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Menamig pide atención de 360 grados para el migrante

La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, convenció a Guatemala de dar luz verde para que su país tuviera acceso al registro oficial de todas las personas que salen de nuestro país, y ¿qué gana Guatemala a cambio? Ahí cabía el TPS, pero no se planteó como condición.
Pareciera que sólo importaran los migrantes que están allá, y no las razones por las cuales la gente que está en Guatemala decide emigrar.
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Menamig pide atención de 360 grados para el migrante

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La Mesa Nacional de Migraciones (Menamig) reúne a al menos 14 organizaciones que trabajan coordinadamente en la defensa de los derechos del migrante. Uno de los objetivos de Menamig es contribuir a que el Estado provea asistencia completa al migrante deportado y mejore las condiciones de vida precarias que empujan a miles de guatemaltecos a salir del país. Elisabel Enríquez, coordinadora ejecutiva de Menamig, explica que la tarea no ha sido fácil, ni con el Ejecutivo, ni con el Congreso.

Menamig trabaja de manera alidada con el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y la Red Contra la Pornografía y Prostitución Infantil y el Tráfico Sexual de Menores de Edad (Ecpat), entre otros, en el Grupo Articulador también participán el Instituto Centroamericano de Estudios Sociales y Desarrollo (Incedes), la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), y la Red Contra la Pornografía y Prostitución Infantil y el Tráfico Sexual de Menores de Edad (Ecpat), entre otros.

¿Cuáles eran las principales expectativas de Menamig para cuando finalizara el gobierno de Álvaro Colom?

Haber logrado el voto en el exterior y tener una política migratoria pública, pero no se consiguió.

¿Existe algún cambio, en este sentido, en lo que va del actual gobierno de Otto Pérez Molina?

Hemos tenido un acercamiento con los funcionarios, por ejemplo, en el Ministerio Público (MP), la Comisión del Migrante del Congreso, la Dirección General de Migración (DGM), y ha habido apertura en ese sentido, aunque hasta ahora (23 de mayo) no hemos conseguido reunirnos con el Canciller (Harold Caballeros)—aunque sí hemos hablado con la Viceministra de Atención al Migrante (Rita Claverie). Tampoco hemos conseguido una reunión privada con Migración (la DGM, cuyo director es el ex diputado del Partido Patriota, Fredy Viana), que en dos ocasiones, a sólo horas de reunirnos, ha aplazado la cita.

Sin embargo, la DGM ha participado en una mesa técnica también conformada por la Comisión del Migrante del Congreso, la Cancillería, los ministerios de Finanzas, Trabajo, y Gobernación, y la Secretaría General de Planificación, entre otras entidades. Esperamos algunos resultados para octubre o noviembre.

¿Cree que se hizo suficiente para pedirle a Estados Unidos que les conceda el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los migrantes guatemaltecos indocumentados que viven en ese país?

Lo que sucede es que las condiciones actuales ya no responden a la situación por la cual se solicitó el TPS. Ya no es el momento. Esta es la tercera petición que se hace desde que el presidente Álvaro Arzú no quiso pedir el TPS para los guatemaltecos, por los efectos de la tormenta Mitch en el país (en noviembre de 1998). La primera fue después de la tormenta Stan, en octubre de 2005. La segunda fue para después de la tormenta Agatha, en mayo y junio de 2010. La situación (en Guatemala) ya no es la misma que se planteó en las peticiones que siguieron a estos desastres naturales. Además, el TPS ya no va porque tampoco es el momento político. Puede ser un arma de doble filo para el presidente Barack Obama (EE.UU.), por las elecciones este año en ese país. La coyuntura es complicada.

¿Influyeron otros factores para que la petición de Guatemala fuera débil?

Hay que reconocer que, (a finales de 1998, cuando se padecían los efectos de la tormenta Mitch), las organizaciones de migrantes guatemaltecos en Estados Unidos eran incipientes, y no tenían mayor fuerza. Hubo igual falta de incidencia de las organizaciones en el país hacia el presidente, (Álvaro Arzú).

En el caso de El Salvador, la petición era nueva. Honduras y Nicaragua pedían una extensión, y sus comunidades de migrantes estaban mejor organizadas en Estados Unidos.  Luego, a la petición de Guatemala de 2010 le faltó fuerza al cabildeo, así como acompañamiento de las organizaciones en el exterior y aquí (en Guatemala). En el gobierno anterior, al Canciller (Haroldo Rodas) y al Presidente (Álvaro Colom) les faltó mucho. Además, este año, la propuesta de la despenalización de las drogas también afectó la petición del TPS. Esa propuesta tampoco se planteó en un momento políticamente correcto.

¿Había oportunidad de negociar mejor?

Hubo otras cosas que se dieron. Por ejemplo, la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Janet Napolitano, convenció a Guatemala de dar luz verde para que su país tuviera acceso al registro oficial de todas las personas que salen de nuestro país (por los puertos de salida oficiales), y ¿qué gana Guatemala a cambio? Ahí cabía el TPS, pero no se planteó como condición.

Entonces, ¿qué queda por hacer?

Hay varias propuestas de la Reforma Migratoria en Estados Unidos, pero encuentran dificultades porque [los detractores] de las propuestas creen que no le convienen a su país con los cerca de 11 millones de migrantes indocumentados que tiene y que, de ser beneficiados, podrían reclamar a los familiares que tienen en su país de origen. También está el Dream Act, con una disposición del año pasado que permite una revisión de caso por caso, pero que no saca del limbo al migrante detenido. Frena su deportación, pero no lo habilita para trabajar. Es necesario estudiar cuál propuesta es la más adecuada antes de cabildear.

