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Leyes antipandillas o el mito de Eris reloaded

El craso desconocimiento de los adultos sobre el ser social juvenil podría considerarse aceptable y hasta propio de las tensiones intergeneracionales
El fracaso consiste en que ninguna ley antipandillas ha logrado los resultados por los que supuestamente fue creada.
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Leyes antipandillas o el mito de Eris reloaded

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El ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, quiere que los miembros de maras y pandillas en Guatemala sean declarados “terroristas”. Esta estrategia, fundamentada en argumentaciones sin solidez técnica, recuerda el mito de Eris, la personificación griega de las desavenencias. La fama de esta diosa obedece a haber lanzado la manzana de la discordia que, entre otros, originó la Guerra de Troya. A Eris —madre de la Pena, el Olvido y el Dolor, entre otros personajes semejantes— se le reconoce por prodigar mentiras y sembrar cizaña para cosechar violencia y muerte.

Redes-lateral

Una propuesta populista

Al mejor estilo del populismo punitivo, leyes antipandilla y otras argucias manoduristas suelen esgrimirse en Centroamérica cuando acontecen dos circunstancias básicas: la primera, cuando ha sucedido un hecho delictivo grave que lacera el imaginario ciudadano (como la quema de un bus en el municipio de Mejicanos, en El Salvador, perpetrada por integrantes del Barrio 18 en 2010, que dio como resultado la muerte de catorce personas brutalmente calcinadas), la indignación crece y las voces se enardecen, pero los políticos, en lugar de apelar a la cordura y generar respuestas inmediatas y a la vez técnica y políticamente viables (como brindar atención a las víctimas e intensificar la lucha contra la impunidad), optan por subirse súbitamente a la ola de la demanda por más seguridad, aprovechándose de ella para impulsar medidas populistas e improvisadas.

La segunda, cuando un funcionario o una institución pública quieren proyectar una imagen mediática autoritaria (por lo general de hombre fuerte, con los “pantalones bien puestos”), sea para consolidar su posición, desmarcarse de una administración anterior o generar mecanismos para aumentar su quizás mermada popularidad o aceptación pública.

En ambas circunstancias resulta claro que prima un criterio político populista, sin que medien consideraciones técnicas basadas en análisis y evidencia para tomar decisiones más acertadas.

En el aún escaso debate suscitado en Guatemala, se ha dicho que este tipo de legislación resulta innecesaria porque en el ordenamiento jurídico ya existen otras figuras que resultan suficientes para juzgar a los pandilleros. Se ha mencionado también que este tipo de legislación atenta contra los derechos humanos (aunque este argumento puede no ser del agrado de muchas personas que ven con ojos de desconfianza este tipo de derechos, en especial cuando se trata de adscribirlos al otro o la otra, porque seguramente si consideraran que le son violados los derechos propios no tardarían en pronunciar un grito estridente hacia el cielo). Se ha referido incluso que este tipo de legislación genera otros problemas de inseguridad, como la agudización de la problemática penitenciaria, que dista mucho de referirse solo al hacinamiento, pues también se relaciona con la conformación y gestión de nuevos grupos criminales que continúan delinquiendo desde los centros de privación de libertad.

Pero también existen algunos otros ángulos de análisis que cabe considerar antes de promulgar a la ligera una ley como la que actualmente se discute en Guatemala.

Claras dificultades de implementación

Operativamente hablando, la persecución de personas a quienes se considera “pandilleros” se basa en supuestos y percepciones del tipo “si tiene tatuajes, si camina así, si se viste de cierto modo, si hace estas señas, si dibuja grafitis, entonces es pandillero”. Esto no solo puede estar alejado de la realidad, mermando la ya exigua eficacia policial, sino fundamentalmente impide la realización de investigaciones criminales basadas en evidencia sobre la conducta delictiva, poniendo en su lugar la criminalización indiscriminada de una mera pertenencia grupal cuyos márgenes resultan difíciles de distinguir. Adviértase, a manera de ejemplo, que muchas clicas en la actualidad han optado por evitar los tatuajes, o hay miembros de pandillas que cursan exitosamente estudios universitarios e, incluso, hay entre ellos empleados bancarios que para nada aparentan pertenecer a una clica.

La apariencia sobre cómo alguien luce, además, está relacionada con muchos otros distintivos sociales que pueden prestarse a confusión con modas y estilos juveniles que podrían estar conectados con las llamadas culturas juveniles. Estas últimas —por lo general desconocidas por las fuerzas del orden público— son formas extremas o dramatizadas de expresión de las identidades juveniles; se relacionan normalmente con un período específico en el ciclo de vida y tienen como propósito el afincamiento de mecanismos colectivos de identificación y, en ese sentido, ayudan a las personas adolescentes y jóvenes a ir definiendo su lugar propio en la vida social y ganar autonomía.

