Por un lado, se presentó una estrategia de prevención del delito, encaminada a disminuir la incidencia en delitos de alto impacto, como homicidios y secuestros. Por otro lado, se emitieron nuevos lineamientos de comunicación social, que más allá de atender las causas de la violencia, parecieron como una estrategia para esconder las cifras reales con preocupación habían resonado constantemente.
La semana pasada el Secretario de Gobernación presentó un balance sobre la situación de la seguridad[1] en los primeros meses de la actual administración federal, anunciando una disminución superior al 17% en los homicidios dolosos. No obstante, la metodología utilizada ha sido criticada pues parece haber registrado de manera subjetiva los homicidios que son contabilizados.
Por otro lado, se ha hablado desde el Gobierno Federal de cambios significativos en materia de seguridad pública. A las pocas semanas de la toma de posesión, el Ejecutivo Federal impulsó reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, con las que se desapareció la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y se creó la Comisión Nacional de Seguridad que depende directamente de la Secretaría de Gobernación. Asimismo, se ha anunciado la creación de la Gendarmería Nacional, un cuerpo nuevo de seguridad que buscaría conformarse como una policía de proximidad.
Durante las últimas semanas de abril estará en nuestro país el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, quien recorrerá distintos estados de la República para analizar la situación que prevalece en México en relación al derecho a la vida. Será fundamental que el Relator Especial haga un balance de los saldos que ha dejado la estrategia de seguridad pública y permita plantear al Gobierno alternativas que incorporen a las políticas de seguridad una perspectiva de derechos humanos.
Hasta ahora, los cambios y propuestas que se han hecho en materia de seguridad continúan lejos de incorporar una perspectiva de derechos humanos. Resulta de gran preocupación que los cambios propuestos desde el Ejecutivo Federal busquen la institucionalización de una estrategia de seguridad pública militarizada que perpetúe la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles del país. Durante los últimos años, según información oficial, se han desplegado cerca de 96.000 elementos de las Fuerzas Armadas para realizar labores de seguridad pública, entre ellas detenciones, patrullajes, inspecciones y cateos. Asimismo, elementos militares han sido nombrados encargados de las instancias civiles de seguridad pública en 14 estados, y en al menos 25 estados se cuentan policías municipales con mandos militares.
La militarización de la seguridad pública ha tenido como consecuencia un deterioro alarmante en materia de derechos humanos, aumentando los casos de ejecuciones extrajudiciales, tortura y desapariciones forzadas. A la fecha, se estima que más de 80.000 personas han sido asesinadas en hechos relacionados con la guerra contra las drogas, más de 25.000 personas permanecen desaparecidas y se ha registrado un aumento superior al 500% en los casos de tortura.
La utilización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública ha permitido hacer uso de la fuerza letal de forma indiscriminada, privando con ello de la vida a personas no armadas en acciones en contra de la delincuencia organizada. Es precisamente este uso de la fuerza ilegal que el Relator Especial analizará y sobre lo cual emitirá sus recomendaciones. El aumento exponencial en la tasa nacional de homicidios registrada desde que dio inicio la encrucijada contra la delincuencia organizada ha roto con la tendencia de casi veinte años en los que ese indicador había disminuido sistemáticamente cada año hasta un mínimo histórico de alrededor de 8 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2007, elevándose a 24 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2011.
Sin embargo, las autoridades han justificado el uso excesivo de la fuerza como necesario para combatir el crimen organizado, a pesar de que ello haya provocado la muerte de miles de personas inocentes. Y más aún, se ha privilegiado desde las más altas esferas de poder la impunidad, impidiendo la reforma a la jurisdicción militar y la sanción de los responsables. Más aún, autoridades de los distintos niveles de gobierno han buscado ignorar y esconder este tipo de crímenes, incluso atreviéndose a llamarles “daños colaterales”, alterando las escenas del crimen e incriminando sin prueba alguna tanto a las víctimas como a sus familiares que buscan esclarecer los hechos y redignificar su memoria.
Tal parece que la Gendarmería Nacional buscaría perpetuar la presencia militar como parte de los cuerpos de seguridad pública. Si bien no se ha brindado información suficiente al respecto, se ha dicho que estará conformada en un inicio por más de 10.000 elementos del Ejército y la Marina. Asimismo, ha sido señalado que será el Ejército quien capacitará a la nueva corporación, precisando que se irán reclutando nuevos elementos para incrementar el número de elementos castrenses que serán también coadyuvantes en operaciones de alto impacto en contra de los cárteles de la droga.
La estrategia de combate a la delincuencia organizada en México emprendida desde 2006 ha privilegiado un enfoque bélico basado en las premisas de la seguridad nacional por encima de los principios de seguridad ciudadana, dejando un saldo de dolor y sufrimiento entre la población. Se debe, por ello, dar un nuevo rumbo a las políticas de seguridad que incorporen estándares internacionales y respeten de forma irrestricta los derechos humanos.
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(*) Daniel Joloy es Licenciado en relaciones Internacionales y Maestro en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana. Actualmente desempeña como Director del Área Internacional de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).
Publicado en Asuntos del Sur, 30 de abril
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