[field_foto_galeria_portada]
Ir

Los “waivers”: uno no, el otro “en veremos”

A principios de julio, el Departamento de Estado podría anunciar la denegación del “waiver de la transparencia, aunque el de la propiedad, podría ser otorgado.
Cuenta regresiva en Washington bajo influencia de campana electoral.
Tipo de Nota: 
Información

Los “waivers”: uno no, el otro “en veremos”

Palabras clave
Historia completa Temas clave

En el caluroso verano de la capital norteamericana, Nicaragua no está en el mapa de los tomadores de decisiones importantes, porque simplemente “no es noticia”, pero adquiere alguna resonancia cuando se menciona al gobierno de Daniel Ortega como un satélite de la Venezuela de Hugo Chávez que está violando las normas básicas de la democracia electoral.

En el evento realizado el lunes pasado en la imponente sede de la Cámara de Comercio de Estados Unidos para debatir las “oportunidades para el crecimiento” de la economía nicaragüense, asistieron menos de 50 personas, entre empresarios, diplomáticos y cabilderos. Con la excepción de los medios nicaragüenses que siguieron con interés la transmisión del foro por internet para conocer lo que podrían plantear los delegados de AMCHAM, COSEP (que no estuvo presente) y el PLI, sobre los “waivers” (dispensas legales) pendientes de decisión en el Departamento de Estado, ningún medio norteamericano o agencia internacional de noticias le prestó alguna atención.

En cambio, durante la cena de gala por los 30 años del Diálogo Interamericano que se llevó a cabo días antes, en la que participó la crema y nata de los latinoamericanistas de Washington –demócratas y republicanos–, el presidente saliente del Banco Mundial, Robert Zoellick puso a Nicaragua en el radar al proclamar que “los días de Chávez están contados” y que “si sus subsidios a Nicaragua y Cuba se cortan, esos regímenes estarán en problemas”.

Entre los funcionarios que se ocupan profesionalmente de Nicaragua y Centroamérica en el Departamento de Estado, en estos días se vive un ambiente de cuenta regresiva en torno a las decisiones que en las próximas semanas debe adoptar la secretaria Hillary Clinton sobre los “waivers” de la transparencia fiscal y de la propiedad para Nicaragua. La embajadora Phyllis Powers, quien permaneció toda la semana en consultas en Washington, dio el campanazo de salida al advertir en Managua que veía “muy difícil” la aprobación del “waiver”.

Mensaje político: “transparencia no”

Oficialmente, la Administración Obama maneja el tema con total hermetismo. Sin embargo, analistas independientes que siguen de cerca la política exterior de Estados Unidos hacia América Latina, coinciden en que el “waiver” de la transparencia, del que dependen unos doce millones de dólares de ayuda bilateral, no será otorgado, y que el de la propiedad, relacionado con más de 200 millones de dólares de cooperación a través del BID y el Banco Mundial, tiene mucho más probabilidades de ser aprobado.

El primer anuncio podría hacerse en las primeras semanas de julio, y aunque las consecuencias económicas para el gobierno de Ortega serían relativamente menores, pues la cooperación de gobierno a gobierno ya es mínima y ésta podría reorientarse a programas dirigidos directamente a sus destinatarios sin mediación oficial, se trataría ante todo de un mensaje político, para llamar la atención sobre el déficit de transparencia electoral del régimen de Ortega. 

Michael Shifter, director del Diálogo Interamericano, un prestigioso  centro de análisis sobre las relaciones hemisféricas, considera “altamente dudosa la aprobación del ‘waiver’ de la transparencia fiscal, aunque el segundo, el de los reclamos de propiedad es un poco menos claro”.

Shifter no descarta que las decisiones que adopte de la Administración se vean influenciadas por una campaña electoral sumamente reñida entre Barack Obama y Mitt Rommey. “Sería ingenuo creer que aún la decisión más pequeña no será influenciada por el cálculo político”, indica.