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El craso desconocimiento de los adultos sobre el ser social juvenil podría considerarse aceptable y hasta propio de las tensiones intergeneracionales; sin embargo, resulta inaceptable que funcionarios públicos y operadores de instituciones que trabajan con jóvenes o de alguna manera se relacionan con ellos y ellas desconozcan qué culturas juveniles existen, cómo se expresan, qué significados adoptan los distintivos identitarios que asumen. Tal desconocimiento se ubica en la base de numerosos malentendidos e, incluso de violaciones a los derechos humanos de las personas jóvenes. Debido a esta ignorancia, muchos cuerpos policiales se convierten en el enemigo público número uno de las juventudes. El acoso, persecución y eventual captura de skaters, góticos, punk, grafiteros, entre otros, es la prolongada cauda de la que se ha alimentado esta legítima animadversión de muchos jóvenes con respecto a las fuerzas de seguridad del Estado.

Más allá de las culturas juveniles, cabe considerar que las generalizaciones que se hacen sobre la apariencia de alguien suelen nutrirse de prejuicios y estereotipos sociales mucho más profundos y arraigados de lo que a veces estamos dispuestos a aceptar. En países donde existen las llamadas “leyes antipandillas”, la actuación policial tiende a ensañarse contra jóvenes hombres, por lo general pobres, urbanos, de piel oscura, a priori considerados delincuentes. La versión actual del joven desviado, no permitido (en contraposición al joven “bueno”, el estudiante), a todas luces prejuiciosa, clasista, racista y discriminatoria, se encarna en la figura del pandillero.

Pero todo esto no solo constituye un hecho claramente discriminatorio sino, como se ha señalado, genera actuaciones policiales ineficientes (redadas en donde se captura a cientos de personas que muy pronto salen libres por falta de pruebas, congestionando aún más un sistema de justicia sumamente endeble, en lugar de focalizar acciones a partir de investigaciones criminales sólidas, dirigidas a objetivos precisos); aterroriza a las poblaciones urbanas más pobres, que ya bastante tienen con las distintas formas de violencia que padecen (que distan mucho de ser solo imputables a las pandillas y se refieren también a violencia contra las mujeres, violencia de género, violencia asociada con el narcotráfico, violencia estructural, entre otras); y genera desconfianza y enormes distancias y barreras entre la ciudadanía —particularmente entre los jóvenes— y la institución policial. Esta última, en un esquema democrático, es supuestamente una de las entidades públicas que debiera estar cerca de las problemáticas cotidianas más sentidas por la población, en lugar de ser percibida como un cuerpo policial corrupto, abusador, juvenicida, desleal a su propio pueblo.

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La desconfianza, el recelo e incluso el miedo que pueden llegar a despertar los policías entre los jóvenes no es poca cosa. Es un fenómeno que extiende sus efectos traumáticos negativos, pues por adscripción se amplía hacia las instituciones públicas y, por consiguiente, mina el sentimiento de pertenencia ciudadana, tan clave para la democracia (e incluso para la identidad nacional que muchos defensores de las leyes antipandillas preconizan en otros espacios, con lo cual quizás podría invitárseles a reflexionar sobre qué sentimiento por ¿su? país pueden llegar a tener jóvenes que han sido acosados y perseguidos por la policía simplemente porque no se respeta su “derecho de portación de cara”).

Remiendos “nuevos” en paños viejos o más de lo mismo

Pero quizás el argumento más sólido en contra de las leyes antipandillas es que han demostrado histórica y fehacientemente ser un rotundo fracaso. De acuerdo con quienes las promulgan y defienden, se trata de leyes que buscan reducir la incidencia criminal de estos grupos —algo en lo que es difícil estar en desacuerdo, pues mayor seguridad democrática constituye una necesidad ciudadana urgente—. Una ampliación de ese argumento es evitar que más jóvenes “se brinquen” o integren a estas agrupaciones.

El fracaso consiste en que ninguna ley antipandillas ha logrado los resultados por los que supuestamente fue creada. No se necesita ser experto en seguridad para reconocerlo: basta analizar el caso de El Salvador (aunque la historia reciente de Honduras también muestra prácticamente lo mismo), país en el que ni la Ley de Proscripción de Maras, Pandillas, Agrupaciones, Asociaciones y Organizaciones de Naturaleza Criminal, Decreto 458, promulgada por la Asamblea Legislativa en 2010; ni la sentencia de la Sala de lo Constitucional de 2015 en la cual se declara terroristas a la MS y al Barrio 18, han contribuido a reducir los desmedidos niveles de violencia y criminalidad que agobian a la ciudadanía. Es más, el año 2015 presentó récords históricos en la tasa de homicidios (108 por cada cien mil habitantes), que luego comenzaron a reducirse en 2016 y 2017 (con 81.2 y 60 por cada cien mil habitantes, respectivamente), pero que por mucho siguen constituyendo una epidemia de violencia que ubica a El Salvador como uno de los países más violentos del mundo. Tampoco disminuyeron otros delitos difíciles de medir —dada la carencia de series sistemáticas y robustas de datos al respecto (como en el caso de la extorsión)—, pero que resultan fáciles de advertir en el terror y la especie de autoencierro de facto en el que actualmente vive la mayoría de la población del vecino país.

