Allí reflexionamos especialmente sobre los mayores impactos que están teniendo las políticas antiinmigrantes en cuanto al nivel de agresividad, especialmente ahora que en Estados Unidos el presidente Donald Trump enarbola la bandera de disminuir la inmigración indocumentada en el país de mayor recepción en la región. Una de las principales conclusiones del evento es que la mayor amenaza no la representa la ampliación de la construcción física del muro en la frontera México-Estados Unidos, sino los muros que el discurso xenofóbico y las prácticas de rechazo a la inmigración erigen dentro de Estados Unidos, pero también dentro de los demás países de la región. A continuación, nuestras preocupaciones y denuncias:
Los muros internos en Estados Unidos. El presidente Trump inauguró su período presidencial con la promulgación de órdenes ejecutivas con un claro mensaje antiinmigrante. Estas medidas ya están teniendo sus primeros impactos: el aumento de la separación de familias y el aumento de las detenciones y de las deportaciones de personas migrantes en el interior de Estados Unidos, situación que se agrava con la interrupción de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), que pone en riesgo de deportación a 800 000 jóvenes, de los cuales 622 000 son mexicanos y 1 170 centroamericanos. Además, se mantiene la amenaza de suspender el programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que afectaría a 300 000 personas de origen centroamericano (principalmente de El Salvador y de Honduras).
Los muros en Centroamérica. Esta región presenta una de las cifras más altas de violencia, entre 33 y 82 por cada 100 000 habitantes. Esto genera desplazamiento forzado y obliga a miles de centroamericanos a buscar protección internacional. Algunas cifras demuestran lo dicho: refugiados más solicitantes de asilo, 108 262 (a finales de 2015); pendientes de solicitud (acumulados), 146 000 (a finales de 2016). De 2014 a 2015 hubo un aumento del 91 % y de 2015 a 2016 del 45 %. De 2001 a 2016 hubo un aumento del 658 %.
Los muros en México. El Estado mexicano viene realizando un papel de contención de la migración centroamericana que afecta a entre 200 000 y 400 000 centroamericanos que pasan por ese territorio año con año.
El Gobierno mexicano juega un doble discurso. En el ámbito internacional tiene una postura progresista de protección de derechos humanos, especialmente por su papel al frente de los pactos mundiales de migración y de refugio. Y en el interior del país implementa políticas migratorias que no garantizan la protección y violan los derechos humanos. Los hechos confirman una política de securitización y de contención que comienza en la frontera sur y se expande a todo el país. Además, las cifras de violencia y de represión contra los connacionales son alarmantes, no muy diferentes a la realidad que viven los centroamericanos.
Asimismo, se confirma una política de seguridad nacional que comenzó en 2014 con el Programa Integral Frontera Sur, que ha significado la contención y la militarización de la frontera sur con muros que vulneran la dignidad y el derecho a la protección de las personas migrantes y refugiadas.
En 2016 se detuvo a 188 595 migrantes, de los cuales fueron deportados 147 370, de alguna nacionalidad centroamericana la mayoría. Además, el informe de la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes (Redodem) documentó que, del total de los 5 298 eventos delictivos contra migrantes reportados en 2016, 921 fueron cometidos por agentes del Estado en el siguiente orden: Policía Federal, 201; Policía Municipal, 196; grupos policiales indeterminados, 176, y el Instituto Nacional de Migración, 112.
Los muros que vulneran el derecho a la protección internacional. México, Costa Rica y Panamá son los países que se perfilan como los mayores otorgantes de asilo, sin que con ello se garanticen las condiciones de inclusión socioeconómica que las personas refugiadas requieren. La situación se agrava con la recepción de flujos extrarregionales.
Frente a estos muros, la Red Jesuita con Migrantes de Norteamérica y Centroamérica plantea los siguientes desafíos en pro de la defensa de los derechos humanos y de la dignificación de todas las personas migrantes forzadas:
Nos hemos dejado hipnotizar por la idea del muro físico que construirá Donald Trump, pero es necesario ver más allá, hacia nuestros propios muros. Hacemos un llamado enérgico a que el Estado mexicano y los Estados centroamericanos asuman la responsabilidad y atiendan el clamor de los pactos globales.
Celebramos que, ante la ausencia y la debilidad de los Estados, la sociedad civil organizada a lo largo de toda la región también tienda puentes de hospitalidad y de protección de las personas migrantes y refugiadas.
La apuesta de la ciudadanía debe ser la hospitalidad y el cuidado de la vida. Las muestras de resistencia y de acción colectiva son una vía fundamental. En ese sentido, valoramos y llamamos a multiplicar acciones como la atención humanitaria en los albergues, el acompañamiento integral de las personas migrantes y la defensa de las ciudades santuario, así como de las acciones de las autoridades locales y de algunos congresistas que se oponen en Estados Unidos a las medidas antiinmigratorias.
Los migrantes seguirán rompiendo muros en busca de una vida digna y segura. Son verdaderos agentes de cambio desde la acción de migrar hasta la de integrarse a otras culturas y la de aportar a diversas formas de la economía. Llamamos a fortalecer su articulación y a reconocer significativamente su aporte a nuestras sociedades.
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