Según un estudio de diversas organizaciones pro-migrantes, durante la campaña electoral de 2011, ningún candidato guatemalteco incorporó en sus planes de gobierno planes específicos para ayudar a los migrantes.  ¿Son muchos deportados que tratan de volver a Estados Unidos porque las condiciones de vida en sus comunidades no mejoran a pesar de los cambios de gobierno?

La mayoría de los migrantes con quienes hablamos en la Fuerza Aérea (por donde ingresan al país los deportados desde EE.UU.) dice que se fue porque no encontraba empleo, y tenía muchas deudas. Cuando vuelve, las condiciones continúan, entonces vuelve a irse. En 2011, se les entregó a los candidatos propuestas para incorporar en sus planes de gobierno la ayuda a los migrantes, pero quienes lo hicieron, sólo hablaron de los deportados y las remesas, como si el tema se redujera a eso.

¿No hubo eco a sus propuestas?

Pareciera que sólo importaran los migrantes que están allá, y no las razones por las cuales la gente que está en Guatemala decide emigrar. El caso de las deportaciones desde Postville (Iowa), [en 2008], es paradigmático por el número de personas deportadas de (San José) Calderas y Rosario, (aldeas de San Andrés Itzapa, Chimaltenango). Estas son comunidades que viven de las remesas. Cuando ocurrieron las deportaciones, sus ingresos se cortaron de tajo. El efecto es grave (). En Jones, Zacapa, por ejemplo, casi sólo hay mujeres, porque los [hombres] jóvenes al cumplir 16 años se van. En Estados Unidos, hay comunidades enteras de guatemaltecos originarios de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y del departamento de Guatemala.

¿Proponen atender a las comunidades que más dependen de las remesas?

Ya gestionamos una reunión con el Ministerio de Desarrollo Social, para solicitar que considere el factor de la migración, los motivos que la impulsan, y la dependencia en las remesas como el único factor que estimula la economía de una comunidad. Hay unos 1.7 millones de guatemaltecos en Estados Unidos (se estima que 1.5 millones son indocumentados). El censo, que el INE (Instituto Nacional de Estadística) tenía programado para 2012 y se aplazó para 2013, permitirá saber cuáles comunidades son el principal origen de migrantes, cuántas personas salieron de cada  una y en dónde están, para atender mejor a las familias que están en Guatemala, particularmente a quienes piensan en irse.

En el caso de los deportados, ¿cuán completa o deficiente es la atención que el Estado les ofrece?

Queremos que Conamigua (Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala, que coordina la ayuda interinstitucional del gobierno para los migrantes) desempeñe otras tareas para apoyar más fuertemente el registro de las denuncias sobre los abusos contra los migrantes, y que les pueda asistir mejor a su retorno.

Pero por ahora, ¿Conamigua está en un impase?

En la situación en que está ahora, no puede ejecutar nada. La elección de la Junta Directiva de la comisión está retrasada desde noviembre. El presidente del Congreso (Gudy Rivera) dice que la elección de candidatos no fue del todo transparente y pide que se repita, pero hay desacuerdo con eso.

¿Qué sucede con los migrantes mientras tanto?

Los deportados (por vía aérea) desde Estados Unidos reciben alguna asistencia del Estado, pero los deportados desde México (por tierra, hasta la frontera), no. No hay ni un salón donde puedan sentarse cuando entran a Guatemala.  La ayuda no sólo debe consistir en una charla motivacional, sino también en hacerles saber que tienen derechos. En una visita que hicimos a México, un periodista nos reclamó que por qué los guatemaltecos indocumentados reclamaban sus derechos en su paso por ese país. Entonces, le dijimos que por las mismas razones que los migrantes mexicanos exigían el respeto a sus derechos humanos en Estados Unidos.

¿Qué aspectos harían una gran diferencia para el migrante?

La portación de documentos de identificación. Cuando aumentó la emigración, hace varios años, los coyotes (traficantes) les recomendaban o advertían a los migrantes que no llevaran documentos de identificación para que pudieran decir que eran de México [si los sorprendían en EE.UU.], y no los deportaran hasta Guatemala. Pero ahora por la situación delicada en México, el migrante corre más peligro sin un documento de identificación, y es más vulnerable.

Además del acercamiento con las autoridades, ¿han recibido alguna otra ayuda del Ejecutivo?

La viceministra para asuntos migratorios propuso crear un Instituto de Atención al Migrante, pero nosotros hemos recomendado mejor fortalecer las instituciones que ya existen en lugar de crear una nueva.

¿Qué esperan haber logrado para 2013?

Para junio esperamos haber agotado la validación sobre nueva legislación (que incluye cambios a la ley de Conamigua); en julio, esperaríamos que el Congreso la discutiera, y que la aprobara en agosto. En septiembre, quisiéramos operar lo que manda la ley, y en octubre esperamos tener los primeros resultados. También quisiéramos involucrar a más organizaciones en Estados Unidos que puedan asesorar legalmente a los migrantes indocumentados con orden de deportación. En algunos casos, con la asesoría consiguen llevar su caso ante un juez y detener el proceso, o conseguir un plazo para el estudio de su caso.

Es decir, ¿esperan mejores resultados que en el último año?

Es un poco arriesgado decir eso, porque sí se logró algo en 2011. Lo que queremos ahora es tener mayor incidencia política y social, y conseguir el compromiso de las autoridades de atender los cuatro componentes de la migración: el origen, tránsito, destino y retorno.

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