«Sueño con ser jueza o magistrada. Me gusta la justicia», sentencia la joven, convencida y a la vez desalentada.
Guatemala es un país de abogados, para bien o para mal. Buena parte de las élites de este país se ha formado en las facultades de Derecho. Y en estos tiempos de judicialización de la política han cobrado más notoriedad los jueces de las altas cortes al marcar el paso del destino del país con sus decisiones, al igual que los abogados que litigan casos de importancia e intentan traducir a la población los efectos del vaivén de amparos que sacuden el mundo político y las instituciones nacionales.
Hace unos días muchos analistas y periodistas se quebraban la cabeza para tratar de explicar el sentido y las razones detrás de las resoluciones emitidas por el tribunal constitucional con impacto electoral. Muchos no concebían cómo los mismos magistrados que emitieron resoluciones favorables a la permanencia de Iván Velásquez y del embajador Anders Kompass no concedieron el amparo que posibilitaría la participación de Thelma Aldana en el proceso electoral. Armaban y desarmaban su mapa de relaciones de poder y no cuadraba.
¿Neftaly Aldana? ¿Por qué razonó su voto? ¿Seis contra uno? ¡Imposible! ¿Gloria Porras no votó a favor? Todos armaban sus teorías, se pronunciaban, y nadie leía las resoluciones. Todos partían de la premisa de que los jueces solo responden a intereses políticos y personales y buscaban desentrañar las supuestas macabras intenciones de los juzgadores. El derecho y la justicia, desechados.
No todo en este mundo se explica con base en un mapa de relaciones de poder. En la judicatura, como en muchas otras profesiones, hay personas que realizan su trabajo a conciencia y con ética. En el caso de los jueces, revisando los hechos y ponderando las normas y los principios para emitir una decisión que se sostenga en un criterio jurídico.
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En Guatemala, el ejercicio de la judicatura no genera ilusión en los buenos estudiantes de Derecho por conocidas razones. Tenemos una Corte Suprema de Justicia que es resultado de una negociación en la que presuntamente se sobornó a diputados del Congreso de la República, que ha desbaratado líneas jurisprudenciales en distintos temas y que, con claros vínculos con el poder político, se ha negado a tramitar o declarar con lugar algunas solicitudes de antejuicios en casos en los que hay claros indicios de participación de personajes de la vida nacional en hechos delictivos. También tenemos una Corte de Constitucionalidad que cada día se desgasta más por su enorme carga de trabajo y porque resuelve conflictos que deberían dirimirse por la vía política.
En medio de tanto, es importante que los estudiantes de Derecho, esos que guardan una profunda convicción de justicia, no dejen que les gane el desaliento ni se desanimen. Los más firmes pilares de una república son una buena administración de justicia y, aunque muchos lo consideren una visión romántica, el togado concienzudo que se adhiere a determinada corriente de interpretación jurídica, sostiene tesis y decide conforme a derecho.
En el país de las ponencias que se ofertan, de los doctorados exprés, de las comisiones de postulación que se amañan y de algunos malos jueces que se doblegan, se debe conservar la ilusión: una ilusión sana y necesaria para la construcción de un verdadero Estado de derecho.
Pronto Guatemala los necesitará. Llegará el tiempo de los ilusos, de jóvenes estudiantes como Marisol. Como dice un conocido profesor de Derecho Constitucional: «De esos ilusos que aún creen en el derecho».
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