Mañosos, y encima llorones

Aunque en la práctica, el paquete de innovaciones terminará pesando sobre la clase media alta y profesional y dejando sin muchos cambios a los de mayores ingresos, sorprendió en el momento que el sector empresarial -entiéndase de forma específica el CACIF- le diera su apoyo.

Poco duró la novedad. Un año después, cuando realmente cuenta por entrar los nuevos impuestos en vigencia, se han apresurado los cacifes a estorbar su operación por todos los medios al alcance. Primero forzaron -con la connivencia del Ejecutivo- una espuria “mesa técnica” para introducir más de una veintena de modificaciones, a puerta cerrada y de espaldas a la ciudadanía. ¿Cómo decir que éste no es un país de privilegios, cuando unos pocos se sientan con el Ejecutivo y los demás no podemos ni siquiera expresar el disenso?

Encima, y sin siquiera resolver los asuntos de esa mesa técnica, impugnan las nuevas normas ante la Corte de Constitucionalidad con el argumento de que causarán “daño económico, desempleo y más pobreza”. Ellos siempre tan atentos a las necesidades de los demás.

La semana pasada nos trajo el más reciente episodio de esta sórdida novela, cuando el Ejecutivo decidió no aceptar algunas de las modificaciones propuestas en la mesa técnica. Más tardaría en hacerse esto público que el presidente del CACIF en reclamar que el gobierno se estaba echando atrás en lo ya pactado. Vaya, con gran dedicación los patos tiran a las escopetas. O sea que el Ejecutivo está para cumplir a pie juntillas y entero todo lo que ellos le indiquen.

Para rematar, en un reciente foro el presidente de la Cámara de Comercio apostilló que no es que no se quiera cumplir, “es que no se puede”, pues los nuevos impuestos obligarían a muchas empresas a cerrar o hacerse informales (léase, evadir los impuestos). Ello dicho el mismo día que en los medios se publicó que las exportaciones en enero 2013 crecieron 17% con respecto a las de enero 2012, aún con la caída en el café. El mismo día que se publicó que las importaciones de insumos agrícolas crecieron 33%. Juzgue usted las dos opciones: tenemos entre manos una patronal tan ineficiente que no puede sobrevivir sin depauperar al Estado, o tan voraz que ni siquiera en medio de la bonanza puede dar algo al bien común.

Queda reconocido que los costos de las empresas por gastos de seguridad han crecido mucho, y que las propias reformas presentan debilidades en su administración. Pero la violencia es un fruto más de una élite empresarial que nunca ha querido invertir en un Estado capaz siquiera de dar garantías mínimas de seguridad. El costo de la seguridad privada y la necesidad de mejorar el gasto no son excusas para, una vez más, atentar contra la capacidad del Estado por vía de los ingresos, aún viendo a los hospitales desabastecidos, la infraestructura cayendo en trozos y la policía persistentemente débil.

Quizá lo único rescatable en todo esto sea la pérdida de credibilidad que está cultivando afanosamente la cúpula empresarial. Tirios y troyanos por igual comienzan a reconocer en público que aquí deben prevalecer la Constitución y el interés general, no los estrechos deseos de un grupo al que el bien de los demás le sobra.