No fueron capricho ni sacados de la manga, los cerca de ochenta recursos de amparo que llegaron a la Corte de Constitucionalidad (CC) y que cuestionaban una parte o todo el procedimiento. Desde la convocatoria, los criterios que se incluyeron en las tablas de gradación, la manera en que se evaluaron las objeciones, el tiempo y modalidad de entrevista o remedo de esta, entre otros, fueron los elementos planteados. Centrales fueron también las quejas sobre conflicto de intereses puesto que, comisionados en salas de apelaciones eran aspirantes a CSJ y viceversa. También, hermanos y familiares de diputados o funcionarios de alto rango, tal el caso del esposo de la actual fiscal general, Thelma Aldana y ex presidenta de la CSJ.
Vicios en el proceso, en cada una de las etapas, sobran. Y por lo tanto, razones para enmendarlo también. De allí que, cuando la CC, integrada con un Magistrado y una Magistrada suplentes (por ausencia de dos titulares), resolvió otorgar amparo provisional que impidió la juramentación de las y los electos por el Congreso, se buscaba impedir la consumación de un daño irreparable a la justicia.
Una medida que para ser plenamente eficaz requiere el otorgamiento en definitiva, previa resolución de los amparos aún no resueltos y en cuya resolución, la CC puede indicar el rumbo a seguir para superar el fallo. Esto es, asegurar que la elección de las y los funcionarios que habrán de administrar justicia se realice sobre la base de un universo de aspirantes con experiencia y no de una lista de gente con pisto pero sin vergüenza ni calidad profesional.
Ello requiere que la CC esté integrada por gente no atada a los intereses del bolsillo propio y ajeno. De manera que, el Magistrado Héctor Hugo Pérez Aguilera, está forzado a inhibirse de conocer futuras acciones. No solo porque ya emitió opinión pública al declarar a los medios su interpretación sobre los temas de fondo que aún debe resolver la CC, sino por su evidente intención de reelegirse a la CC, motivo por el cual estaría negociando su voto en el tema.
También se requiere salir al paso a las campañas de propaganda falaz que circulan en correos electrónicos y que intentan levantar el petate del muerto sobre un golpe de Estado. Advertencia que ha sido expresada tanto por la aspirante Blanca Aída Stalling, como por el Secretario General del Sindicato de Trabajadores del Organismo Judicial (STOJ), Juan Ramón Lau Quan.
No ha habido ningún “golpe de Estado técnico”, según afirman estas personas. Hubo el otorgamiento de un amparo para evitar que al tomar posesión, las y los designados por el Congreso en sesiones apresuradas, surgidos de listas armadas en procesos cuestionados, se concretara una situación irreparable para la justicia. Ahora corresponde a quienes afirman haber sido electos con base en la ley, probar que el proceso carece de cuestionamientos. En tanto que, a quienes han acudido al amparo, ampliar los argumentos expuestos a fin de salvar el valor supremo de la independencia judicial.
Guatemala merece justicia. Para ello, se necesitan cortes independientes, capaces y honradas. Algo que solo se construye con rigurosos procesos de selección que apuntalen el sistema de carrera y hagan de lado la improvisación y la componenda. De tal suerte que, el reclamo para que la CC Anule el Proceso, sea el listón blanco que todas y todos alcemos para demandar justicia.
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