Una campaña de vallas publicitarias gigantes de gente quitándose una venda para tomar conciencia de la enorme tragedia y vergüenza nacional que es la desnutrición crónica infantil está bien y es necesaria. Pero está demasiado lejos de ser suficiente.
Hoy el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) presentó su análisis del proyecto de presupuesto para 2020, un esfuerzo que va más allá de la danza de los millones porque analiza los resultados e impactos en la gente con la convicción de que la economía no es una ciencia exacta, en la cual detrás de cada cifra hay personas que sufren o gozan. Me parece que conocer estos análisis es una forma de involucrarse y tomarse muy en serio el esfuerzo de resolver tragedias vergonzosas como la desnutrición crónica infantil.
Para hacer este análisis es preciso estudiar los productos y metas propuestos en el proyecto de presupuesto para 2020, tomando en cuenta que dentro de los resultados estratégicos definidos por el Gobierno figura la reducción de la desnutrición crónica. Al comparar los productos y metas incluidos en dicho proyecto de presupuesto con los del presupuesto vigente de 2019, el Icefi encuentra inaceptables reducciones en algunas de las metas para los programas importantes para reducir la desnutrición crónica infantil. Como meta para 2020, el gobierno de Jimmy Morales propuso disminuir en 40,623 las raciones de alimentos para familias vulnerables recortando en 41 millones de quetzales el presupuesto para ese programa, a cargo del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA). Asimismo, como metas para 2020 propuso dejar de beneficiar a 8,601 agricultores con mejoras en sistemas productivos y a 75,667 productores rurales con encadenamientos.
[frasepzp1]
En contraste casi criminal, el gobierno de Jimmy Morales propuso destinar 75 millones de quetzales dentro del presupuesto del MAGA a las siguientes seis ONG y a una cooperativa: Asociación de Desarrollo Integral Tz’utujil (ADIT), 10 millones; Asociación de Trabajadores del Vivero Campo Viejo (Atrav CV), 10 millones; Movimiento Autónomo de Renovación Ciudadana, 5 millones; Asociación de Desarrollo Integral Mayense de Palomora (ADIM), 10 millones; Asociación para el Fomento Socioeconómico de Poblaciones Vulnerables, 15 millones; Asociación de Extrabajadores de Digesa para el Desarrollo Sostenible Agrícola e Integral, 5 millones, y Cooperativa Integral de Producción Feria, Responsabilidad Limitada, 20 millones. ¿Por qué beneficiar a estas entidades, y no a otras? ¿Cuál es el historial, la experiencia o la especialidad de estas? ¿Cuál es el fundamento técnico financiero y el análisis de resultados que sustenta estos montos millonarios? ¿Quiénes conforman sus directivas? ¿Tienen vínculos con diputados?
Los aportes directos a entidades como estas constituyen una práctica bien conocida que favorece los abusos, el tráfico de influencias y la corrupción. Pero además dicha práctica roba recursos escasos a destinos realmente necesarios como la lucha contra la desnutrición crónica infantil. ¡Por un lado se recortan 41 millones de quetzales para el programa de alimentos para familias vulnerables y por otro se les regalan 75 millones a entidades sospechosas! Esto, sin contar los 200 millones para que el Ministerio de la Defensa Nacional vuelva a insistir en la compra de los aviones militares argentinos.
Las vallas con gente quitándose la venda están bien como un inicio, pero la lucha contra la desnutrición infantil es una batalla seria y desagradable. La lucha es lograr que en el Congreso se corrija el presupuesto para 2020 de tal modo que se les quiten recursos a los corruptos y se les devuelvan a los programas contra la desnutrición crónica.
¿Cuántos de los que se han sensibilizado por las vallas están listos y preparados para la batalla?
Más de este autor