Lo que pasa cuando el alcalde debe la luz

Lidiar con clientes morosos es una situación que puede poner en apuros al proveedor de cualquier producto o servicio. Si la principal función de este proveedor es subsidiar por el Estado a un sector de la población, el problema puede llegar a consecuencias más graves.

Este es el caso del Instituto Nacional De Electrificación (INDE) y la mayoría de las 14 municipalidades que cuentan con una empresa de distribución eléctrica. Nueve de estas empresas le han pagado mensualmente al INDE menos de lo que consumen y en algunos casos han dejado totalmente de abonar hasta alcanzar un endeudamiento de Q1,459.7 millones.

Antes de 1996, el INDE era el responsable de la generación, transporte y distribución de energía eléctrica para 19 departamentos del país. En la actualidad, aporta el 50% del subsidio de la tarifa social a los usuarios que consuman mensualmente menos de 300 kilovatios hora. El subsidio se realiza por medio de la venta de energía a menor costo a las empresas distribuidoras, entre ellas las municipales. La mitad restante corre por cuenta de los usuarios que excedan los 300 kilovatios hora al mes.

Desde 1998, los precios bajos les permiten a las empresas municipales vender la energía a sus vecinos y así costear el funcionamiento y hasta obtener beneficios para inversión. Pero este proceso ocasiona el problema: no hay manera de obligar a estas compañías públicas a pagarle al INDE.

Los usuarios a los que proveen las empresas eléctricas municipales pagan mensualmente por el suministro –y si no lo hacen se enfrentan a un seguro corte del servicio–, pero en estos nueve casos, el dinero se queda en la empresa municipal.

El dinero va y viene, y se detiene

El gerente de la entidad, Marinus Boer, considera que existe un abuso por parte de los alcaldes, pues sostiene que las corporaciones municipales pueden intervenir en el manejo de los recursos de sus empresas eléctricas sin que haya controles al respecto.

¿Qué sucede con el dinero que no vuelve al INDE?

Boer asegura que ese manejo inadecuado de la empresa le brinda a la municipalidad la posibilidad de colocar el dinero en una institución bancaria y aprovechar los intereses para la comuna o incluso para el beneficio personal de los cargos municipales. “¿Cuántos intereses podrían generar Q400 millones en un banco?”, inquiere Boer.

A criterio de Edwin Rodas, viceministro de Energía y Minas encargado de energía, parte del problema es que algunas de las empresas municipales no tienen mecanismos de fiscalización de los recursos. Además sostiene que se ha identificado que en todas estas distribuidoras hay muy poco conocimiento del manejo de energía y esto resulta en incapacidad administrativa.

No se trata del único señalamiento formulado contra los jefes ediles por el manejo que hacen de los recursos relacionados con la energía eléctrica.

El mes pasado se dio a conocer que varias municipalidades del interior del país fijaban altos costos por el servicio de alumbrado público, de manera arbitraria y frente a una ausencia de mecanismos que regulen estas disposiciones.

La situación en este caso es diferente al endeudamiento con el INDE, ya que se trata de municipios que no tienen empresas eléctricas y es la compañía de distribución –en este caso Energuate– la encargada de cobrar un cargo fijo por alumbrado público a los usuarios y luego entregar a la municipalidad el remanente, la diferencia que la comuna emplea para el mantenimiento de la infraestructura de alumbrado.

Las denuncias en este caso se generan por afectar de forma directa al consumidor. No obstante, Boer considera que los daños al país con las deudas al INDE también son graves.

El INDE aporta cerca de Q1,300 millones de subsidio para la tarifa social. Boer recalca que con un presupuesto de Q3,806 millones para la entidad, la deuda de las municipalidades complica el panorama.

Hace un año, el director del INDE declaró para el Diario de Centro América que esta situación ponía en peligro el subsidio para la tarifa social, aunque en ese momento se manifestó confiado del diálogo. La situación sólo ha empeorado desde entonces. En abril de este año, la institución anunció también el recorte del subsidio para las distribuidoras de Energuate. Se calcula que 238 mil personas resultaron afectadas.

“La deuda afecta a todos los beneficiarios de la tarifa social”, enfatiza Boer.

La culpa es del otro

“Es responsabilidad de las administraciones anteriores”, sostiene Santiago Dávila, gerente de la Empresa Eléctrica de Guastatoya. Según explica, se trata del resultado de omisión de pagos ocurridos en otras gestiones municipales.

