En este quedan planteadas no solo las valoraciones sobre el origen de los recursos para que funcione el Estado, es decir, si hay suficiente ingreso tributario y recursos propios o si continúa la espiral de endeudamiento. En cuanto a los egresos, indica cuál o cuáles son las prioridades de quien lo propone y, por supuesto, de quienes lo discuten y avalan.
En el caso de Guatemala, el presupuesto debe quedar aprobado por el Legislativo a más tardar a la medianoche del 30 de noviembre. Quiere decir que en menos de tres semanas, si el texto en discusión no se aprueba, continuará vigente el de 2017, puesto que el año anterior no se aprobó el proyecto presentado para este año.
De ahí que, en estos días, el cuestionado por ilegítimo Congreso de la República haya entrado en la carrera por la discusión y aprobación del presupuesto general de gastos para el período fiscal 2019, un año electoral en el que habrán de ser elegidas las nuevas autoridades del Ejecutivo y del Legislativo, así como las corporaciones municipales. Ese hecho, de acuerdo con el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), es de por sí indicativo de que se tratará de un año convulso y por lo tanto introduce un elemento de tensión en las discusiones. Esta situación se agrava con la crisis política de altibajos en intensidad, generada desde agosto de 2017 por las díscolas disposiciones de la Presidencia respecto a la lucha contra la impunidad.
Por si estos elementos fueran pocos, resulta que tanto el Ejecutivo en su solicitud como la comisión de finanzas del Legislativo han acordado un proyecto de presupuesto que representa grandes contradicciones con las necesidades reales del país. De hecho, en una clara expresión de la política de favoritismo del presidente por el estamento militar, el proyecto contempla un aumento del 23.88 % al presupuesto del Ministerio de la Defensa Nacional (Mindef).
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Este eleva su proyección de gastos de 1.9 millardos de quetzales a 2.37 millardos. Tal incremento se destina esencialmente a rubros como pago de consultorías, logística y apoyo financiero en una entidad que indica, en su propio plan de gastos, que ha reducido el número de sus integrantes porque, en teoría, ha concluido su participación en tareas de seguridad ciudadana. No es de extrañar este proyecto de aumento, ya que, como lo indica el Icefi en su estudio Guatemala: elementos de análisis y propuesta del Icefi para fortalecer el proyecto de presupuesto general de ingresos y egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2019: «El Ejército ha sido ampliamente beneficiado durante la administración del presidente Morales, ya que durante 2018 su techo presupuestario ya había sido ampliado en 175.4 millones de quetzales a costa de otras instituciones».
Este año, el Gobierno realizó transferencias internas para el Mindef desde el programa de mantenimiento de carreteras del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), entre otros. Curiosamente, en el proyecto de 2019, además de incluir incrementos para el instituto armado, también los contempla para el CIV precisamente en el rubro del cual tomó recursos para transferir a Defensa. Este año, la propuesta contempla reducir fondos a programas de salud como el de prevención y combate del VIH-sida y otros esenciales de esa cartera, así como en educación.
En el proyecto también se le recortan más de 200 millones a la estatal Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC), así como al Ministerio Público (MP) y al Organismo Judicial (OJ), los dos últimos vitales en la lucha contra la corrupción y la impunidad, así como determinantes en la garantía funcional del sistema de pesos y contrapesos. En el caso de la USAC, al ser la única universidad estatal, debe recibir por mandato constitucional, como mínimo, el 5 % del total del presupuesto general de gastos.
En esencia, el Gobierno y, de continuar en la misma lógica, el Congreso se aprestan a darles brillo a las botas militares a costa de dejar descalzas las carteras y dependencias fundamentales para el desarrollo y el funcionamiento de la democracia. Una lógica que es necesario revertir mediante la demanda al Legislativo de enmienda al proyecto de presupuesto para que todas las entidades caminen bien y sin los pies descalzos.
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