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Macías: “Vi que usaron lanzagranadas, y a tres personas con cortes en la cabeza”

Sabíamos desde hace varios años que en la zona se desarrollaban conflictos de tierras difíciles, pero el anuncio de la subasta del Banco Centroamericano de Integración Económica vino a complicar más el asunto.
Nunca se les ha legitimado o legalizado las tierras y por eso fueron desalojados y desocupados los mozos trabajadores y sus familias.
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Macías: “Vi que usaron lanzagranadas, y a tres personas con cortes en la cabeza”

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En las últimas semanas, la Fundación Guillermo Toriello (FGT) se ha encontrado tan cerca del ojo del huracán, tan en el centro de los reflectores, como quizá no había estado nunca, o por lo menos desde que nació hace casi quince años –una astilla de la URNG tras la firma de los Acuerdos de Paz–. El motivo, su participación en el conflicto del valle del Polochic que ha terminado con el desalojo de centenares de familias de las tierras del ingenio Guadalupe.

La FGT, junto a la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (CONIC) y el Comité de Unidad Campesina (CUC), ha sido uno de los grupos que con más vehemencia han dicho defender los intereses de los desalojados, y ha sido, por mucho, de los que más lejos han llevado las denuncias de violaciones de los derechos humanos. Jorge Macías, el coordinador de proyectos de la FGT en el Polochic y en la Sierra de las Minas, estuvo presente en los desalojos como uno de los promotores sociales de fundación. Había estado acompañando el proceso de diálogo entre la empresa Chabil Utzaj y los personas que ocuparon la finca.

¿Qué hace la FGT en el valle del Polochic?

—Hacemos un trabajo de acompañamiento a las comunidades de la Sierra de la Minas para ayudar en su desarrollo y así es como hemos entrado en comunicación con las comunidades que tienen conflictos por la tierra, que nos pidieron ayuda en el 2008. En ese momento no teníamos planificado ningún proyecto, pero decidimos ayudar en el conflicto. En los últimos meses, cuando se intensificó mucho más el conflicto, hemos estado ayudando y conocimos más a profundidad sus problemas. Hemos trabajado proyectos de desarrollo relacionados con la seguridad alimenticia.

¿Cómo se desarrollaron los desalojos?

—El día en que se llevaron a cabo teníamos previsto seguir en el proceso de diálogo, tener una reunión. La otra parte no llegó. En cambio, tuvimos la presencia del ejército y de la policía. Nosotros nos quedamos observando el proceso de los desalojos para asegurarnos de que no hubiera atropellos a los derechos y la integridad de las personas. Sin embargo, esto no se pudo evitar. Hubo un muerto y doce heridos más. Cuando llegaron los efectivos se es dijo a las personas que tenían una hora para sacar sus cosechas y sus pertenencias. Cuando estaba a punto de cumplirse el plazo, la policía se abalanzó sobre ellos y le dio permiso a los cuadrilleros para entrar a destruir y llevarse la cosecha de la gente. Cuando la gente había salido dejaron sus pertenencias en la orilla de la carretera y los cuadrilleros empezaron a agarrarlas, fue entonces cuando las personas entraron de nuevo para proteger sus pertenencias. En Agua Caliente, la gente comenzó a discutir de nuevo con la policía, y cuando estaban tratando de salir, la policía los persiguió hasta otras casas que estaban cerca, que colindan con las fincas. Ahí empezaron a tirar las bombas lacrimógenas. Yo pude ver a un niño de 3 o 4 años quemado por las bombas, y también llevé a una de las señoras de la casa vecina al hospital de La Tinta ya que tenía una herida grave en la pierna por la bomba lacrimógena. En Miralvalle pude ver cartuchos de escopetas vacíos. Vi que usaron lanzagranadas, y a tres personas con cortes en la cabeza, otros en los brazos y tórax.

¿Cómo murió Antonio B’eb’ Ac?

