El estado de derecho no existe y la ley penal se utiliza como herramienta de retaliación contra quienes ejercen y defienden derechos, así como contra quienes han combatido la corrupción o aplicado la ley con apego a la misma. Personas operadoras de justicia o defensoras de derechos humanos son el objetivo de la alianza criminal que se ha encaramado en el poder.
Alianza que abusa de las facultades que la ley le otorga, como se ha visto en el caso del Ministerio Público (MP) cuya titular Consuelo Porras, logró un segundo período a costa de pervertir el derecho. Para servir al pacto que ha destruido la democracia, Porras desmanteló la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) y la dejó en manos de Rafael Curruchiche que la ha convertido en un mal chiste como dependencia.
Además, Porras ha usado a la actual Feci ,así como a otras fiscalías, para perseguir con procesos espurios a fiscales o ex fiscales y a personas defensoras de derechos humanos. Virginia Laparra, ex jefa de la Feci en Quezaltenango, lleva más de cien días de privación de libertad, gracias a la acción ilegal de Porras y al contubernio del juez Sergio Mena, operador de la corrupción. Mena ha emitido resoluciones que no corresponden a derecho pero que hacen parte del proyecto de criminalización de la delincuencia organizada que ha hecho de Guatemala un estado mafia.
En otros procesos, las personas defensoras de derechos humanos, Nanci Sinto, Dulce Archila y Juan Francisco Monroy, enfrentan un arbitrario proceso penal por haber ejercido sus derechos de reunión, manifestación y expresión del pensamiento. En una operación arbitraria y con excesivo uso de la fuerza, la Policía Nacional Civil (PNC), reprimió a quienes manifestaron el 21 de noviembre de 2020, contra el gobernante Alejandro Giammattei.
Ese día y pese a que hubo policía acuartelada en el Congreso, se produjo un incendio que fue prontamente controlado pero de cuya autoría responsabilizan sin fundamento a varias personas, entre ellas a Nanci, Dulce y Juan. Con ello, la alianza criminal pretende imponer un castigo ejemplar por el hecho de haber alzado la voz, por haber manifestado contra la flagrante corrupción del gobierno de Giammattei.
Mientras la PNC y el MP se ensañan contra quienes ejercieron sus derechos sin delinquir, nada han avanzado en la deducción de las responsabilidades de quienes provocaron la pérdida del ojo izquierdo de Keneth López y Carlos Manuel González. Ambos jóvenes, que ejercieron su derecho de manifestación, recibieron en la cara el impacto de bombas lacrimógenas lanzadas como proyectiles en un evidente uso indebido del equipo antidisturbios.
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El pacto criminal que ha secuestrado la democracia utiliza el poder que por el momento ostenta, para proteger a los criminales y ensañarse contra la ciudadanía digna que procura una mejor sociedad. Quienes han asaltado el estado de derecho no conocen la dignidad ni tienen capacidad de ofrecer algo bueno. Por el contrario, sus vidas son un catálogo de delitos o acciones de corrupción y depredación de la ley que ahora utilizan como instrumento represivo.
En cambio, Virginia Laparra, Nanci Sinto, Dulce Archila y Juan Francisco Monroy, entre otras personas defensoras, no son delincuentes. Son gente honrada que desde sus respectivos espacios ha dado lo mejor de sí en favor de la sociedad.
Por ellas y ellos es necesaria la movilización ciudadana para demandar que cese la arbitrariedad. Hoy es indispensable mantener la voz en alto y llenar cada sitio de listones amarillos que expresen el reclamo social de libertad. En cada poste, en cada lugar visible del país, pero sobre todo en los entornos del poder, el amarillo en los listones ha de ser un coro que levante la voz contra la arbitrariedad y por la recuperación de la libertad.
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