En la hoja de vida de Juan Francisco Solórzano Foppa destaca experiencia en criminalística y procesos penales. En particular, es el creador del proyecto de análisis criminal en el Ministerio Público y se le atribuye participación en las investigaciones del caso La Línea. O sea que, en lo que se refiere a capacidad para detectar y desmantelar las redes de corrupción enquistadas en la SAT, una de las principales demandas ciudadanas, la institución pareciera estar más que servida.
Sin embargo, la misma Ley Orgánica de la SAT, en su artículo 27, establece que a Solórzano Foppa no se le evaluará por conducir una investigación criminalística en la SAT, sino por alcanzar la meta de recaudación. Y en las circunstancias actuales esto no será fácil.
Primero, en materia de recurso humano, para alcanzar esa meta no se trata solo de limpiar de corruptos la institución, ya que, además, estos corruptos deben ser reemplazados por profesionales técnicos probos, experimentados y especializados en temas complejos, propios de la administración tributaria. En esta institución es tan difícil y complicado detectar y remover a un trabajador corrupto como reemplazarlo por uno probo y capaz.
Pero también es peligroso. La limpieza de corruptos trae consigo el riesgo de captura de la institución, pues, al reemplazar funcionarios y empleados, ¿de dónde vendrán los nuevos? ¿Cuál es el riesgo de que tengan conflicto de interés y de que, ya en los cargos, se dediquen a beneficiar a grupos específicos de contribuyentes? O peor aún, ¿cuál es el riesgo de que los nuevos trabajadores no provengan de estructuras criminales como La Línea?
Luego, recuperarles a los evasores montos significativos de recursos es una tarea técnicamente compleja. Y es claro que esta no es una especialidad de Solórzano Foppa. Por esto es que el nombramiento de su intendente de Fiscalización es clave. Debe ser un profesional técnico probo, que conozca las técnicas especializadas de detección de riesgo de fraude fiscal, que cuente con el apoyo de un equipo sólido de abogados y auditores con dos capacidades importantes: por un lado, detectar al evasor y aplicarle los procesos administrativos y penales que la ley establece; y por otro, proteger al contribuyente cumplido y honesto.
Pero sobre todo debe ser muy transparente. La SAT acaba de informar que la recaudación acumulada a febrero equivale al 99.3 % de la meta, pero con una tasa de crecimiento interanual de solo 1.7 %. Además, no aclaró que esas metas de enero y febrero están desinfladas, ya que los 1 500 millones de quetzales que el presupuesto vigente para 2016 incluyó como recaudación adicional por medidas administrativas o de recuperación de la SAT están cargados en los demás meses del año. Es decir, al estar desinfladas las metas de enero y febrero, Solórzano Foppa enfrenta metas infladas en los meses venideros. Y con ello será más difícil poder cumplirlas (¡vaya trampita que le heredaron las autoridades salientes!).
El Icefi estima que las metas infladas en los meses venideros ya están generando un agujero fiscal que al final del año será de entre 2 600 y 3 400 millones de quetzales, dependiendo de la evolución de los precios de los combustibles derivados del petróleo. La SAT y el Ministerio de Finanzas Públicas están obligados a reconocer y explicar públicamente esta situación.
Pero quizá el mayor desafío para Solórzano sea recuperar la confianza de la ciudadanía. Con el escándalo de La Línea, la moral tributaria está por el suelo. Y sin ella, aun con el mejor equipo técnico profesional, será imposible alcanzar metas.
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