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Lejos de la desescalada. Elementos para otra estrategia

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Lejos de la desescalada. Elementos para otra estrategia

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La pandemia sigue avanzando y creciendo. Muestra de ello es que en las últimas dos semanas se confirmaron un millón de casos nuevos de COVID-19 en todo el mundo. El número más alto desde el inicio. En la actualidad, afecta más a regiones como Centroamérica, el Caribe, México y Sudamérica.

El dominio de Occidente sobre las noticias y redes sociales en Guatemala, principalmente de Europa y Estados Unidos, ha generado una expectativa de desescalada de las medidas de prevención en la población. En estos países algunas ligas de deportes están de vuelta y todos los días escuchamos noticias del regreso a la actividad económica. Hablan de una “nueva normalidad”.

Aunque es cierto que lugares como España, Italia y Estados Unidos vivieron las semanas críticas de la primera ola en marzo y abril, la semana pasada la Organización Mundial de la Salud (OMS) expresó preocupación por el avance de la pandemia en nuestra región, proyectando que estamos en las semanas críticas y veremos el pico de casos y muertes por COVID19.

La evidencia global aporta lecciones para contener la pandemia que nos conviene revisar. En Francia, por ejemplo, los datos administrativos de salud confirman que la probabilidad de morir por COVID19 se eleva a partir de los 60 años y en Italia el mismo tipo de datos muestra que 96% de las defunciones reportaron una o más comorbilidades.

Si bien países en desarrollo como Guatemala tienen tasas menores de comorbilidades, a diferencia de Europa y Estados Unidos estas no se concentran en la tercera edad y muestran estadísticas preocupantes para población joven. Como ya lo estamos observando, la población joven representará un número considerable de casos críticos. En contraste con lo que observamos en Europa y Estados Unidos, en Centro y Sudamérica podemos esperar que 1 de cada 4 personas entre los 40 y 70 años tendrán mayores riesgos de complicaciones relacionadas al COVID-19.

A esto se suman las enfermedades crónicas que presionan el sistema de salud (hipertensión, diabetes, entre otras), epidemias ya existentes y la débil infraestructura salud— legado de la corrupción y ausencia de planificación basada en la evidencia.

Los factores preexistentes que agravan la pandemia en Guatemala y Centroamérica contrarrestan la “ventaja demográfica” que alegan ciertos sectores y gremios del país— en la que se espera observar menos concentración de defunciones en la población de la tercera edad— y, por lo tanto, menor presión en el sistema de salud.

Por tanto, estamos lejos de la desescalada en las medidas de contención para aplanar la curva, que según lineamientos del Gobierno empieza cuando se observe una reducción notoria en los casos positivos que se detecten a diario.

Dinámicas que agravan los efectos de la pandemia en el país

Según la Organización Panamericana de la Salud (OPS), al crecimiento en casos y defunciones nuevas por día se suman dos preocupaciones que pueden moldear el comportamiento de la pandemia en el trimestre junio a agosto: la llegada del lluvias, las inequidades en salud y las dinámicas transfronterizas.

Las fronteras preocupan por la importación de casos, tal como se ha visto entre las fronteras de Nicaragua y Costa Rica. En dichas fronteras viven comunidades en riesgo, con acceso limitado a servicios de salud en todos los niveles de atención. Los gobiernos deben prepararse para compartir información y asegurar que se implementan protocolos de detección de casos y cuarentenas en pasos fronterizos.

Las lluvias y el invierno aumentan la posibilidad de que se propaguen infecciones respiratorias. La inequidad en salud viene acompañada de la discriminación sistemática que ha dejado a grupos en mayor riesgo de emergencias sanitarias que otros (mujeres y niñas, población rural, pueblos indígenas y población en general que vive en pobreza).

La inequidad en salud no es un fenómeno exclusivo de la pandemia. Es una trampa de pobreza que explica los malos resultados del país en desnutrición, mortalidad materna e infantil y demás enfermedades crónicas que hoy implican riesgos de complicaciones en salud frente al COVID-19.  Esta inequidad en salud también determina las capacidades de “reactivación económica” ya que a todos los países les conviene superar las fases críticas en el menor tiempo posible.  

Para hacer frente a los factores que agravan el avance y escalada de la pandemia en el país, la OMS recomienda las siguientes acciones clave para calibrar las medidas de contención del nuevo coronavirus:

  • Fortalecer las medidas de vigilancia de casos— mayor número de pruebas diarias para identificar casos, aislar casos positivos, establecer nexos y cuarentenas a pacientes según corresponda;
  • Generar datos confiables que se puedan desagregar por variables clave;
  • Fortalecer la capacidad de comunicar e informar a la población;
  • Y mantener las restricciones para reducir los espacios para nuevos contagios, limitando la movilidad y prohibiendo celebraciones y eventos sociales que impliquen aglomeraciones.

El tiempo perdido que no podemos recuperar

En Guatemala vimos cómo la mayoría de las personas atendieron las medidas presidenciales en marzo, abril y mayo. Estos meses fueron clave para permitirle al Gobierno aplazar el pico de contagios, organizarse y planificar el despliegue de acciones.

Pero el tiempo de planificación y organización ya se agotó. Ahora nos enfrentamos a la fase crítica de esta ola de contagios en la que esperamos ver crecimiento en el número de casos nuevos y muertes diarias por COVID19.

