Sin embargo, en las últimas semanas se ha hecho visible otra forma de “buscar justicia”. Se han trazado caminos y rutas torcidas que intentan vulgarizar la acción del Estado en procura de resarcir a las víctimas.
Originada en una “estrategia de defensa” de altos mandos militares procesados por genocidio, se ha pavimentado una vía retorcida. Vía que lejos de contribuir al sistema de justicia que todas y todos merecemos, se burla de una institucionalidad a la cual debiéramos apostarle como garantía ciudadana.
Quienes hace tres, cuatro e incluso cinco décadas, se salían del Estado de derecho y caminaban al margen de la ley, son incapaces de entender lo que significa marchar por la vía recta de la justicia. Para quienes violentaron el sistema jurídico que ellos mismos impusieron, pues incluso ese esquema restrictivo les resultaba inútil para la estrategia de la barbarie, es inaceptable la utilización positiva del sistema de justicia. No les importa, pues lo que quieren es gestar una guerra psicológica, la cual manejan a la perfección.
Solo así se explica que, primero de la mano de una víctima real de secuestro se impulsara una demanda contra quienes consideraba sus captores. Lástima que pocos días después, esa víctima justificara la inclusión de personas fallecidas o de personas cuya responsabilidad no le constaba, tan solo porque quería lograr la destitución de la Fiscal General. Esa declaración de la intencionalidad de su propósito vacía una carga enorme de ilegitimidad a su demanda.
Demanda que fue seguida de otra, interpuesta igualmente contra las personas incluidas en la primera denuncia, más otras seis. Una tercera demanda incluye a las 32 de la segunda acción penal y suma 20 más. La lógica diría que en la próxima demanda (ya parece epidemia), irían las 52 y quién sabe cuántas más). Los tres casos dieron lugar a la creación de una unidad especial en la Fiscalía de Derechos Humanos, a fin de atender estas demandas.
Desde el punto de vista del fortalecimiento del sistema de justicia y del Estado de derecho, es importante la creación de esta unidad, lo cual dice mucho de las autoridades responsables. Empero, desde el punto de vista de las víctimas de un crimen, resulta preocupante el uso y abuso de la pantomima para interponer una denuncia, por cuanto se hace burla del sistema. Más aún, cuando se interponen acusaciones por delitos tan graves como asesinato y se incluye como prueba únicamente recortes de prensa. No hay preocupación por investigar o documentar un caso, como sí lo han hecho las organizaciones y víctimas que accionan en los procesos por genocidios.
A diferencia de quienes ven en el sistema un circo romano, las víctimas de genocidio y quienes les acompañan, tratan el sistema con la seriedad que requiere y contribuyen con su aporte humilde al fortalecimiento de la institucionalidad que hoy respeta los derechos de víctimas y victimarios.
Lamentablemente, las denuncias presentadas contra lo que serían actores no estatales, incluyen entre las y los señalados a quienes no habían ni nacido cuando tales hechos se habrían cometido. Incluyen también a personas que tendrían entre cuatro y doce años cuando muchos de los delitos se ejecutaron. Es decir, tal parece que se usaron dos tómbolas para armar los textos de las denuncias: una con hechos y otra con nombres y girándolas se armó la lotería del cinismo para intentar burlar al sistema.
Presentar una denuncia por un hecho real, cometido por personas con capacidad para ello es cosa seria, es un actuar científico que impulsan organizaciones que litigan por distintos hechos. Desde la búsqueda de justicia por genocidio y graves violaciones a Derechos Humanos, hasta el litigio por trata de personas o violencia contra las mujeres o contra niños, niñas y adolescentes o el litigio por la protección del ambiente o el derecho a defender derechos. Todos son procesos que concentran la acción de entender el hecho, identificar y establecer el móvil, identificar a victimarios o victimarias, documentar los hechos y realizar las diligencias necesarias para obtener la prueba científica, a fin de proceder. Quienes trabajan en este campo, con su labor cotidiana generan justicia e institucionalidad. Así lo hacen entidades como el Refugio de la Niñez, la Fundación Sobrevivientes, el Centro para Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), la Colectiva Casa Artesana, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODAHG), entre otras entidades. Estas organizaciones y sus equipos, sí contribuyen al Estado de Derecho y sí se toman en serio la justicia. Buscan el camino recto y no van por caminos torcidos, haciendo burla del sistema ni jugando al circo romano.
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