En la última semana, prácticamente no pasa jornada sin la noticia de hundimientos o derrumbes en calles y carreteras de todo el territorio. Los efectos de la corrupción y el abandono que durante años han sufrido poblaciones rurales, le estallan ahora en el rostro a las poblaciones urbanas, en particular a la citadina.
Ya sea porque el diseño de carreteras no corresponde con su uso, transporte pesado sobre materiales aptos únicamente para transporte liviano, o porque no hubo adecuado estudios de suelos, sucede que los terrenos ceden al agua como una espumilla a la ligera presión de la mano. Pero también resulta que los colectores de aguas servidas no han tenido mantenimiento en décadas. Situación que se vio claramente cuando en 2010 hubo un hundimiento en la zona 2 y otro en la zona 6. En ambos casos, la línea trazada entre uno y otro era recta y correspondía al mismo tramo de colectores.
Una docena de años después, los colectores de la ciudad, así como de la mayoría de municipios continúan sin recibir mantenimiento o reparación. Por supuesto que tampoco hay evidencias de que los recursos se invierten en ampliar o fortalecer la red de los mismos.
Que la temporada de lluvias llega cada año, lo saben las autoridades. Que los efectos del cambio climático mantienen períodos de precipitación prolongados, también lo saben las autoridades. Y, que la infraestructura sobre la que se asientan vías de transporte es infuncional para esas condiciones, por supuesto que lo saben. Entonces no hay dudas sobre las causas de los hundimientos y derrumbes. No es la lluvia de la temporada, no es que las personas lancen basura a los tragantes en las ciudades, no es que la gente construya sus viviendas en laderas o barrancos por placer y gusto de arriesgarse.
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Alcaldes municipales de los lugares en donde se han producido los socavones, así como los ministros de Comunicaciones de los últimos veinte años, son responsables del daño en la infraestructura. Una responsabilidad que raya en lo criminal no solo por el robo descarado de recursos en complicidad con empresarios sinvergüenzas sino también por las vidas perdidas y los patrimonios destruidos.
Los daños por la desidia burocrática nacional o municipal se han acumulado durante los dos últimos gobiernos. El actual fue incapaz de gestionar la respuesta a la pandemia del Covid-19 y nos tiene en el índice más bajo de vacunación. Alejandro Giammattei Falla no solo socavó los recursos del Estado pues también tomó por asalto la institucionalidad para manejo de las eventualidades como los impactos por temporada de lluvias.
El Instituto de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), fue desmantelado desde el gobierno de Jimmy Morales. Desmantelamiento que se profundizó durante el gobierno de Giammattei. Similar experiencia correspondió a la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), así como a la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH). Las tres entidades han sido tomadas por asalto y entregadas al manejo de la corrupción en detrimento de las funciones que deben cumplir según las leyes de la materia.
Las tragedias que hemos vivido en estos días no tienen su origen ni en la acción de la naturaleza ni en la limitada cultura urbana de la población. No es porque llueve mucho o porque los drenajes se tapan por la basura. No, pues como bien lo dice Brenda Hernández en su cuenta de twitter, lo que tenemos es una lluvia de corruptos, basura de funcionarios.
Los gastos de millones en salarios y dietas del funcionariado estatal y municipal no se justifican ante los resultados de sus gestiones. Más que el cobro por servicios es una clara extorsión del huracán de sinvergüenzas y basura que detentan sin merecerlo, el control del aparato del estado. ¿Cuánto más vamos a tolerarles antes de reclamar masivamente su salida del poder.
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