La pandemia llevará al máximo las capacidades de atención, operación y coordinación interinstitucional de nuestro sistema de salud. Las regiones del país donde el crecimiento de casos es exponencial van a estar bajo presión diaria, sin suficientes camas para atender los casos críticos. En este escenario, la calibración de acciones recomendada por la OMS depende de la capacidad del Gobierno de tomar decisiones colegiadas y de la adecuada administración de los recursos destinados a la emergencia.

Un estudio implementado por Population Council en el mes de abril, con una muestra de 144 informantes clave en municipios de mayoría indígena, reporta que para 98% de los informantes la falta de comida es el reto principal para atender cuarentenas. Estos son territorios que ya están afectados por las condiciones de pobreza, exclusión y malos resultados en desnutrición y seguridad alimentaria.

A la preocupación por la comida le siguen la falta de agua (reportada por el 30% de informantes) y el acceso a servicios básicos (20%), por lo que lavarse las manos no es una recomendación demasiado viable para prevenir contagios. A esto se suma que el 70% reportan que el precio de los productos para desinfección es muy alto y no se consiguen en la comunidad.

El mismo estudio reporta que 8 de cada 10 personas practicaban las medidas de distanciamiento dispuestas por el Gobierno hacia finales de abril. Además, 9 de cada 10 personas sabían que debían acudir al sistema de salud en caso de sospecha en síntomas. El reto que esto implica es que las comunidades más aisladas no tendrán acceso a las clínicas donde se pueda confirmar o descartar el diagnóstico. Lo que deja mucho espacio de improvisación y aumenta las posibilidades de contagios.

Lo que podemos hacer para enfrentar la etapa crítica de la pandemia

El estudio reporta que 70% de los informantes obtienen de las cadenas del presidente y el ministro de salud la información que usan para prevenir el contagio. Sin embargo, en las últimas semanas hemos visto que la población está empezando a desconfiar de los datos de Ejecutivo y ha dejado de atender las medidas de prevención.

Frente a la capacidad limitada de recolectar pruebas de forma masiva, el Gobierno debe asumir la responsabilidad de comunicar de manera asertiva y transparente sobre el avance de la pandemia en la etapa más crítica (chats en vivo por redes sociales, conferencias de prensa, etc.)

La OPS/OMS es clara en señalar que la pandemia no se comportará de la misma manera en todas las partes del mundo. Que haya regiones del país que no reporten casos confirmados de COVID19 no significa que no haya transmisión comunitaria del virus. Al contrario, aplazar los contagios nuevos en estos territorios nos da la oportunidad de aliviar la presión sobre los hospitales. En México, por ejemplo, la OPS reporta que estados como Guerrero vieron la capacidad hospitalaria cerca del colapso con el 78% de las camas ocupadas con tan solo 2,500 casos. Podemos anticipar escenarios similares fuera de la capital.

La respuesta al COVID19 debe sostener la inversión en las cadenas de suministro de los medicamentos esenciales para las enfermedades no transmisibles. De la experiencia con la epidemia del virus del ébola sabemos que frente a la emergencia sanitaria las personas con enfermedades crónicas interrumpen la atención médica por la dificultad de salir de casa y temor de al contagio.

Frente a la llegada del invierno, la OPS recomienda revisar los planes nacionales de emergencia ante desastres y realizar ejercicios de simulación que identifiquen brechas y oportunidades para asegurar que las respuestas a COVID19 y desastres estén articuladas. Además, señala la urgencia de garantizar el pago oportuno y el suministro de equipo de protección al personal de salud en todos los niveles de atención.  

El confinamiento perpetuo de las mujeres y niñas excluidas

Por último, las epidemias afectan de manera diferente a hombres y mujeres. Las mujeres son las principales cuidadoras de los hogares y toman decisiones sobre la salud de la familia. Garantizar su participación en la distribución de programas de apoyo a la emergencia y procurar informarles de manera oportuna son acciones clave que el Gobierno debe poner en marcha.

Datos compilados por ONU Mujeres Guatemala muestran que las mujeres indígenas que viven en pobreza general (79%) y extrema (21%) enfrentarán en la pandemia retos tres veces mayores que el resto de la población. Investigaciones del Population Council enfocadas en niñas y mujeres que viven en condiciones de exclusión en Guatemala y el mundo demuestran que las niñas y mujeres ven su movilidad reducida desde el momento en que llegan a la pubertad: pasan la adolescencia y la vida adulta temprana confinadas al trabajo doméstico, con embarazos no deseados ni planificados, expuestas a diferentes formas de violencia.

Para muchas mujeres en Guatemala, atender las medidas de confinamiento implica un riesgo. Según datos del Ministerio Público, los reportes de violencia doméstica aumentaron en un 40% desde el inicio de las medidas de confinamiento y el toque de queda viene acompañado de alarmas Isabel-Claudina. A esto se suma la realidad subregistrada de niñas y mujeres que viven con alguna discapacidad; quienes también ven los riesgos en su cotidianidad agravados por la pandemia.

Si bien el Gobierno y la Secretaría Contra Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas (SVTE) han sido sensibles a esta realidad, se deben intensificar los esfuerzos de coordinación interinstitucional y poner a disposición de las mujeres cuantos canales de denuncia y comunicación sean posibles en idiomas maternos o con servicios de interpretación.

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