En el Legislativo se apila un número de leyes encaminadas a concentrar poder discrecional en las autoridades a fin de mantener bajo control a la ciudadanía. La disidencia social y política será perseguida en caso de que entren en vigor las normas en discusión. En tanto, el Ejecutivo afina el pulso para atacar desde todas las opciones que tiene.
En el Ejecutivo se concentra la mayoría —no así la totalidad— de organismos de inteligencia: organismos que están llamados a servir de auxiliares en la toma de decisiones al proveer a las instancias decisoras la información y los análisis necesarios para ello. Sin embargo, la tentación de utilizarlos para otros fines —que no ha sido exclusiva de este gobierno— es norma común en regímenes dictatoriales que operan al margen de la ley y de las reglas de la democracia: tentación a la que Jimmy Morales no se ha resistido y más bien ha cultivado.
Desde la llegada de Enrique Degenhart al Ministerio de Gobernación esa ha sido la tónica. Por ello este gobierno adquirió equipo de vigilancia física y cibernética cuyo uso en espionaje a dirigentes y a organizaciones sociales se puede documentar. Seguimiento en vehículos de instituciones públicas, uso de vigilancia humana en sedes y residencias e intercepción telefónica sin autorizaciones judiciales, entre otros, son los métodos que este gobierno ha empleado.
Pero el proceso de control no se queda allí. Cuentas en redes sociales con nombre y apellido o el uso de seudónimos en cuentas disfrazadas son la extensión de estos métodos. Dichas cuentas no solo vigilan y llevan registros de las publicaciones de sus objetivos. También sirven de caja de resonancia cuando, una vez completada la acción de espionaje, se da paso a la operación de destrucción social, política o civil de su víctima.
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El incidente en el que el tuitero Víctor García sufrió detención ilegal y arbitraria por parte de autoridades de tránsito del municipio de Mixco y luego de la Policía Nacional Civil (PNC) no es una casualidad. García afrontó al menos tres detenciones previas durante la misma semana sin que hubiera razón aparente para ello. Esto, además de varias acciones que denotan vigilancia en su entorno, así como la publicación, un día antes del incidente, de datos sobre su familia y su actividad empresarial. Un día después del hecho, al menos dos cuentas ligadas a la campaña de defensa del Pacto de Corruptos publicaron información solo accesible para autoridades, entre ella la filmación realizada por uno de los agentes en el punto del retén. Meses antes de este evento, el ciudadano ruso sindicado de uso de dos juegos de documentos falsos y ligado por ello a redes de trata y de tráfico de personas tuvo acceso a videos del área de seguridad del Aeropuerto Internacional La Aurora.
La mañana del lunes, Jimmy Morales y su gabinete anunciaron que ampliarían el período de duración del estado de sitio en el departamento de Izabal. Morales también indicó que lo implantará en dos municipios del departamento de Sololá. Y, para cerrar su alocución, afirmó que algunas organizaciones de derechos humanos serán investigadas porque, según él, tienen vínculos con estructuras de narcotráfico.
Así, estamos a merced de un Congreso destacado por su alto índice de corrupción y por su servicio a los más nefastos intereses de Guatemala, así como de un gobierno cuya corrupción se evidencia con derrumbes diarios en una obra millonaria. Jimmy y la cueva de corrupción en la novena avenida tienen aún 100 días de vigencia para tirar de la soga que le han puesto al cuello de la sociedad guatemalteca a menos que la fuerza de la unidad nos permita detenerlos. Ante nuestros ojos está el peligro, pero también la oportunidad. Unos (el Congreso) y otro (el Gobierno) han hecho ya demasiado daño a nuestra aspiración de vivir en paz y armonía, con justicia y desarrollo.
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