Y aunque reconoce que Nicaragua está lejos de ser un tema prioritario o de interés en el debate actual, advierte que “si el equipo de campaña de Obama considera que los republicanos podrían acusarlo de adoptar una posición muy ‘suave’ hacia el gobierno de Ortega, y tomar ventaja electoral de eso, podrían verse tentados de actuar con la lógica de prevenir un costo político potencial”.

Problema técnico y político

Por su parte, Cynthia Arnson, directora del Programa Latinoamericano del Wilson Center, un influyente centro de pensamiento sobre la política exterior hacia la región, también tiene serias dudas de que se apruebe el “waiver” de la transparencia. Su argumento de fondo es que hay un doble problema: técnico y político con los fondos venezolanos que en Nicaragua se manejan fuera del presupuesto.

"Nicaragua no es el único país de la región con poca transparencia en los gastos públicos”, admite Arnson.  Pero en contraste con muchos otros, “recibe subsidios importantes del gobierno de Hugo Chávez.  Este dinero permite al gobierno favorecer a su base política, en vez de adoptar medidas universales que beneficien a todos. La falta de transparencia entonces se convierte en un tema netamente político, no solo técnico. Tanto la administración Obama como sectores conservadores del Congreso están preocupados por la cada vez mayor ausencia de una base equitativa para la competencia política en Nicaragua. Tengo mis serias dudas de que se apruebe el waiver”, concluye Arnson.

La propiedad “en veremos”

En cuanto al segundo “waiver”, relacionado con el avance de soluciones ante los reclamos de propiedad de ciudadanos norteamericanos, todas las fuentes consultadas coinciden en que las señales son menos claras, pero es menos probable que el Departamento de Estado decida negarlo. En parte porque la Procuraduría de Nicaragua está trabajando para dar solución algunos casos pendientes –en el registro oficial suman 60 casos–, pero, además, porque las consecuencias económicas de un corte en el acceso a créditos del BID y del Banco Mundial serían catastróficas para el país.

Richard Feinberg, ex asesor de seguridad nacional para América Latina del presidente Clinton, y actualmente profesor e investigador en la Universidad de California en San Diego, se pregunta: “¿por qué Estados Unidos se tomaría el riesgo de desestabilizar al país más estable de Centroamérica en estos momentos?”

En noviembre del año pasado, Feinberg publicó un artículo en la revista Foreign Affaires, caracterizando al régimen de Ortega como un “autoritarismo suave” (Daniel Ortega and Nicaragua’s Soft Authoritarianism) en el que describe el régimen como un gobierno políticamente autoritario que promueve un modelo económico de mercado “que combina estabililidad, con una política redistributiva de equidad”.

No perjudicar a Nicaragua

Feinberg cuestiona el supuesto poder de veto que se atribuye a Estados Unidos en los organismos multilaterales de crédito, excepto en el caso de los Fondos de Operaciones Especiales del BID. En consecuencia, pone en entredicho la eficacia que tendría esta opción para Obama –rechazar el “waiver” de la propiedad– pues duda que Estados Unidos pueda recabar apoyo de otros gobiernos en una acción dirigida a perjudicar la economía nicaragüense a mediano plazo.

Para Michael Shifter, del Diálogo Interamericano, “hay algunas señales de que la situación en este tema ha empeorado, lo cual haría difícil otorgar el waiver de la propiedad, pero la administración tendrá que hacer una evaluación completa de todos los factores, técnicos y también políticos para tomar una decisión”

Shifter coincide en que la Administración Obama no se inclina por “castigar” a Nicaragua y comprende que negar el “waiver” de la propiedad  traería serias consecuencias económicas. “Pero desde la perspectiva del gobierno de Obama, más importante aún que las consecuencias de un castigo a Nicaragua, sería perder algún apoyo político en una elección sumamente crítica, y por lo tanto no querrán darle al equipo de Rommey municiones adicionales para atacar a Obama en temas de su política hacia América Latina”.

