De tal suerte, a la fecha, el Congreso acumula casi 100 días de desobediencia contumaz a la resolución del tribunal constitucional. La sentencia de la CC establece, además, que, para la elección de las altas cortes, el Parlamento debe excluir de las candidaturas a quienes hayan establecido o tenido contacto con el operador Gustavo Alejos, procesado por delitos relativos a la corrupción y al manejo perverso del proceso para designar autoridades judiciales.
La resolución de la CC toma como base los requerimientos de la ley para ocupar una magistratura, entre los cuales destaca el criterio de idoneidad y honorabilidad comprobada: criterio que las ya corrompidas comisiones de postulación han desnaturalizado al esgrimir pérfidamente el principio de presunción de inocencia como argumento para no descartar a quienes acumulan acciones profesionales o laborales que atentan contra la ley.
Contradictoriamente, la jefa del MP requirió el viernes 7 que se iniciara el proceso de antejuicio en contra de los miembros de la Comisión Permanente del Congreso y de 92 congresistas más. De igual forma requirió proceso contra 13 magistrados suplentes de la CSJ e incluyó en el pedido la solicitud en contra de 6 magistrados (4 titulares y 2 suplentes) de la CC.
En la jugada de la señora Porras no es difícil entender la intención. Mientras el Congreso debe conocer los antejuicios contra los integrantes de la CSJ, esta es la que debe conocer los que involucran a diputados. En el contexto actual, y con el conocimiento que hay de la conducta de ambos organismos, Congreso y CSJ, proclives a la corrupción, queda claro que esto dará paso a un quid pro quo muy conveniente. En cambio, los magistrados de la CC quedan a merced de un ente cuya perversión tan solo es superada por la misma CSJ. Es decir, el tiro de la fiscal general es complacer al #PactoDeCorruptos, que busca desaforar a los magistrados de la CC que han resultado incómodos por su defensa del orden constitucional, es decir, por cumplir con su función.
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Algo que el Congreso, por el contrario, está lejos de cumplir. En decisiones amañadas antes del receso legislativo, el Parlamento aprobó un mecanismo de elección en cortes que significaría un retardo en el tiempo. Se busca traspasar los meses que restan del año y los iniciales del próximo para insertar en las magistraturas de la CC a personas que sean totalmente afines a la corrupción. A ello obedece la tardanza, que en la práctica, además de significar un retardo malicioso por la intención que procura, conlleva también la comisión de varios delitos. A la desobediencia a la orden judicial, el Congreso añade el incumplimiento de deberes, el abuso o la extralimitación en sus funciones e incluso asociación delictiva por tratarse de acciones concertadas.
En muy contadas ocasiones la llamada clase política de Guatemala ha estado a la altura de las circunstancias. Lamentablemente, esta no es una de ellas. El proceso de captura y corrupción gestado desde espacios que incluyen claramente a la élite empresarial ha desnaturalizado la función política en el país. Como nunca antes, ni siquiera en la época del aprendiz de dictador Jorge Serrano Elías, el Parlamento estuvo tan embarrado como ahora en manos del crimen organizado. Más que bancadas, los partidos políticos del #PactoDeCorruptos tienen bandas de delincuentes que amenazan a los pocos diputados que levantan con dignidad la figura parlamentaria.
Por ello no es casual que en varios departamentos avancen procesos de declaración de no gratos contra los diputados distritales. Eso y el escrache abierto y directo contra los corruptos es la acción que corresponde, señalar con nombre y apellido a los corruptos, a quienes retrasan perversamente la designación de las cortes y sirven al capital corrupto y corruptor. Guatemala merece más diputados dignos, y no esa clase política podrida aliada al pervertidor.
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