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El ex ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda del gobierno de Jimmy Morales, José Luís Benito, accede a la torre de tribunales para la audiencia de primera declaración por el caso Libramiento de Chimaltenango, el 28 de enero

Las visitas a José Luis Benito: Constructores que llegaron al CIV en año electoral

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Las visitas a José Luis Benito: Constructores que llegaron al CIV en año electoral

Historia completa Temas clave
  • En 2019, 14 constructores visitaron al exministro de Comunicaciones, José Luis Benito y a los viceministros de turno.
  • Benito es acusado en el caso judicial por las anomalías en la adjudicación del proyecto para construir el Libramiento de Chimaltenango.
  • El exministro también está imputado porque el MP encontró 122 millones de quetzales en efectivo escondidos en maletas dentro de una casa que él alquilaba.
  • Seis empresarios de este listado están involucrados en casos judiciales de corrupción  imputados por el MP y la Cicig.
  • Tres de estos empresarios se declararon culpables en 2017 de sobornar a Alejandro Sinibaldi para obtener contratos nuevos y agilizar pago de deuda mientras él era ministro de Comunicaciones.

Uno de los ministros de confianza del expresidente Jimmy Morales enfrenta dos casos de corrupción, uno por el Libramiento de Chimaltenango y otro por las maletas de dinero halladas en Antigua Guatemala. En 2019, año clave para el relevo de gobierno en Guatemala, llegaron al despacho de José Luis Benito miles de visitas de constructores y políticos. Plaza Pública presenta en este primer reportaje quiénes fueron los empresarios de la construcción que se acercaron al exministro de Comunicaciones.

Uno de los ministros de confianza del expresidente Jimmy Morales enfrenta dos casos de corrupción, uno por el Libramiento de Chimaltenango y otro por las maletas de dinero halladas en Antigua Guatemala. En 2019, año clave para el relevo de gobierno en Guatemala, llegaron al despacho de José Luis Benito miles de visitas de constructores y políticos. Plaza Pública presenta en este primer reportaje quiénes fueron los empresarios de la construcción que se acercaron al exministro de Comunicaciones.

José Luis Benito es acusado por el Ministerio Público en dos casos de corrupción. El exministro de Comunicaciones ha protagonizado titulares de prensa por señalamientos de aparente favoritismo en la adjudicación de contratos de obra pública bajo su gestión.

Durante 2019, en pleno proceso electoral, el registro de ingresos de la cartera que dirigió muestra que, al menos, 14 constructores lo visitaron a él y a los viceministros de turno. Algunos fueron condenados o están señalados en casos de corrupción. Otros crecieron visiblemente durante los primeros dos años del gobierno de Alejandro Giammattei. Este no sería el primer vínculo entre el actual mandatario y Benito Ruiz.

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«Quiero empezar dándole honor a quien honor merece. El ministro Benito ha sido un joven muy inteligente, a mí me consta. Le vamos a hacer un examen a ver si es genio o no, para salir de la duda, pero que es muy inteligente, eso nadie lo pone en duda. Valiente, buen líder (…)», así se expresó el expresidente Jimmy Morales sobre José Luis Benito Ruiz el 18 de octubre de 2018 cuando inauguró la primera parte del Libramiento de Chimaltenango. Por este proyecto, el Ministerio Público (MP) acusa a Benito de fraude. El exfuncionario se entregó a la justicia el pasado 21 de enero y el juzgado de Mayor Riesgo C lo envió a prisión preventiva una semana después.

El entonces Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) era uno de los funcionarios que conformaban el primer círculo de confianza de Morales. El expresidente lo nombró en el cargo el 13 de abril de 2018 con el compromiso de acelerar los proyectos de obra pública, cuyas inauguraciones le daban al entonces mandatario un escape de su despacho, donde debía enfrentar el desgaste que mantenía por sus constantes enfrentamientos con la comunidad internacional, la prensa y actores que continuaban impulsando la lucha contra la corrupción.

Eran giras que intentaban lavar la imagen de Morales frente a la población.

Benito era una piedra angular por su capacidad de gestionar proyectos visibles, algo que no sucedió con el ministro anterior a él, Aldo García, a quien la Cámara de Industria y del Agro pidieron su renuncia por medio de comunicados de prensa. También los diputados le exigieron acciones concretas para rehabilitar los caminos del país. García renunció en medio de su interpelación en el Congreso.

