Esos están a la espera de lo que resuelva la justicia, empobrecida como el resto del Estado, atacada por la impunidad y tratando de levantarse, cual criatura desnutrida, a pesar de las carencias. Sin embargo, aunque esos nombres y rostros incluyen hasta al expresidente y a su segunda, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti Elías, en realidad son más. Y al parecer intentan pasar desapercibidos.
Un buen ejercicio de memoria requiere entonces ponerlos en blanco y negro y recordar que no son inocentes del estado de cosas que hoy vivimos. Los hospitales colapsados, el sistema de justicia casi en trapos de cucaracha y el personal del Estado a punto de quedarse sin salarios son, entre otros males, algunos de los síntomas de la crisis de gravedad que enfrentamos.
Esa situación no se produjo de la noche a la mañana, ni por obra y gracia exclusiva de los ya bastantes encarcelados. Hay circunstancias previas que se refieren a decisiones de gobierno. Decisiones adoptadas en el gabinete, que se reunía invariablemente cada semana. Allí, en Casa Presidencial, las y los titulares de los ministerios hicieron parte de los arreglos y acuerdos que desde el Gobierno sustentaban el entramado en el cual descansó la actuación de las varias líneas.
Con Pável Centeno y Dorval Carías en el Ministerio de Finanzas se realizaron las transferencias y los movimientos del presupuesto administrado por Pérez y secuaces. Erick Archila, Alejandro Sinibaldi, Víctor Corado, Fernando Carrera, Cynthia del Águila, Mauricio López Bonilla, Luz Lainfiesta, Sergio de la Torre y Juan Carlos Paiz son, entre otros, también corresponsables de la debacle.
Ellas y ellos estuvieron, en unos casos, durante una fracción del gobierno de Pérez Molina, y en otros, durante todo el mandato. No tenían impedimentos ni en la vista ni en los oídos ni en el habla. Algún grado de inteligencia habrán poseído para estar en los puestos que ocuparon, de manera que su silencio, como mínimo (cuando no su complicidad o participación directa en las atrocidades de Pérez y Baldetti), los hace igualmente culpables de la crisis.
Y como culpables de la crisis deben rendir cuentas de sus actos. El sistema de justicia no puede conformarse únicamente con lo presentado ante los tribunales. Este es momento de que la fiscal general dé muestras claras de que su accionar es en verdad en procura de justicia, y no solo una cosecha de oportunidad ante la catástrofe.
Por ejemplo, no estaría mal una mesa de análisis del mecanismo de operación interrelacionado de las redes de corrupción ya procesadas o perseguidas. Tampoco lo estaría una revisión forense al detalle de la ejecución presupuestaria. No es que porque un grupo de empresarios no pagara todos los impuestos de importación hoy no haya pisto ni para cubrir la deuda. Son varios millardos los que han desaparecido del presupuesto, y eso va mucho más allá de lo que desde abril estamos enfrentando. La Contraloría General de Cuentas es otra entidad que debe cumplir su rol, o su titular actual y la anterior, y enfrentar las consecuencias de su inacción.
Es imperativo que dejemos de apañar con el olvido los nombres de los cómplices del latrocinio. Las ministras y los ministros de Otto Pérez que permanecieron mudos a las barbaridades durante su gestión constituyen también la otra línea de corruptelas que hace falta procesar y responsabilizar por sus acciones.
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