos humanos y materiales. Asimismo, además de la insuficiencia, ella ha enfrentado conflictos, ya que se le ha asignado personal que ha realizado acciones indebidas como filtrar información, extraviar documentos, ausentarse sin excusa y retrasar la gestión de expedientes. Las autoridades administrativas del Organismo Judicial no responden con efectividad o celeridad a sus peticiones de corregir la situación. Y la jueza Aifán también ha sufrido actos intimidatorios, como mensajes con amenazas, vigilancia y seguimientos por parte de automóviles sin placas y personas desconocidas.

Respeto a las personas que están siendo juzgadas y que se defienden legal y legítimamente, siguiendo los procedimientos establecidos en la ley. Los ataques y el acoso a la jueza Aifán no tienen nada que ver con ese derecho legítimo de defensa. Son crímenes y delitos que el Ministerio Público debería investigar y perseguir, lo cual, bajo el mando de Consuelo Porras, dicha instancia claramente no está haciendo.

Debemos entender que estos ataques son en contra no solo de la persona de Erika Aifán, sino también de lo que el trabajo de ella hasta ahora representa. Además de atentar contra su persona, están atacando elementos importantísimos de una democracia, como la independencia judicial y la protección de la actuación honesta y proba en la judicatura.

Por ello, en defensa de su integridad física, y también de la independencia y de la probidad judicial, expreso mi apoyo y mi solidaridad para la jueza Erika Aifán.

¡Adelante, jueza! ¡Somos muchos, y cada vez más dentro y fuera de Guatemala, quienes la apoyamos!