Así, mediante la aplicación de al menos 3 de los 11 principios esgrimidos por uno de los ideólogos del fascismo hitleriano, se ha intentado ocultar el motivo real de las leyes de discusión en el Congreso, en particular sobre una norma que tiene como propósito imponer restricciones al ejercicio de derechos y con ello impedir la crítica social a los desmanes de los partidos políticos que controlan el Legislativo.
Para disfrazar su intención, los legisladores, entre quienes destaca el actual presidente del Congreso, Álvaro Arzú Escobar, han difundido la falsa información de que se trata de que las organizaciones no gubernamentales (es decir, las ONG) sean auditadas. Esgrimen un falaz argumento de procura de transparencia y atribuyen a una intención de opacidad la objeción a sus pretensiones de control autoritario.
Operando bajo los principios de simplificación o del enemigo único, de transportación que carga los propios errores o defectos en aquel («si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan») y de repetir una mentira hasta que se convierta en verdad, quienes apadrinan la norma en realidad mienten con descaro.
Han logrado convencer a un grupo de personas de que la ley que impulsan es necesaria porque las organizaciones de la sociedad civil, a las que unifican como ONG, no rinden cuentas de gastos que, afirman, provienen de fondos públicos. En primer lugar, es falso que todas las organizaciones del movimiento social en Guatemala estén inscritas como ONG. Entidades como la Asociación de Estudiantes Universitarios (AEU) Oliverio Castañeda de León, por ejemplo, tienen 98 años de existir. Otras, en ejercicio pleno del derecho constitucional a la libre asociación, no han requerido contar con un registro estatal para cumplir sus misiones.
Las entidades que se han inscrito bajo la figura de asociaciones de diversa naturaleza son auditadas por la Contraloría General de Cuentas cuando reciben fondos del Estado. Allí estarán, por ejemplo, los cuerpos de bomberos, cuya subsistencia no hay manera de que el Estado garantice. Entretanto, otras organizaciones, que funcionan con fondos de la cooperación internacional, además de rendir cuentas a sus respectivos donantes mediante mecanismos de control interno y externo que superan en mucho a los que emplea el Estado, son igualmente controladas por la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT).
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De igual manera, es falso que las entidades que reciben fondos de la cooperación no paguen impuestos. No hay organizaciones que estén exentas del pago del impuesto al valor agregado (IVA), en tanto que la exención del impuesto sobre la renta (ISR) existe para la entidad, pero no para su personal. Es decir, todas las personas que perciben salarios o que prestan servicios profesionales cotizan regularmente al Estado de Guatemala en correspondencia con las leyes que les son aplicables.
Al igual que los controles de la SAT, las leyes relativas al control del lavado de activos son aplicables en el manejo de recursos en el sistema bancario nacional. De ahí la acción de control de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) sobre personeros de entidades, así como sobre el funcionamiento de las instituciones.
De esa manera, control financiero estatal existe cuando son fondos públicos, a menos que sean las organizaciones que forman los mismos alcaldes o diputados para buscar beneficios propios y que no responden a procesos de desarrollo social. En el caso de los fondos provenientes de la cooperación, estos, como se indica, responden a mecanismos que resultan más estrictos que los aplicados en la administración pública.
En tal sentido, la argumentación del presidente del Congreso o de sus aliados en el Legislativo solo es un pretexto para imponer mecanismos que le faciliten al jefe del Ejecutivo cancelar organizaciones incómodas políticamente: una medida que lo equiparará al dictador hondureño, quien aplicó una ley similar para cancelar a más de cinco mil organizaciones. La diferencia es que en Guatemala los mecanismos de balance todavía funcionan, aunque limitadamente. Por lo tanto, habrá que dar la batalla para que la búsqueda de transparencia no sea un pretexto para ejercer un control autoritario al estilo de la dictadura.
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