La empresa que dirige tiene una deuda de Q44.6 millones. Sin embargo, la previsión de la comuna es que pronto se pueda salir de ella. Según Dávila, en un plazo de dos o tres meses estará funcionando nuevamente una planta hidroeléctrica que está inactiva desde 1957 y que es capaz de producir 125 megavatios, cantidad suficiente para generar Q165,000 mensuales. Además hay un proyecto más grande, el de una planta de 300 megavatios con lo que las autoridades municipales esperan producir hasta Q400,000 mensuales.

“Tienen esta hidroeléctrica, pero por falta de mantenimiento dejó de funcionar. Han tenido la intención de repararla, pero todavía no lo han hecho”, explica Boer.

La deuda de Guastatoya es casi 19 veces menor que la de Quetzaltenango, el municipio más empeñado con el INDE, con Q849.3 millones. La mayoría de las municipalidades más endeudadas, a excepción de dos de Jalapa, se encuentran entre los 100 municipios con índices de pobreza más bajos, mientras que tres de las cinco que son solventes están entre las 60 con mayor porcentaje de población que vive en la pobreza.

Uri Mizraim Vásquez, encargado de comunicación social de Quetzaltenango, atribuye la falta de pago a que el INDE empezó a cobrar una tarifa más alta a partir de 2009. Según explica, la tarifa anterior correspondía a un contrato suscrito en 1978 que aún se encuentra vigente debido a una resolución judicial, pero indicó no saber cuál era el número de resolución, qué juzgado la emitió ni en qué fecha.

“Es totalmente falso”, replica el gerente del INDE. Según manifiesta, no es posible que, con los costos actuales, las municipalidades esperen continuar pagando tarifas de hace 35 años.

En septiembre del año pasado, el presidente Otto Pérez Molina sugirió la posibilidad de encontrar un equilibrio entre las tarifas que reclamaban el INDE y la comuna quetzalteca, un acuerdo de pago que reduciría la deuda en Q560 millones. Finalmente nada sucedió. Según la municipalidad, la deuda está entre Q77 millones y Q90 millones.

También en 2012, la Empresa Municipal de Quetzaltenango abonó Q130 millones y Q30 millones más este año. Sin embargo, los abonos han sido insuficientes para menguar la deuda y la suma de los pagos equivale a un aproximado de diez meses de consumo.

El alegato es similar en el caso de Huehuetenango. El alcalde de ese municipio, Augusto Gómez, coincide en que dejaron de pagar por el alza en la tarifa. “Era cuatro veces mayor”, exclama. Le empresa eléctrica de su municipio adeuda 418.67 millones.

Según explica Gómez, cuando recibieron el incremento del 400% en 2010, las autoridades municipales tomaron la misma decisión que las quetzaltecas: no pagar. Esto le significó a su corporación municipal varias demandas. “A mí me abrieron proceso de antejuicio y les pusieron arraigo a varios concejales, pero estamos tranquilos porque tenemos el apoyo del señor Presidente”, sentencia el jefe edil electo por el Partido de Avanzada Nacional.

Pese a las versiones de los alcaldes, las deudas con el INDE provenían de años atrás. Ya en 2004 se planteó una iniciativa de ley en el Congreso orientada a que se le condonara esta deuda a Quetzaltenango. La Comisión de Asuntos municipales y la de Energía y Minas consideraron improcedente esta medida y no llegó al pleno de diputados.

Los incrementos en las tarifas son una práctica común. Cada dos años, cuando las distribuidoras renuevan los contratos, el INDE introduce un incremento de acuerdo al incremento de los costos, pero el aumento no llega a ser tan sensible como el que vieron las municipalidades de Quetzaltenango y Huehuetenango. ¿La razón? Boer relata que cuando los alcaldes de estos municipios se negaron a pagar, durante la pasada gestión, el INDE reaccionó aplicándoles los precios del mercado.

El alcalde huehueteco tiene previsto reunirse con el Ministro de Energía y Minas el próximo miércoles 24 de julio. Gómez confía en encontrarle entonces una salida al problema. A su juicio, el cobro mensual debería rondar los Q2 millones y no los casi Q9 millones que pide el INDE.

Carlos Aníbal Martínez, jefe de la división socioeconómica del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Ipnusac), explica que hay una parte del problema que se origina con la privatización del servicio eléctrico a finales de la década de 1990: una de las consecuencias directas fue el incremento en las tarifas. Pese a ello sostiene que la responsabilidad es de las comunas: independientemente del precio, reciben fondos que no pagan como establece la ley.

Vásquez asegura que la comuna quetzaltenca mantiene la misma tarifa por kilovatio hora a los vecinos desde 1978. La empresa cobra Q0.47 por kilovatio hora en las áreas residenciales y Q0.57 en el resto del área de cobertura (según datos del departamento de información de la compañía municipal). En este municipio no hay tarifa social. Sin embargo, la tarifa de otras empresas eléctricas municipales el valor del kilovatio hora es de cerca de Q1; mientras que en el occidente del país, las tarifas establecidas por Deocsa están entre Q1.8 y Q2.03.