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Con respecto a cómo las leyes antipandillas minimizan el ingreso de adolescentes, e incluso de niños, a las pandillas, el fracaso también es la constante. Como podrá colegirse, esto último también resulta difícil de probar, pues además de que no se cuenta con ninguna cifra metodológicamente confiable acerca de la cantidad de miembros de estas agrupaciones como para conformar una línea de base, tampoco es viable mostrar datos sobre cuántos niños, adolescentes y jóvenes se brincan a estas agrupaciones, o son sus simpatizantes. Sin embargo, referencias testimoniales de pandilleros, expandilleros, familiares de estos y pobladores de los barrios considerados “rojos” en Guatemala, Honduras y El Salvador, indican que en muchos casos las pandillas ni siquiera tienen que reclutar, pues los mismos niños y adolescentes añoran pertenecer a ellas. En otros casos, dada la existencia actual de familias pandilla (o pandilleros de tercera generación, los más “puros” entre ellos), ni siquiera es necesario ser brincado (con lo cual este tipo de legislación debiera contemplar cómo tratar a hijos e hijas de pandilleros, lo cual podría prestarse a fundamentar oprobiosas prácticas de exterminio genocida).

Hacia nuevas y más eficaces estrategias de solución

Los resultados de las leyes antipandillas u otros mecanismos similares de “mano dura” deberían contrastarse con estrategias que están probando ser mucho más efectivas. El caso de la misma Guatemala resultaría un excelente ejemplo para corroborar hipótesis distintas sobre qué funciona y qué no funciona en materia de seguridad, pues aun siendo el único país del Triángulo Norte de Centroamérica que carece de ley antipandillas, ha venido disminuyendo sus tasas de homicidios consistentemente en los últimos años, hasta mostrar las más bajas de la subregión. En efecto, según reciente informe del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), entre 2016 y 2017 la tasa de homicidios se redujo en Guatemala de un 27.3 a un 26.1 por cada cien mil habitantes. Aunque no existe consenso sobre las evidencias causales de esta disminución, según reputados analistas ello podría explicarse, por un lado, por las políticas de investigación y persecución criminal focalizadas que generan evidencia suficiente sobre la responsabilidad criminal; y, por el otro, por la tenaz lucha contra la impunidad que actores como el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) están liderando, con amplio apoyo ciudadano.

En este sentido, y en muchos otros, si de verdad quisiéramos abordar con seriedad el fenómeno de las pandillas y evitar que niños, niñas, adolescentes y jóvenes delincan (sea como parte de las maras y pandillas, o sea como parte de bandas o de otros grupos criminales que no hay que perder de vista en la ecuación para evitar caer en sobresimplificaciones con respecto a los distintos grupos que están generando violencia), es preciso impulsar políticas preventivas masivas, basadas en evidencia y con suficientes recursos para ser sostenibles, no solo en el tiempo, sino también técnicamente. De nuevo, Guatemala tiene ejemplos previos de prevención de violencia que estaban dando resultados positivos: léase, las Escuelas Abiertas, destruidas y minimizadas debido a criterios clientelares y político partidistas del gobierno del Partido Patriota.

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A la par, es importante considerar que la prevención no está en el extremo del espectro opuesto de las estrategias que stricto sensu se consideran de seguridad. Por el contrario: a más prevención, más seguridad, como diría el experto canadiense Irvin Waller.

En todo caso, estas y otras iniciativas deben fundamentarse en la idea central de que el fenómeno de las maras y pandillas en Centroamérica es un fenómeno de naturaleza social, y no exclusivamente un problema de seguridad. Como problema social, el fenómeno hunde sus raíces en dinámicas relacionales e históricas asociadas con la pobreza, la carencia de oportunidades, las limitadas políticas sociales y de protección de la niñez, la adolescencia y la juventud. Revertir un fenómeno solo por sus consecuencias, sin ir a las causas, resulta, además de populista, insensato; nos recuerda a la vieja Eris intentando vendernos nuevas manzanas de la discordia para generar más violencia.

 

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