Los enemigos de la democracia

Muchos asumen que con lo establecido en algunos artículos constitucionales que hacen referencia a los derechos accesorios al derecho a la información (es decir, los artículos 4, 30, 31, 35 y 46, entre otros) y con la aprobación de sus respectivas leyes ordinarias basta para pensar que la democracia, desde esta perspectiva, está blindada. Y no es así.

Con el paso de los años, el sistema ha permitido que el derecho a expresarse, a investigar y a recibir información se garantice y amplíe a todas las personas, especialmente a aquellos sectores que durante muchos años estuvieron escondidos o invisibilizados. Asimismo, la existencia de redes sociales ha permitido una madurez y profundidad en la circulación del debate público. Y ante todo, la explosión de nuevas experiencias mediáticas, así como el avance en las discusiones doctrinales en materia de derechos humanos, han ido generando ejercicios y espacios más plurales de comunicación.

Hay posibilidades para pensar que desde esta perspectiva la democracia encuentra un punto de fuga en esa tensión que ha enfrentado en el país debido a los problemas que se han suscitado desde el momento de la transición. No obstante, esta lógica ha puesto en aprietos a actores cuyos comportamientos ya estaban prácticamente asentados en donde no se garantizaba el derecho a la información de todas las personas, sino que este se privilegiaba como un derecho de pocos o entendiéndolo únicamente como lo relativo a la libertad de expresión y, por ende, a la libertad de la empresa comunicativa.

Estas inconformidades están adquiriendo diversas expresiones, que incluso ponen en peligro el derecho a la información en el país y la democracia misma.

En los últimos días se ha presenciado una constante violación del ejercicio del derecho de acceso a la información ya sea negando esta o destruyéndola. A esto se suman las manifestaciones públicas del monopolio empresarial de la radio generando una campaña para detener la discusión de la ley de radios comunitarias, así como la persistente e ilegal actitud de algunos jueces de judicializar la libertad de expresión sin seguir lo establecido en la ley de la materia. Y la guinda del pastel, el descubrimiento de las restricciones a la libertad de expresión que durante mucho tiempo tuvimos los guatemaltecos debido a la existencia del monopolio de la televisión y a la relación corrupta que mantuvo con la dirigencia de la Federación Nacional de Futbol.

Utilizar el sistema para callar voces, limitar expresiones y blindarse ante la crítica son actitudes perversas. Los actores y los sectores que se sienten vulnerados por la circulación de información en donde se evidencian prácticas que han favorecido la violación de los derechos humanos, la corrupción y la impunidad están en aprietos. Unos están dirigiendo sus baterías para no permitir que el sistema se les vaya de las manos, y otros están tratando de atacar el corazón mismo de la democracia mediante la constante violación y limitación del derecho a la información.

Esta semana, sin duda, debería ser motivo de celebración el arribo de Plaza Pública a sus cinco años de vida, pues celebramos (me incluyo como columnista) la existencia de una nueva forma de contar historias y de un nuevo espacio que permite discusiones más abiertas y plurales. No obstante, no hay dos glorias juntas y hay hechos que lamentar, especialmente cuando presenciamos cómo un dirigente popular, Daniel Pascual, es sometido a juicio de manera ilegal por ejercer su derecho a expresarse y cómo los colegas periodistas de los diarios Siglo 21 y Al Día enfrentan problemas por la falta de pago de sus salarios.

Quien pretende acallar, ocultar u ocultarse no es más que alguien que sin duda es un enemigo de la democracia. Y se esforzará por que prevalezca un sistema opaco, cooptado y con privilegios, que promueva un espacio público cerrado y colonizado. La Guatemala que busca es aquella donde no se habla de genocidio, de impunidad, de corrupción y mucho menos de sexo.