Los documentos filtrados y la investigación que expuso la influencia de la mina Fénix en el gobierno de Giammattei
Thelma Cabrera, representante de Codeca, publicó un video que muestra a varios agentes custodiar camiones a pie.https://t.co/5SOYVdNZ2E
— Plaza Pública (@PlazaPublicaGT) October 27, 2021
Los documentos filtrados y la investigación que expuso la influencia de la mina Fénix en el gobierno de Giammattei
Esta es una síntesis de los puntos más relevantes de la investigación publicada por el diario El País, como parte de los Mining Secrets, una filtración de miles de documentos que expone a una de las minas más grandes de Centroamérica: la minera Fénix, ubicada en El Estor, Izabal, y propiedad de la empresa ruso-suiza Solway Investment Group. Los hallazgos muestran cómo la empresa que envía toneladas de minerales para procesar en Ucrania, continuó sus maniobras en Guatemala a base de manipulación y compra de voluntades.
La filtración de miles de documentos es atribuida al grupo de hackers «Guacamaya» y está coordinada por el colectivo Forbidden Stories. En la investigación participaron 20 medios de comunicación de 15 países. La entrega del diario español El País, que evidencia cómo las instituciones estatales guatemaltecas respondieron a los intereses de la mina Fénix, es una de las primeras publicadas como resultado del análisis de los registros.
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Fénix es propiedad de Solway Investment Group, multinacional de capital ruso con sede en Suiza que opera en Guatemala bajo las siglas Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) y Compañía Procesadora de Níquel de Izabal, S.A. (Pronico).
En noviembre de 2021, Plaza Pública contó cómo esta minera pasa por un proceso de consulta comunitaria dirigido por el gobierno hacia «restablecer el derecho minero». Quienes se oponen a la reactivación de la extracción quedaron fuera del debate, y los invitaron a última hora a una reunión en Palacio Nacional, lejos de la zona del conflicto.
1) La fotografía que contradijo a la PNC
Una fotografía captada por el periodista Carlos Choc el 27 de mayo de 2017 es el punto de partida de la investigación periodística.
La imagen muestra el cuerpo de Carlos Maaz tirado en el asfalto, después de un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC). Él era uno de los pescadores que protestaban contra la mina después de que el lago de Izabal se viera cubierto con una enorme mancha roja en el agua. Los locales atribuyeron la contaminación a la minera.
La fotografía captada por Choc demostraba cómo la PNC protegía los intereses de la empresa internacional en detrimento de las comunidades maya q’eqchi’, pues en sus informes oficiales aseguraban que no hubo ningún fallecido ese día.
Después de esa protesta, Choc fue perseguido por la fuerza pública y señalado de instigación a delinquir. Durante la realización de la nota periodística, los reporteros de El País que recorrieron El Estor también fueron espiados por empleados de la compañía minera, según el reportaje.
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2) Comprar a la policía
En uno de los correos electrónicos filtrados, la mina escribió en octubre de 2021 al presidente Alejandro Giammattei: «Solicitamos la intervención inmediata de las autoridades para que participen activamente en lograr la estabilización de la situación».
Días después el gobierno de Giammattei decretó Estado de Sitio en El Estor y militarizó la zona con el único fin de poner en funcionamiento la mina Fénix. Un reportaje de Plaza Pública da cuenta que las capturas que el gobierno ejecutó durante el estado de excepción, no estaban relacionadas con los supuestos responsables de la conflictividad en el municipio. La PNC, incluso, custodió los camiones de la mina para evitar que no les impidieran el paso.
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El reportaje da cuenta que, entre 2014 y 2017, la CGN-Pronico entregó 1.4 millones de quetzales a la PNC de El Estor y Río Dulce (ambas de Izabal), 35 galones mensuales de gasolina, así como dinero extra para alimentación, reparación de vehículos y renta de inmuebles.
Además, en 2018 la empresa presupuestó 650 mil 856 quetzales en pagos extraordinarios «de apoyo» también a la PNC de El Estor y Río Dulce para garantizar el éxito de un desalojo de pobladores de la comunidad Setal, cercana a la mina. CGN negó que se hayan realizado dichos pagos a la policía.
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3) La evasión de una orden de la CC
Aunque en 2019 la Corte de Constitucionalidad (CC) obligó al Ministerio de Energía y Minas (MEM) a detener las operaciones de la mina Fénix hasta que no realizara una consulta comunitaria, en realidad no dejó de trabajar. Los datos contables de CGN obtenidos a través de la filtración dan cuenta que la compañía reportó ganancias durante el periodo que debió cerrar por orden de la máxima corte.
El año pasado, además, este medio también informó cómo la procesadora de materiales Pronico continuó sus funciones. En ese entonces, el director administrativo de Pronico, Marvin Méndez, dijo a Plaza Pública que la actividad suspendida fue la de la mina, no la de la procesadora.
4) «Comprar líderes» y desplazar comunidades
Parte de los documentos de la empresa también se refieren a la necesidad de «comprar líderes» en barrios de El Estor con la intención de obtener apoyo durante la consulta comunitaria. En los registros de CGN había un mapeo de 46 comunidades aledañas, en el que se estableció que 29 se encontraban a favor de la mina, mientras que cinco estaban en contra y 12 en posición neutral.
La filtración también reveló que Solway donó 34 mil dólares para comprar diez equipos de pesca a líderes de la Asociación de Pescadores Bocas del Polochic. La intención era mantenerlos como aliados. Varios de los integrantes de la asociación participaron en videos promocionales de la minera.
En febrero de 2020, la compañía internacional puso en marcha su plan para desplazar a pobladores de la comunidad Las Nubes, que anteriormente se había negado a ser reasentada. El plan de la empresa era despedir a los empleados que se negaban a entregar sus terrenos y contaminar sus cultivos de cardamomo con químicos. Otra de las ideas, de las cuales se desconoce si fueron puestas en marcha, era difundir el rumor de una epidemia de sida entre los líderes comunitarios.
Un reportaje de Agencia Ocote publicado este año, narra la historia de Las Nubes, una comunidad en la que sus habitantes creen que las sustancias provenientes de la mina están dañando sus cultivos de cardamomo y arruinan sus techo de lámina de metal.
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5) El regalo a un juez cuestionado
En uno de los correos analizados, se encontró uno identificado con el asunto de «urgente» con el que la empresa CGN-Pronico adjudicó regalos de Navidad a distintas personas, entre estas se encontraba el juez de Primera Instancia Penal de Izabal, Edgar Aníbal Arteaga López, quien en 2017 autorizó libertad bajo fianza para dos guatemaltecos y dos mexicanos señalados de lavar dinero para el narcotráfico. Los hombres fueron detenidos cuando transportaban 1.2 millones de dólares en un hidroavión, pero la fianza que pagaron en efectivo fue de 1.2 millones de quetzales. Los cuatro escaparon después de ser liberados bajo fianza.
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