—Cuándo llegué a Miralvalle, un compañero de la Fundación me dijo que fuera a ver al herido. Me dijo que todavía estaba vivo. En ese momento tratamos de sacarlo pero no se pudo. La situación estaba muy tensa. Las personas sentían que la policía había sido la culpable y no se lo querían entregar a los mismos individuos que le habían hecho daño. Las personas pedían que llegara el Ministerio Público para que firmara un acta. Pero el Ministerio Público nunca se hacía presente. Por eso, el Ministerio Público es el responsable de la muerte de Antonio: por no haberse presentado en el momento necesario. Antonio tenía una fractura expuesta en el cráneo. Yo me acerqué a ver la herida. En ese momento vi que todavía respiraba, aunque lo más seguro es que ya tuviera muerte cerebral porque vi que tenía un hoyo en la cabeza y masa cerebral expuesta. Puede ser que una bala le haya rebotado de lado y le abriera el cráneo. Entre la confusión, lo tensa que era la situación no se puede afirmar nada completamente.

¿Cómo había sido el proceso de diálogo?

— Para la Fundación Guillermo Toriello es muy difícil actuar en estas circunstancias porque no es nuestra especialidad resolver estos conflictos. Somos sólo somos acompañantes. La situación era además muy compleja. Sabíamos desde hace varios años que en la zona se desarrollaban conflictos de tierras difíciles, pero el anuncio de la subasta del Banco Centroamericano de Integración Económica vino a complicar más el asunto. Con la ayuda del CUC, las comunidades empezaron el proceso de diálogo, en el cual se ha pedido que se les dé espacio de trabajo a las personas. Este diálogo seguía en pie y el día lunes anterior a los desalojos se les dice a los pobladores que no se va a desalojar, por lo que fue una sorpresa ver el despliegue policial.

¿Cómo mira la comunidad a la empresa?

—La gente que cosecha no es para exportar o vender, sino para vivir, para comer. La empresa no busca el desarrollo de las comunidades, únicamente busca sus propias ganancias. Es responsabilidad del gobierno resolver esto. La gente no tiene otras alternativas que invadir.

¿Y cómo se encuentra actualmente las personas? Al parecer, sí tienen casa propia.

—Algunos han estado viviendo en las comunidades vecinas, alquilando, sin tener propiedad. Nunca se les ha legitimado o legalizado las tierras y por eso fueron desalojados y desocupados los mozos trabajadores y sus familias. Es una situación heterogénea, donde algunos tienen poco y otros nada. La propiedad privada no puede atentar contra los derechos humanos y la vida. Estas son personas que no necesitan bolsitas, no necesitan ser mantenidas para seguir viviendo en las mismas condiciones de siempre, necesitan más bien un proyecto que los incluya y les dé espacio para trabajar. No se ha construido una adecuada política estatal sobre las problemáticas agrarias, lo cual es un desafío enorme para un país agroexportador como Guatemala.

Walter Widmann asegura que Avelino Chub instó a los pobladores a reingresar a las fincas, y se presentó ante el fiscal como abogador de la FGT para decirle que tenía al teléfono a un magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que esta había fallado contra el desalojo.

—Es una mentira. Ningún abogado trabaja con nosotros. No los tenemos. Sólo técnicos y promotores sociales. El único abogado en el proceso es Sergio Beltetón, que es del CUC. Lo que sí es cierto es que logró comunicarse con alguien de derechos humanos, pero al principio el fiscal no accedía a tomar la llamada. Avelino es un promotor de FGT que se encontraba presente en Miralvalle y que ha sido amenazado por la familia Widmann. Nunca dijo que fuera abogado. Lo que quiero que quede claro que actualmente los personeros y la seguridad de la empresa han estado atacando y persiguiendo a las personas que entran a las fincas a sacar las cosechas de cultivaron. Se les intimida cuando lo intentan. Al principio, en los primeros desalojos destruyeron algunas cosechas.

¿Por qué intimidan ahora en lugar de continuar en aquella línea?

—También. Las están destruyendo poco a poco.

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