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El recaudador de millones

El viernes 21 de enero, cuando compareció en el juzgado de turno de Mixco, Benito Ruiz declaró a periodistas presentes que su entrega se dio por «cuestiones políticas», aunque no quiso explicar más detalles. Las fuentes legislativas, empresariales y la prensa describen al exministro como un intenso recaudador de financiamiento para asegurar su permanencia en la cartera de la mano de Giammattei, aunque el actual mandatario dio marcha atrás por el escándalo que significó la construcción e inmediato deterioro del Libramiento de Chimaltenango.

Juan Francisco Sandoval, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), declaró en una rueda de prensa en julio de 2021, luego de su destitución del cargo, que recibió información sobre la vinculación entre Benito y el equipo de campaña de Giammattei.

De ahí que el otro caso presentado contra el exministro lo debió trabajar con sigilo ya que la fiscal general, Consuelo Porras, mantenía una lupa sobre sus investigaciones de alto impacto y existían alarmas de filtración en el despacho superior del MP.

Este caso fue el hallazgo en octubre de 2020 de dinero en efectivo, sumaba unos 123 millones de quetzales distribuidos en dólares, euros y moneda nacional apilados en maletas dentro de una vivienda en La Antigua Guatemala. El contrato de arrendamiento de la casa estaba bajo el nombre de Benito.

Según información de fuentes confidenciales, al exministro Benito se le señala de exigir comisiones ilícitas a los constructores que querían cobrar la deuda mantenida con el CIV o que deseaban nuevas contrataciones en el Estado. Así es como José Luis Benito Ruiz se habría convertido en un fuerte recaudador visitado por múltiples personajes de la vida política del país, sobre todo en tiempos de campaña, cuando los candidatos necesitaban grandes sumas de dinero o cuando los candidatos necesitaban más que nunca de financiamiento.

El diputado disidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Orlando Blanco, recuerda que el grupo parlamentario denunció el 15 de enero de 2020 que la elección de la Junta Directiva del Congreso estuvo amañada por distintos actores, entre ellos, Gustavo Alejos, quien intercedió a favor de la planilla del partido oficialista Vamos para recolectar votos a cambio de comisiones en contratos de obra pública con el CIV.

Esto fue confirmado por el diario La Hora cuando publicó detalles de la declaración del propio Alejos ante el MP para explicar su rol en la componenda de la alianza oficialista.

Estas dinámicas son viejas prácticas políticas de los funcionarios de turno que han quedado evidenciadas en investigaciones periodísticas, imputaciones del MP, condenas judiciales y aceptación de culpa de funcionarios y empresarios.

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En 2017, por ejemplo, nueve empresarios de la construcción se declararon culpables públicamente de sobornar al exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez, Alejandro Sinibaldi, para agilizar sus pagos y más contratos.

El caso Construcción y Corrupción reveló una estructura liderada por Sinibaldi en la que promovió pagos ilícitos para generar negocios en el Ministerio de Comunicaciones, financiar su carrera política, lavar activos y obstaculizar la justicia.

«Este esquema paralelo era el que movía las decisiones sobre cómo y a quién les pagaba el CIV. Las empresas que no entraban en el esquema de pago de sobornos estaban en una real desventaja frente a aquellas que habían entregado cantidades millonarias para asegurar los desembolsos del CIV», registra un comunicado de la extinta Cicig.

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La romería de los constructores

Para elaborar este reportaje, Plaza Pública solicitó al Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) la fotocopia del libro de ingresos de visitas a la cartera desde el 1 de enero de 2019 hasta el 15 de enero de 2020. Con la finalidad de un análisis más certero, se tomó en cuenta únicamente las visitas registradas al ministro y a los viceministros de ese período.

Sobre los vicedespachos, el libro de ingresos no diferencia el destino específico, sino que aglutina a todos en una sola categoría, por lo que es imposible saber a qué viceministro visitó cada persona que indicó ese destino en la garita principal del ministerio.

De esa cuenta, el filtro hecho por Plaza Pública muestra unas 8,000 visitas realizadas a los altos funcionarios en 379 días. En la primera parte de esta investigación destacan 14 personas propietarias o representantes de algunas constructoras señaladas por supuesto favoritismo en las adjudicaciones, y otras que resultaron beneficiadas desde que Benito asumió la dirección del ministerio y continuaron, o incrementaron, sus contratos con el Estado durante los primeros dos años del gobierno de Alejandro Giammattei.

El exfiscal Sandoval —ahora exiliado en Washington tras su destitución del cargo—, cuestiona que un Ministro tenga las puertas abiertas para reunirse con empresarios de esa talla. «¿Cómo se pueden justificar esas visitas? La única intervención del Ministro debería ser aprobar los contratos», cuestionó el abogado.

