Cuando, en abril de 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP) realizaron las primeras capturas del caso La Línea, el asunto causó indignación enorme, pero en realidad poca sorpresa. Esto, porque la corrupción en el sistema aduanero era un añejo y bien conocido secreto a voces, pero nunca se había tenido el conocimiento sustentado con la presentación pública de pruebas.
Parece que ahora se repite la historia. Que el de Jimmy Morales fue un gobierno corrupto es un hecho bien sabido, pero uno que aún permanece en la categoría de secreto a voces, ya que ha pasado muy poco tiempo para que avancen las investigaciones existentes y salgan a luz las pruebas. Tómese en cuenta que La Línea fue el resultado de casi una década de investigaciones, iniciadas en los casos de defraudación aduanera denominados Furgones 1 y Furgones 2, relacionados con estructuras delictivas que operaron en varios gobiernos. Durante el gobierno del ya defenestrado Partido Patriota, hasta las autoridades superiores del Ejecutivo se integraron a la mafia aduanera, de tal modo que se configuró La Línea. La estructura creció a tal punto que les resultó imposible mantenerla oculta.
El factor adicional al carácter incipiente de las investigaciones de la corrupción durante el gobierno de Jimmy Morales es la contraofensiva del que ahora conocemos como el Pacto de Corruptos. Sin duda, la principal victoria de las mafias que operan desde los poderes del Estado fue la expulsión de la Cicig, la única fuerza que logró llevar a los tribunales a corruptos y a mafiosos y confirmar así las sospechas ciudadanas.
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Sin embargo, pese a que la arremetida vengadora del Pacto de Corruptos es poderosa, no todo está perdido, ya que la Cicig dejó tras de sí conocimiento y, sobre todo, a la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI). La incautación reciente de 122 millones de quetzales en efectivo en Antigua Guatemala, con la implicación inequívoca de José Luis Benito, ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda de Jimmy Morales, a quien este llegó a calificar de «genio» y quien hasta ahora era tristemente célebre por ser uno de los principales responsables del escandaloso fraude del libramiento de Chimaltenango, debe ser solo el primer paso para configurar la persecución penal en contra del mismo Jimmy Morales y de toda su gavilla de corruptos y ladrones.
Por un lado, es lamentable la fortaleza actual del Pacto de Corruptos y la lentitud con que la justicia puede avanzar, especialmente porque hay que esperar a que los ladrones y los corruptos enquistados en el Gobierno dejen los cargos para poder perseguirlos. Además, persiste el problema del Parlamento Centroamericano, una verdadera guarida que ofrece un santuario de impunidad a los mafiosos. Pero, por otro lado, alienta la esperanza por que prevalezca la justicia el hecho de que la FECI continúe trabajando en las investigaciones y en la persecución penal. A ver si logramos proteger a la FECI como no lo logramos con la Cicig.
Este caso evidencia que en realidad no nos enfrentamos a mafias con esquemas sofisticados de operación. Almacenar maletas repletas de dinero sin tan siquiera tener el cuidado de retirar las etiquetas de facturación de equipaje por una aerolínea, con el nombre de uno de los exministros más sospechosos de corrupción y directamente vinculado con el libramiento de Chimaltenango, solo evidencia cuán torpes y grotescos son estos personajes.
Ojalá llegue el día en que Guatemala despierte y tome conciencia de que ha votado para elegir a estos brutos como gobernantes.
¡Jimmy Morales, a los tribunales!
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