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Luis Arreaga: La lucha contra la corrupción en Guatemala sigue; «es una amenaza a nuestra propia seguridad»

La salida de Cicig ha retrasado la transferencia de capacidades a las instituciones que se dedican a la lucha contra la corrupción
Si la sociedad civil siente eso (miedo) es porque su trabajo ha tenido impacto. Deben concentrarse en seguir
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Luis Arreaga: La lucha contra la corrupción en Guatemala sigue; «es una amenaza a nuestra propia seguridad»

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El embajador de Estados Unidos dice que ve un Tribunal Supremo Electoral sólido, insta a los jóvenes a empadronarse y votar, y sostiene que la agenda de su país para Guatemala no ha cambiado mientras repite una y otra vez que la lucha contra la corrupción y la impunidad continuará: es parte de su política «mundial».

Redes-lateral

Luis Edmundo Arreaga Rodas (1952), el embajador de Estados Unidos en Guatemala, es un diplomático silencioso. Se manifiesta poco en público, y cuando lo hace procura ser muy formal y poco estridente. En el año y medio que ha pasado desde que tomó el mando de la misión estadounidense en Guatemala, su manifestación más atípica no fue una declaración, sino una imagen. En medio de las iras del Gobierno contra la Cicig, su embajada tuiteó una fotografía: sonrientes Arreaga y el comisionado Iván Velásquez, con sendos adhesivos que decían «Yo amo Cicig».

Su modo suave e indirecto no tendría nada de raro en un diplomático si no fuera porque sucedió en el cargo a Todd Robinson, que había llamado «idiotas» a cuatro diputados, ofrecía a menudo la impresión de estarle dando órdenes a las autoridades locales, y propiciaba memes en los que aparecía como verdadero portador de la banda presidencial, junto a un Otto Pérez disminuido pero todavía jefe de Estado.

A menudo por ese y otros motivos, algunos políticos, activistas y altos funcionarios han pensado que Arreaga desempeña un papel más ambiguo, acorde con la actitud menos predecible que Washington ha mostrado hacia Guatemala en el último año.

Pero al oírlo él sonríe, ironiza, y sostiene una y otra vez: «la agenda de mi antecesor es la misma que la mía».

Es decir, «seguridad, gobernanza, prosperidad, y la lucha contra la corrupción».

En apenas media hora de una entrevista concertada para hablar de las elecciones, el embajador menciona una de quincena veces esa última palabra: «corrupción», y, sin elevar el tono, apuntala el mensaje diciendo que la iniciativa de algunos congresistas de amnistiar crímenes de guerra toca «un eje fundamental» de su política «mundial»: «la lucha contra la corrupción y contra la impunidad». De ahí la respuesta anticipada y tonante del Departamento de Estado a esa iniciativa: «quisimos expresar de una forma clara nuestra preocupación: no estamos a favor de la impunidad. Estamos tratando de que no exista».

Desde la última entrevista que concedió a elPeriódico han pasado diez meses y un sinfín de microeventos con los que el Ejecutivo del presidente Jimmy Morales ha tratado de desmantelar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala: la amenazante marcha de jeeps artillados frente a su sede y las de las embajadas estadounidense y mexicana, la expulsión de facto del comisionado Iván Velásquez, el intento de prohibir el regreso de los investigadores, la terminación ilegal por parte del Gobierno del acuerdo con Naciones Unidas.

Y también la convocatoria de elecciones, que los actores de poder suelen anhelar, por sus efectos balsámicos, en momentos de tensión como el actual.

En unos comicios encuadrados en la crisis derivada de los efectos del combate a la corrupción y la impunidad, detonados en 2015, que han herido a muchos de los principales grupos de poder nacionales, ¿cómo interpreta Arreaga el momento y por dónde ve salidas?

«La piedra angular de todas las democracias —dice— son unas elecciones libres, justas y confiables». Por eso sus esfuerzos se concentran en apoyar al Tribunal Supremo Electoral, «una institución que ha demostrado que tiene la capacidad de organizarlas». «Ya lo hizo en 2015», continúa: «Organizó también el referendo. Dado que están trabajando con leyes nuevas, les corresponde a todos los guatemaltecos apoyar sus esfuerzos. Algunas personas las cuestionan, pero la obligación de todo ciudadano es cumplir esas leyes. Trabajamos muy de cerca con el TSE a través de instituciones de renombre mundial para dar un apoyo técnico. También con la sociedad civil para que puedan darle seguimiento a las elecciones de largo y corto plazo y asegurarse de que sean inclusivas. Y con la prensa, que tiene un papel fundamental y nos interesa compartir con ella técnicas para que pueda hacer reportes imparciales y fiscalizadores».

