Si bien los procesos judiciales han avanzado, lo cual ha permitido que muchos pesos pesados de la política guatemalteca comiencen a ser procesados y que los intocables de las élites nacionales que se aliaron a la corrupción comiencen a ser investigados, todavía falta una victoria con significado cotidiano para los guatemaltecos, la cual encontrará su asidero en los beneficios sociales. Es allí adonde las organizaciones de la sociedad civil tienen que apuntar para que los guatemaltecos no pierdan la esperanza en el cambio social, que encontró una nueva oportunidad en 2015 y que ahora necesita ganar terreno y firmeza en medio de una batalla confusa entre la restauración y la reforma.
El 2017 tiene que ser el año de las organizaciones sociales que desde la transparencia quieran un Estado al servicio de la gente. Para ello son cada vez más necesarios la creación de alianzas y el respaldo social de los objetivos focalizados de cada organización, de manera que desde la sincronización de las demandas se coordinen reivindicaciones que conformen una gesta por los servicios públicos accesibles y de calidad. De lograrlo, será una lucha amplia, más cohesionadora y que mayor simpatía genere entre los diferentes sectores de la sociedad, ya que significa presionar y aportar soluciones para que se resuelvan los problemas con los que se enfrentan día a día los guatemaltecos. Pero son alianzas que no solo deben ser organizativas, sino también mediáticas.
Las organizaciones sociales tienen por donde comenzar estas alianzas en los objetivos individuales de cada colectivo, por ejemplo en su apoyo estratégico y público al movimiento estudiantil sancarlista con la democratización de la AEU; a la Batucada del Pueblo con sus expresiones artísticas, que denuncian actos indebidos e ilícitos; a #JusticiaYa con sus procesos de formación ciudadana, por evidenciar nuevos casos posibles de corrupción y por informar, por medio de las redes sociales, el estado de los ya existentes; al movimiento indígena y campesino con su lucha por el pluralismo jurídico y por el respeto a las consultas comunitarias; a la Convergencia por los Derechos Humanos en su defensa de los derechos reconocidos constitucionalmente y conquistados por la población; y a la Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep) y a la red concentrada en temas electorales con las reformas de segunda generación a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, entre otros.
Las organizaciones sociales también tienen donde comenzar con demandas globales. El caso de corrupción en el transporte público es una de ellas, pues, como afirma el doctor en ciencia política Íñigo Errejón, «en un momento dado, una reivindicación concreta es capaz de representar un conjunto de reivindicaciones más amplio». En ese sentido, el caso del transporte público es un ejemplo oportuno porque por su naturaleza y sus implicaciones permite que cualquier organización pueda sacar una reivindicación muy particular. #JusticiaYa y los colectivos concentrados en temas de transparencia pueden aprovechar que se trata de un enorme caso de corrupción, que involucra a funcionarios públicos actuales y del pasado, así como a empresarios fuertes ligados a transportes y a telecomunicaciones. El movimiento estudiantil unificado, por su parte, es la reivindicación histórica de los estudiantes. Nunca se han unido tantos estudiantes en la historia política del país como lo han hecho por un sistema de transporte accesible a las grandes mayorías urbanas y rurales. Esto puede convertirse en una oportunidad para el crecimiento y la capacidad de movilización del golpeado movimiento estudiantil unificado. Los empresarios honestos también podrían buscar alguna reivindicación, ya que la eficiencia del transporte público aporta a la sostenibilidad de la movilidad urbana, pilar fundamental de la productividad de las ciudades y de la economía del país. Lo mismo ocurre con la red de reformas electorales, ya que han sido el desvío de los subsidios y la capacidad económica de los empresarios de transportes y de telecomunicaciones una fuente ilegal y poco transparente de financiamiento electoral, y con la Convergencia por los Derechos Humanos, pues un sistema moderno de transporte público masivo incorpora un enfoque novedoso de derechos al usuario en la prestación del servicio. Y ante todo, lo más importante: la gente, sin importar cómo se transporta, puede buscar alguna reivindicación, ya que un sistema de transporte público funcional moviliza más personas, reduce el congestionamiento y optimiza el tiempo y el dinero de la ciudadanía.
La intención de estas posibles alianzas debe ser tejer redes organizativas, de confianza, de solidaridad y de trabajo para ganar espacios con miras a la transformación del Estado guatemalteco. La lucha contra la corrupción no tiene sentido si no se piensa en los servicios públicos como esenciales para aumentar la calidad de vida de las personas, además de que son un buen motivo para coordinar apoyos y esfuerzos entre organizaciones sociales. Habrá que seguir apoyando e impulsando el buen trabajo del MP y de la Cicig, pero les corresponde de forma paralela a las organizaciones sociales ampliar la agenda anticorrupción para que, por cada corrupto procesado y sentenciado, proporcionalmente haya un mejor servicio público.
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