Se trata de las y los 468 periodistas de quienes hay registro y a quienes la acción contrainsurgente del Estado guatemalteco reprimió con mecanismos ilegales como la detención ilegal, la tortura, la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial.
Casi quinientos hombres y mujeres, que reporteaban, locutaban, presentaban noticias, hacían periodismo gráfico o dirigían medios nacionales o locales, cuya labor informativa o de opinión resultó incómoda, al grado de necesitar aniquilarla, para quienes ejercían el poder antes de la firma de los Acuerdos de Paz.
Nombres como Mario Monterroso Armas, Humberto González Juárez, Mario Solórzano Foppa, Irma Flaquer, Luis Díaz Pérez, Enrique Soĺórzano, Werner Trejo, Julio Pensamiento, Leonel Mujía, José León Castañeda, Marco Antonio Cacao, Didier Martell, Sonia Calderón, Belte Villatoro, Manuel de Jesús Marroquín, Luis Alberto Romero (Timoteo Curruchiche), Víctor Hugo Pensamiento, Gaspar Culam Yatz, Alaide Foppa, Óscar Palencia, Abner Recinos, Guillermo -Willy- Oliva, Carmen Jax Yax, son tan solo algunos de los cientos de nombres que engrosan las filas de víctimas del terror del Estado.
La acción criminal en contra de estos periodistas tuvo como detonante el que ellos y ellas defendían, en medio del más atroz de los terrores, el derecho de la sociedad a estar informada y el derecho de las personas a expresar con libertad su pensamiento. Un derecho y una libertad que hoy están plasmadas con claridad en la Constitución de la República y que se cuida colectivamente como un patrimonio de la democracia. Libertad de información y libertad de prensa y opinión, son factores esenciales en toda democracia y su reconocimiento por el Estado, no solo se da en el marco de la ley sino como garantía a proteger.
Esta conquista, como se ve en la nómina de víctimas del terror, no ha sido gratuita. Está, como el conjunto de libertades y garantías que hoy debe asegurar el Estado, construida sobre la historia de lucha y tenaz esfuerzo de quienes la defendieron por décadas, contra el acero del sable y del fusil.
De manera que la afirmación contenida en un cartel que portaban manifestantes vinculados a militares procesados por genocidio, es tan solo una más de las falacias que integran la campaña por la impunidad. Dicha campaña ha sido diseñada como una operación militar para inducir al pensamiento favorable a quienes violaron la ley –su propia ley contrainsurgente– y ahora buscan salir indemnes. Por ello, han insistido en sus actividades públicas, especialmente en la marcha del día 13, en que cada libertad que ahora se ejerce y que está contenida en las leyes nacionales, es resultado de la acción militar contrainsurgente.
Acción que incluyó la persecución tenaz contra periodistas que fueron ejecutados, detenidos desaparecidos, torturados o forzados al exilio. Medios de prensa que sufrieron persecución, hostigamiento e incluso bombardeos que derivaron en el cierre de muchos espacios informativos.
De allí que, afirmar que la libertad de prensa que hoy se ejerce es producto de la acción militar, es tan perverso como la negación del genocidio.
Esta sociedad no puede seguir tolerando pasivamente la aniquilación de la memoria y la anulación de la verdad. Y no puede seguirlo tolerando porque significa conceder espacios a la impunidad y a la ocasión de que estos crímenes, hoy parte de la historia, se repitan pues sus perpetradores siguen sin rendir cuentas por sus delitos.
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