Lo que se ve y lo que no se ve: el aporte de las mujeres que no se cuenta

Por Margarita Cano

En los últimos veinte años, se ha trasformado la estructura productiva del país y las mujeres se han visto enfrentadas cada vez más a la necesidad de insertarse al mundo del trabajo asalariado. Según la Comisión Económica para América Latina (Cepal), en el subcontinente la tasa de participación de la mujer en la economía productiva es de un 54%, todavía bastante diferente del 79% de los hombres.

En Guatemala, la diferencia es de 25 puntos porcentuales. Las dinámicas familiares también se han transformado aceleradamente en estas últimas décadas para adaptarse a las nuevas dinámicas laborales y los efectos de esto repercuten en toda la sociedad.

Según Vivian Guzmán, economista y coautora del estudio “La situación social, el sistema de protección social, prestaciones e impuestos de Guatemala”, de la Fundación Carolina, la inserción de la mujer en el mercado laboral nacional se ve afectada por dos factores: las altas tasas de fecundidad y los bajos niveles de educación.

Guatemala sigue teniendo una de las tasas de fecundidad más altas del continente, con un promedio de 3.6 hijos por mujer. Las diferencias según etnia, lugar de origen y nivel de escolaridad son impresionantes. Una mujer indígena, que viva en el área rural y con un nivel de escolaridad casi nulo, tiene un promedio de 4.6 hijos, mientras que una mujer ladina, del área urbana y con educación secundaria, tiene apenas 2.7 hijos, según la última Encuesta de Salud Materno Infantil.

El otro indicador es el promedio de años de escolaridad. En todo el territorio la cifra es bajísima respecto de otros países, alcanzando apenas los seis años. En el caso de las mujeres, sin importar su origen étnico, los años de escuela son típicamente menos que los de los hombres. Esta brecha en la educación desempeña un papel importante para la incorporación de la mujer al mercado laboral, pues resulta en la obtención de empleos menos estables y con menor remuneración.

Es notable que en los rangos de ingresos mayores, la participación de las mujeres es menor. Esto se debe a concepciones culturales que impiden que la mujer sea considerada para un empleo bajo las mismas condiciones que los hombres. El concepto de que la mujer deberá estar pendiente de los hijos y el hogar es un punto en contra para las mujeres a la hora de aplicar a un trabajo. Aun si la ley contempla que no debe haber discriminación en la contratación, muchos empleadores se basan en esta preconcepción y se imaginan casos como futuros embarazos donde tendrían que dar beneficios extras.

A esto debe añadírsele que hasta el 73% de las mujeres trabajan en el sector informal, lo que significa una situación económica aún más precaria. Aunque la informalidad es una manera de agenciarse un ingreso muy necesitado, este sector no provee ningún beneficio a las mujeres. No se reciben licencias de maternidad, no hay protección social y las ganancias fluctúan constantemente. Esta situación es compartida por las mujeres que son empleadas en negocios familiares sin ninguna remuneración o protección social.

Todo esto, expone Guzmán, es consecuencia de la reproducción de un patrón de división de trabajo muy tradicional. En este patrón, el hombre debe ser el proveedor mientras la mujer debe encargarse del cuidado del hogar y la crianza de los hijos.

Aún cuando las mujeres se incorporan al mercado laboral, el patrón no cambia, los hombres siguen sin contribuir en las tareas domésticas y el trabajo de las mujeres recibe menores recompensas. La inserción de la mujer en el mercado laboral resulta, entonces, en una doble carga de responsabilidad, que a su vez lleva a su deterioro físico y emocional. Según un estudio de la Cepal, en 15 países de América Latina se observa que 98.1% de personas en zonas urbanas y 99.1% en zonas rurales dedicadas exclusivamente a las tareas domésticas son mujeres.

Esto nos deja ver un sistema social donde predominan los patrones patriarcales y donde los roles de género son claramente desiguales. En la Encuesta Nacional de Salud Materno-Infantil del 2002, se revela una cara más de este fenómeno: altos porcentajes de mujeres admitieron que debían “pedir permiso” a su pareja para realizar ciertas actividades, como salir solas de su casa, decidir cómo gastar el dinero, trabajar fuera del hogar, continuar sus estudios e incluso para ir al médico. Las implicaciones de esto son enormes, ya que perpetúa ese patrón tradicional que impide el mejor desarrollo de la mujer como persona individual.

Desde el Estado

Históricamente, la normativa legal de Guatemala ha sido hecha desde una perspectiva masculina y,  por lo tanto, se basa en las experiencias e intereses de hombres. Las mujeres deben hacer un mayor esfuerzo por adaptarse a ella, sobre todo en el ámbito laboral. No digamos en lo que respecta al trabajo informal o el no remunerado en el hogar, este es un tema que ni siquiera se aborda a nivel político en el país. Esto es una gran diferencia de países como España y Argentina, donde desde hace unos años se ha legislado a favor de una jubilación para amas de casa.

En estos países, las mujeres que otorguen un aporte por una cierta cantidad de tiempo tendrán derecho a una jubilación al cumplir la edad estipulada. Este es un claro reconocimiento al aporte de la mujer al país, que claramente es algo más que trabajar o no en un empleo asalariado.

Las mujeres guatemaltecas dedican un promedio de 6.3 horas al trabajo no remunerado dentro del hogar según el estudio de la Fundación Carolina. Este es el aporte “invisible” de la mujer. Las actividades realizadas van desde lavar y coser ropa, hacer limpieza y cocinar, hasta acarrear agua y leña en las áreas rurales. Estas tareas quedan relegadas a las mujeres, sólo dos de cada diez hombres guatemaltecos dijeron participar activamente en actividades domésticas.

A las tareas reproductivas de la mujer se suman el cuidado de niños e incluso de familiares mayores en muchos casos. En Guatemala no existen sólo familias nucleares o monoparentales, sino que se agrega la opción de familias extendidas, donde conviven bajo un mismo techo abuelos, tíos, sobrinos u otros miembros de la familia.

En estos casos, la mujer es tradicionalmente la encargada de manejar el cuidado y bienestar de todos. En un país donde no existen opciones sólidas de programas de cuidado para niños, como guarderías infantiles, y para adultos mayores, la responsabilidad recae en las mujeres.

En el país no existen datos adecuados para hacer un análisis a profundidad sobre el tema del trabajo no remunerado, explica Vivian Guzmán, pues para esto se requeriría la elaboración de encuestas de uso de tiempo. La actual fuente de datos es la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi) que aunque no aporta indicadores específicos, si facilita  la información necesaria para deducir que, en numerosos casos, la carga de trabajo productivo y reproductivo de la mujer guatemalteca es mayor a la del hombre.

En el 2009, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), conjunto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) presentaron el documento “Trabajo y Familia: hacia nuevas formas de conciliación con corresponsabilidad social”, donde se concluye que la reproducción social no debe ser una responsabilidad únicamente de la mujer, sino de las sociedades. Para ello, los roles de género no deben ser discriminatorios y la carga de tareas domésticas deberá ser equitativa.

En Guatemala faltan todavía años para que se rompan los patrones patriarcales que dominan todo lo que respecta al trabajo y la mujer, pero los avances en los últimos años, empezando por la existencia de una conciencia al respecto, han sido significativos.