Maisto: “nunca ha habido recomendación negativa”

El ex embajador en Nicaragua John Maisto (1993-1996), ahora retirado del servicio diplomático y vinculado a un proyecto de inversión turística en nuestro país y a otra iniciativa para promover la educación, destaca que hasta ahora en el caso de Nicaragua, “nunca ha habido una recomendación negativa (del Departamento de Estado) en el tema de la propiedad”.

Maisto recuerda que esto “depende del récord de casos resueltos durante el los últimos doce meses y la voluntad del Gobierno de Nicaragua para trabajar con los expropiados y con la Embajada para llegar a una resolución satisfactoria para las partes. Si ha habido nuevos casos de expropiación en los últimos doce meses, y no hay progreso o buena voluntad para resolverlos, se complica el cuadro”

El ambiente en Washington en la transparencia fiscal y la propiedad, dice el ex embajador, “es aplicar la ley, especialmente en un año electoral. Y entra también el deseo del Poder Ejecutivo de no tener problemas con el Poder Legislativo, y de tomar en cuenta el ambiente general de relaciones bilaterales. Si un gobierno se ve como amigo y aliado, entonces hay interés en dar más espacio y tiempo. Y así entra la diplomacia, en casos de propiedad y también en cuanto a transparencia”, comenta el ex embajador.

Como experimentado diplomático, Maisto concluye sus reflexiones con una nota de cautela: “en este momento, es difícil hacer predicciones”.

¿Paralelismo con Carter y Somoza?

¿Cómo debería leerse, entonces, el mensaje político que la Administración Obama enviará a Ortega al negar el “waiver” de la transparencia? ¿Puede Ortega descontar campantemente esta advertencia, porque no le traerá mayores afectaciones económicas a su gobierno, o debería preocuparse por la importancia que la Casa Blanca y el Congreso le están otorgando a las violaciones a la democracia en Nicaragua?

Algunos analistas han llegado incluso a hacer un paralelismo entre el mensaje sobre los derechos humanos que Carter envió a Somoza en 1978, ignorado por el dictador, y éste de Obama a Ortega sobre democracia y  respeto a las elecciones libres.

Sin embargo, la comparación es rechazada por uno de los protagonistas de la Administración Carter. Siendo entonces un joven burócrata del Departamento de Estado, en 1978 Richard Feinberg ejecutó la misión de traerle en persona a Somoza el mensaje de Carter para que abandonara el poder.  

Treinticuatro años después, Feinberg considera que “cualquier comparación con lo que ocurrió en 1978-1979 sería una locura. Somoza estaba aislado, enfrentando una insurrección armada que apoyaban varios países vecinos. Ortega acaba de ganar una relección presidencial, y aun descontando algún grado de fraude electoral, seguramente acumuló una firme mayoría a su favor. Además en 1978-1979, aún con una correlación de fuerzas mucho más favorable a favor de la política de Estados Unidos, ésta fracasó completamente”.

En el mismo sentido coincide Cynthia Arnson, del Wilson Center: “no veo paralelismo. Somoza y la Guardia Nacional dependieron por casi medio siglo de la ayuda económica y militar y del apoyo político de los Estados Unidos. Quitar este apoyo y la ayuda significaba casi un golpe mortal al régimen. Si bien las frustraciones de los Estados Unidos con la conducta de Ortega son muy grandes, el poder para influir es muy poco."

Así se ven las cosas desde Washington, y en efecto, las soluciones a la crisis que vive Nicaragua, no radican en esta capital o en cualquier otro centro de poder internacional, sino que dependen exclusivamente de la capacidad de la oposición de presentar una alternativa democrática al orteguismo.

Mientras tanto, el destino final de los “waivers” se juega en Managua, y dependerá exclusivamente de las políticas domésticas de Ortega, y de la manera cómo éste interactúe con Obama, en medio de una compleja campaña electoral en Estados Unidos.

*Este artículo es parte de Confidencial y es reproducido con su autorización por Plaza Pública. 

Autor
Autor