Esta categoría se aplica, según Naciones Unidas, cuando ocurren más de cinco muertes. En Totonicapán fueron ocho (o nueve... ¿o más? porque luego de las mentiras y desmentiras de altos funcionarios ya no se puede confiar en ninguna de sus cifras como oficial).
Ocho vidas perdidas. Sin embargo, no parece ser el tema más importante. En entrevista de un informativo televisivo del mismo jueves por la noche, la intervención del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ante estos hec...
Esta categoría se aplica, según Naciones Unidas, cuando ocurren más de cinco muertes. En Totonicapán fueron ocho (o nueve... ¿o más? porque luego de las mentiras y desmentiras de altos funcionarios ya no se puede confiar en ninguna de sus cifras como oficial).
Ocho vidas perdidas. Sin embargo, no parece ser el tema más importante. En entrevista de un informativo televisivo del mismo jueves por la noche, la intervención del ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, ante estos hechos inició diciendo que estos “incidentes” deben contextualizarse ya que “el 85 por ciento de la población rechaza los bloqueos a carreteras porque va contra el derecho a libre locomoción y afecta la productividad del país”. Esas fueron sus primeras declaraciones ante la muerte de conciudadanos, cuya seguridad se supone debía él resguardar. ¿Y el sentimiento de condolencia hacia las víctimas y sus familias? ¿Y el reconocimiento del valor de esas vidas como funcionario contratado para velar por ellas?
Solo esta declaración -no digamos la negligencia en el manejo de los hechos propiamente dichos- hubiera dado pie a la destitución del funcionario en cualquier democracia real, en otros países del mundo. Pero aquí, esta declaración no solo es aceptada sino reforzada y promovida. Es un mensaje -seguramente correspondiente a una estrategia del más alto nivel- que representantes de élites políticas y económicas comenzaron a repetir hace meses. Y por lo visto con éxito, porque ahora también es un mensaje recurrente en sondeos de opinión pública y comentarios de ciudadanos de a pie en medios masivos y redes sociales.
En Guatemala hemos llegado a tal cinismo -o nos hemos dejado envolver en una campaña tan bien armada- que el derecho a la libre locomoción y la productividad económica parecen ser más importantes que el derecho a la vida.
El Presidente en su discurso por medios audiovisuales quiso re-encauzar su postura y priorizó el valor de las vidas perdidas. Pero ojalá eso se plasmara en la realidad y no se quedara en palabras (muy a su estilo oratorio de campaña electoral). Lamenta los hechos, hace ofrecimientos y se vende como el presidente que más ha abierto espacios de diálogo. Pero en la realidad, nada de eso ocurre. Una forma manifiesta de tomar riendas en el asunto, hubiera sido presentar una nueva estrategia para atacar las causas sistémicas de estos conflictos, i.e., diálogo efectivo; y por otro lado, la redirección en el manejo de manifestaciones sociales y otros efectos del conflicto.
El Presidente se jacta diciendo que es un Gobierno de puertas abiertas al diálogo. Pero diálogo no es simplemente hacer como que se escucha, sino hacer algo al respecto ¿dónde hay un ejemplo de que dicho diálogo haya llegado a soluciones efectivas? Ilustran como buen manejo, la mesa de diálogo instalada luego de la marcha campesina que inició en Cobán en marzo. Y ¿dónde están los hechos que evidencien efectos tangibles de dicha agenda? Como manifestó el Centro de Comunicación para el Desarrollo, CECODE, en un comunicado el día de ayer: “el diálogo tiene sentido cuando es recíproco y no una excusa para dar larga a las justas demandas de los pueblos”.
Otra respuesta incuestionable del Presidente, hubiera sido destituir a los altos funcionarios involucrados en el mal manejo del conflicto, empezando por quienes deberían garantizar la seguridad ciudadana. En cambio, el Presidente no solo no hace nada, sino sale a dar una serie de declaraciones contradictorias que le restan credibilidad y da el espaldarazo a sus funcionarios negligentes. A todas sus anchas, el ministro de Interior da nuevas declaraciones de prensa reiterando que se procederá a desalojos si se obstruye la libre locomoción. ¿Y qué iba a esperarse? Al parecer, luego de la masacre y la pérdida de ocho (nueve... ¿más?) vidas humanas, el Gobierno tiene claro sus prioridades: es más importante la libre locomoción y la productividad que la vida de los guatemaltecos.
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