Van 19 meses desde que el Ejecutivo presentó las denominadas “leyes de transparencia”, formalmente las iniciativas de ley números de registro 4461 y 4462. Incluyen reformas a leyes clave como las orgánicas del presupuesto, de la Contraloría General de Cuentas y de la SAT, la ley de probidad o la creación de una ley de fideicomisos públicos. Desde entonces, he dedicado por lo menos seis columnas en este espacio, haciendo hincapié en su importancia y dándole seguimiento a su tránsito accidentado por los laberintos del Congreso.
Luego de un abandono por parte del Ejecutivo y el partido oficial, la iniciativa de ley 4461 (reformas a las leyes orgánicas del presupuesto, de la contraloría y de la SAT), fue dictaminada tres veces por comisiones distintas (transparencia, probidad y legislación). En su momento, esta multiplicidad de dictámenes generó conflictos y señalamientos entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la República, incluyendo el oficialismo. Como un ejemplo extraño y hasta inverosímil de madurez política, estas diferencias lograron dirimirse mediante una mesa de trabajo técnico, que concluyó en un dictamen favorable conjunto que no sólo disipó el conflicto político, alcanzando un acuerdo técnico sobre su contenido, sino además cuenta con el saludo y el apoyo de varias organizaciones y alianzas de la sociedad civil, incluyendo la Alianza por la Transparencia (AporT) y la Alianza de Apoyo Técnico al Legislativo (Atal).
En esta ocasión, la aprobación de estas leyes se posiciona políticamente como una condición a la aprobación de los préstamos que fueron incluidos como fuente de financiamiento del gasto que el Congreso aprobó en el presupuesto de 2013. Aunque discutible en el caso de otras leyes que también se quieren aprobar como condición para los préstamos, en el caso de las leyes de transparencia este condicionamiento no está nada mal: antes de aprobarle al gobierno más deuda o el presupuesto para 2014, primero las leyes que fortalecen la transparencia. Legislación que, al parecer, cada vez que dan un paso adelante hacia su aprobación ponen nerviosos a muchos.
Así, ésta es otra coyuntura favorable para su aprobación, hasta el punto que el viernes pasado la instancia de jefes de bloque del Congreso había acordado convocar al Pleno hoy martes, e incluirlas en la agenda legislativa. Como suele suceder en el Congreso, este acuerdo político tambaleó durante el fin de semana, y ayer lunes por la tarde ya se había decidido no convocar al Pleno y que las leyes de transparencia ya no encabezarían la agenda legislativa.
Van 19 meses con esto, y ya es demasiado. Las leyes ya están más que consensuadas técnicamente y dictaminadas favorablemente. Políticamente el escenario no podría ser mejor, aprobarlas como condición previa a los préstamos por los cuales el gobierno y el partido oficial suplican de rodillas, ante la inminente quiebra de las finanzas públicas.
Pero el bloqueo se resiste a ceder. Creo que ha llegado el momento de discriminar entre diputadas y diputados enemigos y a favor de la transparencia. El primer paso es conocer qué legisladores pertenecen a las comisiones dictaminadoras y se niegan a firmar los dictámenes. El segundo, la ciudadanía debería poder conocer la posición de todos y cada uno de los 158 diputados sobre estas leyes, y preguntarles cuál es su posición y cuál sería su voto.
¿Qué tal una acción ciudadana por parte de los medios de comunicación para este cuestionario? ¿A cuántas diputadas y diputados les conviene políticamente aparecer en la lista negra de los enemigos de la transparencia?
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