Los dilemas de una reforma constitucional

Sin embargo, es imposible pasar por alto que todo proceso de reforma tiene por fuerza que pasar por el Congreso de la República, entidad que no permite tener ninguna confiabilidad porque sus actores todo lo harían para quedar mejor parados de lo que ya están ahora.

Y realmente se convierte en un dilema, porque el cambio es indispensable, pero realizado bajo la conducción de los diputados, también sería no sólo estéril sino que a lo mejor hasta contraproducente porque todos sabemos que los intereses que ellos persiguen no tienen que ver con los intereses del país.

Yo parto de la tesis de que el modelo nuestro, diseñado por los constituyentes en 1985, está agotado precisamente porque buena parte de la estructura, especialmente las leyes políticas y todo lo que regula el ejercicio de la democracia, fue deliberadamente prostituido por los diputados de entonces que se encargaron de proteger a las cúpulas de sus respectivos partidos. Todas esas organizaciones políticas, las que tuvieron representación en la Constituyente, ya desaparecieron víctimas del mismo sistema que los ha ido reciclando con efectos peores de lo que puede haber sido el pecado original. Se ha sofisticado de tal manera el partidismo en el país que el ejercicio de la democracia se prostituyó porque el sistema fue puesto a merced de los financistas que de esa manera secuestraron a la democracia y en su nombre ejercitan el tráfico de influencias para sacarle raja a un país empobrecido y sin esperanzas.

Los candados impuestos a la reforma constitucional, con la intención loable de evitar manoseos del poder de turno, derivaron en candados a favor de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso de la República y por ello cualquier empeño por reformar el sistema tiene que pasar, a fuerza, por el poder legislativo. Nadie pudo imaginar, creo yo, que se llegaría a los niveles de desprestigio, de manipulación, de clientelismo y de podredumbre que caracterizan a nuestro Congreso. Ni siquiera los politiqueros de la época en que se hizo la Constitución pudieron medir las consecuencias de lo que estábamos creando porque en aquellos días todavía había militancia en los partidos políticos por mística y convicción, mientras que ahora todo es mediante la compra de plazas y de curules.

Hace un par de días, lectores que comentan en la edición electrónica de La Hora planteaban como un reto la necesidad de una reforma constitucional y alguno me recordaba que mi abuelo estaría respaldando tal iniciativa al ver el descalabro de nuestra institucionalidad y los niveles de corrupción que hemos llegado a crear. Sin embargo, se pasa por alto el valladar que la misma Constitución establece para una reforma que sea de fondo, una reforma que busque la estructuración de un pacto social entre los distintos sectores de la sociedad para refundar al Estado y terminar con la manipulación de la democracia que permitió a los financistas convertirse en el motivo y razón principal del ejercicio mismo del poder.

Soy estudioso del orden constitucional y me devano los sesos buscando la salida que nos permita aspirar a un diseño distinto que fortalezca la institucionalidad y garantice el imperio de la ley. Un diseño en el que se respeten los derechos y se exijan con propiedad todas las obligaciones para que los ciudadanos actuemos responsablemente en la vida nacional. Confieso que siempre me estrello con el valladar del Congreso y sus diputados sin atinar a encontrar la solución.