La muerte de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, provocó una ola de críticas hacia las medidas tomadas por el exministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, respecto a la protección hacia periodistas. López Bonilla aseguró que estaba implementando un mecanismo de protección que funcionaba desde el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil.
Después del asesinato de los dos periodistas, el 10 de marzo en Mazatenango, en una entrevista realizada ese mismo día por la cadena internacional CNN, el ministro de Gobernación, aseguró que “existe un mecanismo (de protección a periodistas) y este mecanismo está funcionando y con él hacemos nuestro mejor esfuerzo”.
“Cuando hablo de un sistema de protección a periodistas me estoy refiriendo a lo que hacemos, en Gobernación, con la Policía Nacional Civil (PNC), el Ministerio Público (MP) y la Comisión Presidencial de los Derechos Humanos (COPREDEH)”, dijo López Bonilla a Plaza Pública cuando se le cuestionó sobre su afirmación, días después de la entrevista por CNN. El Ministro se refería a la División de Protección a Personalidades y al trabajo de la Unidad fiscal de Delitos contra periodistas.
Medidas actuales de protección a periodistas
Desde la División de Protección a Personalidades y la Unidad fiscal de Delitos contra periodistas, el procedimiento ante una denuncia es el siguiente: Las autoridades reciben la denuncia del agredido, se inicia un proceso de investigación, se evalúa la necesidad de custodiar al periodista y dependiendo de la gravedad del caso, el periodista recibe seguridad perimetral o un custodio permanente.
No obstante, de acuerdo a la Propuesta Preliminar para el Programa de Protección a Periodistas, cuyo diseño fue designado por la mesa técnica de protección a periodistas a Ana Margarita Castillo en julio de 2014, la custodia sería una medida inmediata tanto para las víctimas en el ejercicio de su función periodística como para las familias. También se activaría un mecanismo de Alerta Temprana para agilizar el proceso de resguardo.
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Del 2011 al 2015, la Unidad Fiscal de Delitos contra Periodistas recibió 132 denuncias y según el fiscal a cargo, Benito Herrera, solo cuatro periodistas cuentan con medidas de protección preventivas pese a las 69 denuncias recibidas hasta abril de este año, por amenazas y coacción.
Ligia Flores, representante de la organización Sala de redacción, aseguró que no existe tal mecanismo de protección. Hay un protocolo para investigar delitos contra periodistas pero no para protegerlos. Prueba de ello es que el 92% de las denuncias presentadas a la fiscalía, apenas están en proceso de investigación.
Según la Unidad de Defensores y Defensoras de los Derechos Humanos (Udefegua), en 2008 Danilo López presentó ante el Ministerio Público una primera denuncia por amenazas por parte del alcalde de San Lorenzo Suchitepéquez, José Linares Rojas.
La declaración de López Bonilla es ENGAÑOSA, porque aunque el sistema al que se refiere efectivamente está funcionado, no es un sistema de protección sino de investigación de delitos contra periodistas a partir de denuncias. Hay una mesa técnica que continúa evaluando la implementación de un Programa de Protección a periodistas.
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