Según el artículo 268 de la Constitución, la CC es un tribunal permanente de jurisdicción privativa, cuya función esencial es la defensa del orden constitucional. En la realidad, la CC es una instancia que concentra en no más de siete personas la posibilidad de avalar o revertir las decisiones de los poderes del Estado.
Una cuota de poder extraordinariamente grande, que es vulnerable a presiones para forzarla a que actúe conforme a intereses y la imperante impunidad. ¿Qué garantías nos ofrecen este puñado de magistrados de la CC para resistir la influencia de un poderoso? Solo su honorabilidad e integridad.
A la CC le ha tocado decidir en diversos e intrincados casos, quizá los más difíciles los relacionados a candidaturas presidenciales y el pago de impuestos. Por muchos años, la CC ha sido el canal mediante el cual unos pocos privilegiados han revertido varias reformas tributarias. Se trata de los que pueden destinar enormes cantidades de dinero para pagar los abogados que se dedican al oficio de desmantelar la legislación tributaria en la CC, atendiendo los intereses particulares o sectoriales de los financieramente poderosos.
Hasta ahora, este no ha sido el caso con la reforma tributaria aprobada el año pasado. No porque los financieramente poderosos no hayan querido. De hecho, uno de cada tres artículos de la reforma ha sido impugnado, pero de esos, muy pocos han resultado en resoluciones favorables a los inconformes. La CC ha suspendido provisionalmente algunos artículos relacionados con las nuevas facultades que se le otorgaban a la SAT para endurecer los controles y la fiscalización, pero ninguno relacionado con las bases de recaudación de la reforma. Sin embargo, el ataque jurídico contra la reforma continúa, como si se tratase del asedio a una fortaleza cuyos muros hasta ahora han logrado resistir.
Entonces, por lo actuado hasta ahora por la CC, la reforma tributaria vino para quedarse, nos guste o no. Es decir, la CC hasta ahora ha acallado las protestas basadas en el berrinche (a lo Capriles) por el disgusto por pagar impuestos. Ahora bien, cuando la protesta por el pago de impuestos se basa en el mal uso de los recursos vía la corrupción y la falta de transparencia, ¿por qué los “paladines de la justicia”, tan aguerridos contra los impuestos, no demuestran el mismo empeño financiero y político?
Callan y quedan pasivos ante el fraude del “usufructo” de los terrenos de la Empresa Portuaria Quetzal, una concesión disfrazada que debiera conocer la CC, y con esto dar otro paso para frenar la galopante y desbordada corrupción de este gobierno. ¿Imposible? No, para nada. No estamos derrotados y es posible enmendar, como en el caso de la CIDH o la prostitución de la Industria Militar, ambos casos en los que el Presidente Pérez Molina dio marcha atrás enmendando sus errores. Así debería dar marcha atrás con ese “usufructo” o con el fideicomiso que reemplazó al Fonapaz.
Ayer el Magistrado Mauro Chacón dejó la presidencia de la CC para entregársela al Magistrado Héctor Pérez Aguilera. Un nombre, al igual que el del resto de magistrados de la CC, que todos debemos conocer y tener presentes, para fiscalizarles y exigirles que cumplan ante la ciudadanía con la honorabilidad y honradez que tanto se requiere en ese alto tribunal.
Invito al lector a hacerle saber a esos siete magistrados que usted está pendiente e interesado en lo que hacen, y que siempre deben rendirnos cuentas, conforme a la ley, como servidores públicos que son.
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