El TSE dirigirá unas elecciones marcadas por la incertidumbre y por ciertas reformas que ya han sido impugnadas. Mientras, hay candidatos y grupos de interés que insinúan que el proceso está viciado o puede adolecer de fallas serias. ¿Tiene el TSE la fuerza de despejar cualquier sospecha y de contrarrestar estos mensajes?

Vemos con muy buenos ojos la forma en que se está organizando. Tienen convenios con muchas instituciones: con el sector privado (por ejemplo con Cacif), con oenegés, con instituciones internacionales, con nosotros. Eso es una muestra de confianza. Algo bueno del sistema electoral guatemalteco es esa forma en que los ciudadanos pueden participar en las mesas electorales. Nosotros queremos instar a la población guatemalteca a que participe. Los guatemaltecos tienen el derecho y la responsabilidad de participar en elecciones, especialmente los jóvenes. Guatemala es uno de los países más jóvenes de todo el hemisferio. Un dato que me impresionó es que hay 2.5 millones de guatemaltecos con DPI y no están empadronados. De esos 2.5 millones, 2.2 millones son jóvenes. Debería haber alguna campaña para que reconozcan su enorme responsabilidad y capacidad de influir en los resultados.

Algunos analistas sostienen que una buena parte de esos jóvenes no se ha empadronado porque tuvo que emigrar.

Es difícil saber cuántos están en Estados Unidos, en especial si han llegado ilegalmente. He oído cifras pero no sé si son fidedignas. Hay quien calcula hasta dos millones de guatemaltecos en Estados Unidos. No nos consta. Pero si tienen DPI y si les interesa el futuro de este país, es importante que se empadronen y voten. Es lo que nosotros hacemos en nuestro país y va a beneficiar a Guatemala.

Las candidaturas de Zury Ríos y de Sandra Torres están en entredicho por asuntos legales. La de Thelma Aldana no se ha concretado todavía, pero es previsible que vaya a tener problemas. Son las tres candidatas punteras según todas las encuestas hoy por hoy. ¿Cuál es la solución deseable para esta situación?

No comentaré sobre temas judiciales pero, como principio de la democracia, cuantos más candidatos participen, mejor para que la población pueda escoger. En la diversidad está la fuerza. Es importante que todo candidato presente su programa de gobierno, que los votantes lo analicen y que voten basados en lo que ellos piensan que los candidatos van a hacer. Nosotros vamos a estar al tanto de las propuestas políticas de los partidos. Queremos saber cuáles son los planes para abordar los temas de seguridad, gobernanza, prosperidad, y principalmente el tema de la lucha contra la corrupción. Esa es la agenda que tenemos, que siempre hemos tenido, y que vamos a tener en adelante.

La mayoría de estos casos van a llegar a otra institución clave: la Corte de Constitucionalidad, que está bajo un gran estrés. Ahora hay tres magistrados con la amenaza de antejuicio.

Emitimos un comunicado hace unas semanas en que instamos a las instituciones guatemaltecas a respetar el Estado de Derecho. Es muy, muy importante que se respeten las decisiones de las Cortes, que se respeten las leyes del Legislativo y que se respete al Ejecutivo. Que se respete la separación de poderes, los pesos y contrapesos que hacen que una democracia funcione. Por otro lado la democracia no es una obra de arte. Es un proceso social en el que a veces hay pugnas. Pero la forma en que funciona es respetando esa separación de poderes.

Que hayan emitido ese comunicado implica que ven el riesgo de que no se respete.

Queríamos que sea claro lo que nosotros pensamos y nuestra posición en relación a la estabilidad democrática.

Es previsible que haya un veto a candidaturas como la de Alfonso Portillo, condenado por lavado en Estados Unidos, pero al mismo tiempo es posible que participe un diputado como José Armando Ubico, condenado allí por narcotráfico. ¿Qué cambios observan en la relación entre el crimen organizado y los partidos políticos?

No vamos a hacer comentarios sobre candidatos específicos. Nuestro esfuerzo es que las elecciones sean libres, justas y confiables. Se habla de que el crimen organizado ha penetrado el proceso electoral. Ese es un tema preocupante, especialmente en las alcaldías de zonas fronterizas, donde está el trasiego. El mismo secretario (Michael) Pompeo habló sobre la corrupción. Dijo que la corrupción facilita el crimen organizado. Que la corrupción permite el terrorismo. Que la corrupción socava el Estado de Derecho y debilita la democracia. La corrupción es una amenaza a nuestra propia seguridad.

Buena parte del debate preelectoral se ha centrado en la posición de los candidatos en torno a la Cicig y a la lucha contra la corrupción. A principios de septiembre Estados Unidos dijo que apoyaba una Cicig reformada. ¿Hace algo su gobierno para que se amplíe el mandato con una Cicig reformada o están tranquilos confiando en el Ministerio Público de Consuelo Porras, sin el apoyo de la comisión?

