«Legalidad» ante legitimidad

La supuesta legalidad de los procedimientos judiciales y electorales que vemos hoy, carecen de sustento fundamental, legitimidad y credibilidad.

Hoy, existe un acuerdo casi total en que el Holocausto es una de las más graves y vergonzosas tragedias de la humanidad durante el siglo XX. Semejantes crímenes fueron el resultado de la configuración de un Estado genocida, con instituciones y leyes especialmente diseñadas para perpetrarlo. El concepto de legalidad puede ser muy complejo y este espacio no es el adecuado para abordarlo con la profundidad debida, pero debemos poner mucha atención y aprender de la historia, para poner en contexto de sensatez y prudencia el principio general del derecho dura lex, sed lex, «la ley es dura, pero es la ley».

Sin embargo, ante la coyuntura actual que sufre Guatemala, cabe plantear el asunto de la legitimidad de las leyes: ¿son todas las leyes legítimas? El ejemplo de la Alemania nazi, aunque extremo si se quiere, vale por su claridad y crudeza. El Holocausto no fue un hecho instantáneo ni casual, fue un proceso basado en el antisemitismo, un fenómeno de profundas y complejas raíces históricas. Con la llegada del partido nazi al poder en 1933, el Estado alemán sufrió una serie de modificaciones estructurales, incluyendo

las Leyes de Núremberg, que legalizaron el racismo, aprobadas en 1935 por unanimidad. Contenían una normativa discriminatoria que le dio sustento legal a acciones en contra del pueblo judío, que iban desde normas de magnitud estructural, como la eugenesia como política oficial, hasta normas cotidianas como prohibiciones para trabajar, matrimonios o relaciones sexuales con judíos o personas con «sangre judía», tocar en una orquesta sinfónica o tener una mascota. Los crímenes cometidos, en el régimen político y legal de la Alemania nazi, fueron legales.

A lo largo del régimen nazi, se emitieron alrededor de 400 leyes antisemitas. Con la excepción de grupos con ideología ultra radical de derecha, neofascistas y neonazis, esta legislación es considerada ilegítima y dañina.

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Es decir, no todas las leyes, ni las acciones legales, ni los procesos judiciales son legítimas. Esto choca con la interpretación rígida del principio dura lex, sed lex, y de manera mucho menos sofisticada, con la narrativa y el discurso de las autoridades de las entidades del sistema guatemalteco de administración de justicia actual. En ya demasiados casos, las declaraciones y explicaciones de Consuelo Porras, actual fiscal general y jefa del Ministerio Público, de Rafael Curruchiche, actual fiscal especial contra la impunidad, de las magistraturas de la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y del Tribunal Supremo Electoral, de muchos diputados y diputadas, pero muy especialmente de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda del Congreso de la República, evidencian una visión ultra legalista miope, rígida y cerrada, que menosprecia la legitimidad de sus acciones, limitándose a una parafernalia legalista.

Por muy legal que aparente ser, no pueden ser legítimas la aplicación de leyes, las investigaciones de las fiscalías, los procesos judiciales en contra de periodistas limitando la libre expresión del pensamiento, en contra de jueces y fiscales anticorrupción, que limitan el derecho de asociación, en contra de defensores de los derechos humanos y del territorio, entre otros, todas derechos fundamentales, humanos y constitucionales. El descuido de la legitimidad de las acciones legales y judiciales, así como transformó a la Alemania nazi en un Estado genocida, está transformando el guatemalteco en Estado represor, autoritario y antidemocrático.

Urgen debates profundos, democráticos e informados sobre la legitimidad de la acción de las entidades del sistema de administración de justicia, para distinguir lo «legal», ilegítimo por definición, de lo legal, legítimo por necesidad y consenso social.