Los dilemas de la reforma electoral

La necesidad de pensar las reformas de las reglas electorales que nos permitan avanzar hacia una democracia que no se limite simplemente al derecho de ejercer el “voto de castigo” contra las pésimas decisiones de la clase política.

Ante la evidencia de que hay un generalizado descontento por las reglas electorales vigentes, cualquier observador externo pensaría que hay condiciones favorables para que se produzca una reforma electoral, especialmente si consideramos que ya hay varios actores políticos dentro y fuera del Congreso de la República que hablan abiertamente de la necesidad de una reforma a la ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP).

Sin embargo, la complejidad de la sociedad guatemalteca es quizá, el mayor obstáculo para un proceso de reforma electoral.

El primer obstáculo es que hay una marcada crisis institucional de muchos actores de la sociedad civil guatemalteca, ya que hay demasiados actores relevantes que están luchando por su sobrevivencia financiera, ante el cambio de prioridades de la cooperación internacional. En ese contexto, cualquier espacio de discusión de las reformas tendrá que superar el problema de los recursos, lo que atenta directamente contra la reforma electoral, entendida como proceso, y no como una única y coyuntural discusión puntual de cambios a la LEPP: sin actores institucionales comprometidos en serio, la reforma no llegará muy lejos.

El segundo obstáculo, claro está, es que las propuestas de reforma electoral deben ser aprobadas por el Congreso de la República, el lugar donde menos opera la regla del “voto de castigo”: las reglas vigentes garantizan que la mayoría de diputados no necesitan hacer campaña electoral directa para ser electos; tan solo, mantenerse fieles a las directrices de sus respectivos líderes partidarios.

El tercer obstáculo serio es que la mayor parte de la ciudadanía, los actores sociales, los académicos, las universidades y centros de investigación, apuestan por impulsar sus respectivas propuestas de leyes –como la ley de Desarrollo Rural o la Ley de Vivienda–, mucho más que por impulsar una reforma electoral. Estratégicamente, eso es un error: no se percatan que las reglas electorales son las que sistemáticamente permiten que los actores políticos operen  de espaldas a la ciudadanía, con la falta de seriedad que les caracteriza. Hace falta, por tanto, un verdadero movimiento ciudadano que obligue a los actores políticos a avanzar en la reforma electoral.

El ejemplo de compromiso de los voluntarios de “Un techo para mi país” debería de ser una lección para todos quienes nos interesa el avance de la reforma electoral: sin un compromiso personal e institucional que permita posicionar los debates de la reforma, más allá de los recursos, estaremos condenados a estar discutiendo estos mismos temas dentro de cuatro años.