Los desafíos para un presidente que inicia su gestión son enormes. En el caso de Alejandro Giammattei, quizá su primer y más grande desafío es demostrar rápidamente que será capaz de iniciar el proceso para enmendar la situación desastrosa que le hereda Jimmy Morales, con problemas muy graves en prácticamente todos los ministerios.
Luego de ese primer y principal desafío político, creo que el segundo es financiero, ya que recibe unas finanzas públicas en crisis grave. La carga tributaria está registrando un desplome agudo al cerrar 2019 en 9.7 %, lo que representa un retroceso de la capacidad de pago del Gobierno y una reducción acelerada de la principal fuente de financiamiento del gasto público.
Por otro lado, la Corte de Constitucionalidad sentenció que debe cambiarse la forma en que se calculan los aportes que por disposiciones constitucionales el Gobierno central le debe pagar a la Universidad de San Carlos de Guatemala, a las 340 municipalidades, al Organismo Judicial, al Comité Olímpico Guatemalteco y a la Confederación Autónoma Deportiva de Guatemala. Como resultado de esta sentencia, en 2020 estos aportes crecerían en más de 8,000 millones de quetzales, un monto que es prácticamente igual al del presupuesto total del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, superior al de los ministerios de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda y de Gobernación y alrededor de la mitad del de Educación.
Estos, solo por mencionar dos de las numerosas anomalías financieras que debe enfrentar el nuevo gobierno. La gravedad de la situación fiscal hace que el alardeo de Jimmy Morales respecto a que el saldo de la caja fiscal cerrará en 2019 con más de 1,800 millones de quetzales no sea más que verborrea demagógica barata. A Giammattei ese saldo de caja se le esfumará en un abrir y cerrar de ojos, si no es que ya se esfumó en estas primeras dos semanas de enero.
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La solución a la gravísima situación fiscal pasa por reformas estructurales. Una es rescatar la Superintendencia de Administración Tributaria de la debacle institucional en la que se encuentra, que en 2019 incumplió una vez más la meta de recaudación, maniatada por la política de Jimmy Morales de alcahuetear fiscalmente a sus amigos y financistas y de no cobrar impuestos para no incomodar a quienes le brindaron apoyo político. Otra es la inevitable tarea de impulsar una reforma fiscal que incluya medidas de política tributaria, la peor pesadilla para cualquier político, especialmente para los más preocupados por no desgastarse ni perder capital político en términos de popularidad.
Se suman a las complicaciones financieras severas una desconfianza muy fuerte por la relación y dependencia de Giammattei con estamentos militares, algunos de los cuales enfrentan señalamientos serios de violaciones de derechos humanos en actuaciones pasadas. Las personas designadas para integrar el gabinete de seguridad, y los funcionarios que allí tendrán a su cargo las fuerzas civiles de seguridad, deben demostrar que tienen el compromiso de respetar los derechos humanos y con sus actuaciones desvanecer las preocupaciones por que repitan abusos y actos represivos.
La lista de desafíos y preocupaciones es larga. El tiempo de celebrar la victoria electoral debe quedar ya muy atrás, pues a Giammattei le ha llegado la hora de la verdad y le toca hacer gobierno enfrentando la inexorable realidad de desgaste creciente y de pérdida de popularidad. Como a todos y en cualquier situación, está por verse si lo hace bien y tiene éxito o si repite el bochorno de Jimmy Morales.
Los dados están en el aire para Guatemala.
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