La salida de Cicig ha retrasado la transferencia de capacidades a las instituciones que se dedican a la lucha contra la corrupción. Eso es clarísimo. Como gobierno seguimos con el compromiso de apoyar los esfuerzos del pueblo de Guatemala y sus instituciones de luchar contra la corrupción y contra la impunidad.

¿Están tranquilos entonces con la posibilidad de continuar únicamente con el Ministerio Público?

No. Ya le dije que la salida de los funcionarios de la Cicig ha significado un retraso en la transferencia de capacidades. Lo que vamos a hacer es reforzar nuestra ayuda porque es una lucha fundamental para nosotros.

A finales de 2018 percibimos un cambio de discurso (no sé si de política) de Estados Unidos con respecto a Cicig, y vimos un papel menos público de la Embajada. ¿Qué efectos tuvo el lobby en Washington y el traslado de la embajada de Guatemala a Jerusalén?

Mucha gente habla de ese tema. Cuando vine a Guatemala conversé con periodistas y noté cierta sospecha de que yo traía una agenda oscura, que venía a hacer cambios, y la verdad es que la agenda nuestra no ha cambiado. Sigue siendo la misma: seguridad, gobernanza, prosperidad, y la lucha contra la corrupción. El país ha cambiado pero la agenda sigue igual. No ha habido cambios en ese sentido; sí en el estilo de embajador. Yo soy amigo muy cercano de mi predecesor pero somos dos personas distintas y abordamos los temas de una forma distinta. Muchas veces la gente se acostumbra a una cosa y cuando alguien distinto viene, interpretan de más. Pero le aseguro que la agenda de mi antecesor es la misma que la mía.

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¿Es esta también la diferencia entre Thelma Aldana y Consuelo Porras? ¿Una diferencia de estilo?

Ese es un caso en que ha habido cambios de estilo.

¿Y de fondo no?

Lo importante es analizar cuáles han sido las acciones concretas. No entrar en si esta acción se hizo más temprano, esta más tarde, o dijo esto... Son dos personas distintas. Tenemos una buena relación con el Ministerio Público. Yo tengo una buena relación con la fiscal actual, y la tuve con la anterior; y seguimos trabajando muy de cerca para fortalecer esa institución.

En el Congreso se intenta aprobar una ley de amnistía para crímenes de guerra. El Departamento de Estado reaccionó con más fuerza ante la posibilidad de que eso ocurra, que cuando el 31 de agosto del año pasado el Gobierno puso los jeeps J8 donados por ustedes frente a la Cicig y su misma embajada. ¿Es un indicio de esto, como escribió Edgar Gutiérrez, de que el gigante está despertando?

Son dos temas totalmente distintos. El de los J8 lo estamos manejando a través de canales diplomáticos. El de este proyecto de ley sí causó mucha preocupación porque toca un eje fundamental de nuestra política a nivel mundial, que es la lucha contra la corrupción y contra la impunidad. Por eso nosotros quisimos expresar de una forma clara nuestra preocupación: no estamos a favor de la impunidad. Estamos tratando de que no exista.

Hoy (jueves 21) Oxfam ha presentado un estudio sobre lo que llaman “economía de captura”. Sostiene que esta economía representa la mitad del mercado público privado: contrataciones de bienes, servicios, obras. Calculan que entre 2004 y 2017 el sobrecosto de esas contrataciones supuso casi 20 mil millones de quetzales. Dice el estudio que esa pérdida en corrupción de políticos y empresarios no solo minimiza las posibilidades de desarrollo, sino que sirve para que estas estructuras de poder se perpetúen en momentos electorales. El problema son las estructuras de poder, que por muchas reformas que se hagan no desaparecen. ¿Hay alguna posibilidad de que estas elecciones eviten que esas estructuras de poder se perpetúen?

No he visto el estudio. Pero eso se definirá  en el proceso electoral y por eso nos estamos concentrando en fortalecer la capacidad del Tribunal Supremo y de otros socios de ellos, como la sociedad civil o la prensa. Todo dependerá de la participación ciudadana y de la forma en que voten. Insto a los jóvenes guatemaltecos a que se empadronen y voten y a que estudien las propuestas de los candidatos.

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La impunidad, uno de los rasgos principales del sistema, permite la continuidad de estas estructuras de poder y su reelección permanente. Lo dice el estudio pero lo sabemos todos. Sin Cicig, ¿hay otro instrumento con la fuerza suficiente para continuar la labor de demolición o de desintegración de las estructuras de poder ilícito?

Hemos estado trabajando muy de cerca para apoyar al Ministerio Público. También trabajamos con el Organismo Judicial. También hemos trabajado con el gobierno del presidente Morales en el tema de gobierno abierto. La lucha contra la corrupción también tiene que ver con la apertura que un Gobierno tiene para que la gente vea lo que están haciendo. Apoyamos de diferentes formas y vamos a seguir en ese camino. Existe una sociedad civil muy activa que expresa sus opiniones muy abiertamente. Es una buena señal. Obviamente hay redes de corrupción que van a seguir tratando de evitar que continúe esa lucha. Nosotros estamos dispuestos a apoyar a todas esas instituciones para que la lucha contra la corrupción y la impunidad siga adelante.