Una solución que respete las autonomías

Los mecanismos del INDE se han centrado en las acciones legales contra las municipalidades sin mucho éxito. Boer ejemplifica con el caso de Jalapa. Esta empresa municipal tiene un convenio de pago mediante el cual busca cancelar su saldo pendiente en cuotas que acompañan a su consumo mensual. El problema está en que el consumo mensual es mayor que el pago que efectúan.

La situación persiste a pesar de que la empresa está intervenida por el INDE desde 2002.

El gerente del Instituto justifica que el interventor sólo puede administrar los ingresos, pero no puede tomar parte en los mecanismos operativos y administrativos para evitar el tráfico de influencias que permite que parte de la población no pague su consumo.

Plaza Pública intentó conocer la versión de la comuna de Jalapa o de su empresa eléctrica. La empresa solicitó las preguntas por correo electrónico. Hasta la fecha no ha habido respuesta.

Aunque en algún momento se planteó también la posibilidad de interrumpir el suministro eléctrico a estos municipios, esta opción no ha encontrado respuesta positiva en las instancias legales debido que se sancionaría a los vecinos que sí pagaron a las empresas eléctricas. Una medida así también afectaría servicios como el alumbrado público, los espacios comunales y hasta el suministro de agua potable.

La dificultad está en que ni el Ministerio de Energía y Minas ni la Comisión Nacional de Energía Eléctrica pueden tomar partido en este litigio –pese a las esperanzas que el alcalde huehueteco mantiene con respecto a su reunión con el Ministro. Así lo explica el viceministro de Energía. Según Rodas, tanto el INDE como las municipalidades cuentan con autonomía y deben ser ellos los que solucionen este problema.

Boer considera que una alternativa podría ser que los usuarios en los municipios con empresas eléctricas cancelen su factura mensual en una agencia bancaria y que de manera automática quede establecido el pago para el INDE y el pago de planilla de la empresa, sin que la comuna tenga acceso a más recursos que la cantidad que les quede después de estos pagos.

De cualquier manera, actualmente no existe una legislación al respecto y cualquier modificación en el sistema de pago tendría que pasar por el Congreso de la República.

La solución para la municipalidad quetzalteca es más sencilla y se limita a esperar, al menos por el momento. Según indica Vásquez, en agosto se vence el contrato de 1978 y será en ese momento que se podrá iniciar un proceso de regularización –pendiente desde que se formó la empresa– que les permita licitar la compra de energía tras haber pagado el monto pendiente.

El vocero de la municipalidad de Quetzaltenango sostiene que al empezar a licitar podrían obtener tarifas más bajas que las que les ofrece el Instituto, pero el viceministro de Energía sostiene que en el Mercado Mayorista de electricidad es difícil encontrar tarifas como las que han gozado las comunas hasta ahora.

De ser correcta la apreciación de Rodas, la tarifa que les toque pagar a los vecinos sería más alta que la de las empresas distribuidoras que reciben el suministro eléctrico del INDE y bastante alejada del precio que se les ha mantenido de manera irregular durante años.

Los incrementos bruscos de tarifas no sólo han provocado más rebeldía de las municipalidades hacia el INDE. También han sido motivo, en el caso de la distribución privada, de una conflictividad social especialmente evidente en el occidente del país en sectores cubiertos por la Distribuidora de Occidente S.A. (Deocsa), filial de Energuate. Este tema fue uno de los detonantes que llevaron en octubre del año pasado a un grupo de pobladores de Totonicapán a una protesta que finalizó con varios heridos y seis manifestantes fallecidos, algunos a causa de heridas de bala de armas del Ejército. Sin embargo, un aspecto importante es que la tarifa de ninguna empresa eléctrica municipal supera a las de las distribuidoras de Energuate.

Boer añade a esto que las empresas eléctricas municipales deben limitarse a proveer a los usuarios de áreas residenciales, pero que Quetzaltenango se salió de esta jurisdicción y también provee energía a las actividades comerciales e industriales, añadiendo un posible elemento de competencia desleal a la ecuación. “Habría que preguntarse si por eso un par de zapatos es más barato en Quetzaltenango que en el resto del país”, concluye.

En la medida que el problema persiste, ciertas municipalidades buscan mecanismos para salir de su millonaria deuda, otras esperan resoluciones judiciales que les permitan ganarle el pulso al INDE y algunas hasta se muestran confiadas de una intervención por parte del Ejecutivo que les permita salir indemnes.