Licencias de conducir y construcción del poder inmigrante

Dentro de los múltiples cargos imputados, tres de ellos tenían que ver con no contar con licencia de conducir, violar una señal de tránsito y proveer una falsa identificación personal. Del Cid fue sentenciada a 12 años y medio de cárcel, pero en 2016 fue liberada e inmediatamente deportada a Guatemala.

Este y otros funestos pero prevenibles accidentes de tránsito recuerdan uno de los tantos temas no resueltos en el controvertido y relegado debate de la reforma migratoria: la adquisición de licencias de conducir para personas indocumentadas.

Quienquiera que haya circulado por las calles y carreteras de Estados Unidos sabe que el sistema vial de dicho país es mucho más complejo que el de los países y las ciudades de Latinoamérica, por muy vastas que sean las redes viales de esta región. Además, las leyes de tránsito son estrictamente aplicadas por patrullas de policía tanto estatales como de los condados y de las municipalidades. Y muchas veces afectan desproporcionadamente a comunidades de color.

La seguridad vial es una prioridad en un país que cuenta con una red de carreteras de más de 6 millones de kilómetros y un parque de 264 millones de vehículos, en una sociedad que precia la vida (aunque muchas veces unas más que otras) y se preocupa por disminuir las muertes por accidentes de tránsito, que suman una tasa de 1.8 millones de accidentes fatales por cada 100 millones de millas recorridas.

Así, estudiar apropiadamente el reglamento de tránsito y pasar el examen para obtener una licencia de conducir son requisitos indispensables para manejar de manera segura. El tema se vuelve crucial para los inmigrantes indocumentados en áreas rurales debido a la insuficiencia de transporte público para llegar al lugar de trabajo, hacer compras o ir a la escuela o donde el doctor.

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En muchos estados, antes de los ataques del 11 de septiembre de 2001, cualquier persona que probara que vivía en el estado, independientemente de su situación migratoria, podía solicitar una licencia de conducir. No obstante, bajo el argumento de redoblar las medidas de seguridad para prevenir el terrorismo en vuelos comerciales y establecimientos federales, los estados empezaron a poner más restricciones bajo la nueva política federal del Real ID, siendo una de ellas contar con un número de seguridad social, con lo cual se les vedaba ese privilegio a millares de trabajadores indocumentados.

Por mi trabajo, durante años he escuchado, con el corazón acongojado, historias sobre las consecuencias de no contar con este necesario documento que la mayoría damos por sentado. Muchos piensan que los inmigrantes son invisibles, que no son nadie, que son incapaces de ser agentes de cambio. Pero, frente al renovado discurso antinmigrante, pareciera que nuevos y viejos actores de esta lucha son conscientes de que, sin organización, sin estrategia y sin una ruta para presionar a los tomadores de decisión, el tema volverá a quedar relegado. De ahí que la lucha por obtener una licencia de conducir se haya convertido, junto con la causa de los dreamers, en otro de los espacios políticos inmigrantes más importantes de los últimos tres lustros. A lo largo y ancho del país nuevas coaliciones multirraciales han convertido esta lucha en un ejercicio participativo desde las bases para cambiar un sistema que, a falta de reforma integral, excluye a millones. Gente (aparentemente) ordinaria con coraje extraordinario.

Son doce los estados que ya otorgan licencias de conducir sin tener en cuenta la situación migratoria de los solicitantes. Finalmente, en el estado de Minnesota, después de 16 años de intentos, la iniciativa de ley pasó en la Cámara de Representantes. En vista de que es la única legislatura dividida, con un Senado controlado por el ala republicana, las oportunidades de que pase en esa cámara son mínimas, pero el apoyo multisectorial es contundente y la estrategia se concentrará allí.

Esperemos que la voluntad política y el músculo cívico en que el movimiento por las licencias se ha constituido logren un éxito histórico que brinde seguridad, tranquilidad, certeza en la economía, y reduzcan los riesgos de que accidentes trágicos como aquel de febrero de 2008 nunca se repitan.