Usted subraya el papel de la sociedad civil. Ahora se encuentra en un momento de resistencia pero de debilidad, y siente miedo.

Si la sociedad civil siente eso es porque el trabajo que han hecho ha tenido su impacto. Deben concentrarse en seguir su función. Tal vez debería haber un poquito de más acercamiento con instituciones de gobierno que están haciendo un buen trabajo. Por ejemplo en el tema del Gobierno Abierto. Es fácil criticar sin participar. Ahí se ha abierto un espacio en el que vale la pena seguir. Va a haber momentos en que parecerá más difícil, pero el objetivo nunca se debe perder. El objetivo es que el país salga adelante.

El gobierno fue más abierto al principio que ahora. Ese es el motivo por el que varias organizaciones sociales se retiraron del espacio: se observa también un retroceso en la voluntad del Gobierno de ser abierto.

Nosotros lo apoyamos, creemos que es una buena alternativa e instamos a nuestros socios de sociedad civil a que sigan participando. Retirarse es lo más fácil. Siempre va a haber diferencias. Va a haber a aparentes retrocesos. Pero lo importante es seguir en la línea de abrir más al Gobierno. Nosotros trabajamos con el Ejército de Guatemala y la apertura es una de las líneas: ayudarles a exponer públicamente cómo gastan sus recursos. Queda un trecho pero se han hecho avances importantes.

En las elecciones generales que tenemos este año se da el hecho insólito que se elijan tantos órganos del Estado en el mismo año. ¿Qué consecuencias espera?

Tiene un impacto de muchos años. Le vamos a dar un seguimiento muy cercano y entendemos que muchas instituciones, desde el sector privado hasta la sociedad civil, harán lo mismo. Todos reconocen que es un momento especial en la democracia guatemalteca. Confiamos en que sea un proceso transparente, que arroje candidatos dignos de los cargos.

Como principio de transformación, ¿es más importante lo que suceda en esas elecciones que no se dan por votación popular, o los comicios de junio?

No más uno que otro. Y les daremos seguimiento porque continuaremos aquí después de 2020.

Hay quienes consideran que la elección del Congreso y Ejecutivo marcará el rumbo para los demás, mientras otros consideran que esos poderes no electos popularmente pueden seguir con sus propias lógicas de trabajo.

Una de las cosas que caracteriza a los guatemaltecos es una creatividad infinita. Un caso reciente, sin decir nombres: se presentó un antejuicio contra un candidato, y un grupo decía que se presentó después para proteger al candidato, otro que no, que se presentó después para socavar al candidato. Hay un sinnúmero de teorías sobre qué es lo que está detrás de todo esto. Trataremos con los resultados cuando estén dados. No especularemos.

¿Van a hacer mayor hincapié en algún punto de su agenda después de las elecciones?

Los objetivos quedan igual. No es un secreto que a nosotros preocupa muchísimo la migración. La raíz es la falta de oportunidades económicas. Eso se va a mantener fuerte. También sabemos que otra de las causas de la migración es que existen redes criminales que embaucan a la gente y que facilitan este proceso. Se firmó una declaración en El Salvador el día de ayer (miércoles 20) para reforzar los esfuerzos con nuestros socios de Guatemala, El Salvador y Honduras. También está el tema de la gobernanza. No es un secreto que existen ciertas debilidades en instituciones gubernamentales. Y obviamente la lucha contra la corrupción sigue siendo un eje fundamental. Yo no veo ningún cambio en nuestra línea. Hemos estado aquí décadas y vamos a seguir: que Guatemala triunfe es interés de Estados Unidos, que en Guatemala haya paz, que el ciudadano guatemalteco confíe en la justicia, confíe en sus instituciones, porque a medida que eso suceda va a haber más prosperidad, menos migración, va a haber más comercio, y ambos vamos a beneficiarnos.

¿Qué impacto puede tener en la región la victoria en El Salvador de un presidente como Bukele y en México de López Obrador, políticos que no vienen de fuera del sistema pero sí son vistos como anti-establishment?

No soy especialista en México. Lo que sí recuerdo es que mucha gente especulaba que iba a haber una gran pelea entre mi presidente (Donald Trump) y el nuevo presidente de México. Ha sido todo lo contrario. Estamos trabajando bien. Es una relación basada en el respeto mutuo y en el deseo de avanzar en temas de interés común. Diría lo mismo de la elección del presidente Bukele. Ya ha salido a decir que quiere mejores relaciones con Estados Unidos.

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