Edie Cux, director jurídico de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, es más agudo. «El listado confirma lo que ya sabemos, la influencia que tienen estos constructores, la posible colusión que se ha dado, llama la atención cuánto visitan a los funcionarios de turno y no se ve que haya mecanismos para prevenir la corrupción que puede salir de esas reuniones, almuerzos, visitas», señaló.

Además, destacó que el CIV es uno de los ministerios que maneja más recursos y es uno de los que tiene más riesgos para actos de corrupción.

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Estos son algunos detalles sobre los constructores que visitaron el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda durante el 2019:

1. Ciansa y 4 Carriles

En conjunto, estas dos constructoras han recibido 1,143 millones de quetzales del Estado, según Guatecompras. Ambas fueron creadas bajo el mismo paraguas corporativo, pues comparten abogados, representantes, direcciones y socios. Actualmente, ambas compañías son dirigidas por Elfrid Josué Méndez Peláez y por Frisly Wagner Martínez Méndez. Las constructoras tuvieron vínculos con Gustavo Alejos en los primeros años de creación, aunque Méndez Peláez aclaró a Plaza Pública en 2020 que el exsecretario privado de la Presidencia no participa en ellas.

De acuerdo con los registros de ingresos, Méndez Peláez visitó al exministro Benito Ruiz en 18 ocasiones, y marcó que iba con algún viceministro 25 veces durante el 2019. Es decir, ingresó al menos en 43 ocasiones para reunirse con altas autoridades del CIV.

Guatecompras registra que Ciansa ha obtenido 914,937,741.42 de quetzales de 2008 a 2021. Durante el gobierno de Jimmy Morales recibió casi el 60% de este monto, pero aumentó de 154.6 millones obtenidos en 2018 a 297.7 millones de quetzales en 2019. Aunque los eventos son con distintas entidades, estos dos años constituyeron el período en el que Benito estaba a cargo del CIV. En el 2017, la constructora obtuvo 81.9 millones de quetzales.

La contratación con Ciansa se detuvo en 2019 luego de una investigación publicada por el medio ConCriterio en la que relacionaba a Alejos con esta sociedad. Sin embargo, a partir de diciembre de ese mismo año. 4 Carriles, S.A. comenzó a ser adjudicada con evento de 159 millones de quetzales y en el 2020 obtuvo tres adjudicaciones que suman en total 212 millones de quetzales.

Plaza Pública reveló una de ellas. Fue el mejoramiento de la carretera que va de Palín, Escuintla a Santa María de Jesús, Sacatepéquez. Según el medio Artículo 35, esta carretera atraviesa una propiedad de la familia del presidente Giammattei en donde, supuestamente, él edificó una vivienda.

«Mis comparecencias a las oficinas del CIV fueron única y exclusivamente para darle seguimiento a los contratos adquiridos y la responsabilidad que los mismos conllevan. De la misma manera, el señor Frisly Martínez, también compareció para apoyar las gestiones que como contratistas de obra pública se adquirieron», respondió a Plaza Pública el dueño de ambas constructoras, Elfrid Méndez.

El empresario añadió que Enio Orellana, quien visitó una vez a Benito y otra vez a algún viceministro, ya no pertenece a las empresas que él dirige desde inicios de 2019, por lo que dijo desconocer sus razones para ir a la cartera.

Méndez también rechazó que esas visitas sirvieran para facilitar contratos con 4 Carrilles, pues «cumplió con todos los pasos que establece la ley». Además, negó cualquier tipo de relación con el presidente Giammattei y dijo desconocer a quién pertenecen los terrenos adyacentes a sus proyectos de infraestructura.

2. Constructora Roza

Jorge Arnulfo Oliveros Rodas es propietario de esta empresa individual que ha conseguido 766,218,959.30 desde 2004 hasta 2021. Según el libro de ingresos, Oliveros entró una vez para visitar al exministro Benito y otras dos para reunirse con algún viceministro durante 2019.

Esta empresa prioriza sus contratos públicos con municipalidades, pero los eventos mejor pagados sucedieron con el CIV. En 2019, la constructora pasó de 58 millones de quetzales adjudicados en diez eventos a 229.4 millones de quetzales en 2020. Uno de los contratos con el CIV reporta un pago de 165 millones de quetzales por mejorar una carretera en Retalhuleu.

Plaza Pública llamó a la sede capitalina de la empresa, pero la recepcionista indicó en varias ocasiones que Oliveros Rodas no estaba en ese momento. La telefonista recibió el mensaje para que el empresario devolviera la llamada, pero hasta el cierre de este reportaje no hubo comunicación.

3. Coamco y Progeyco

Juan Pablo Monzón Woc es un nombre recurrente en notas periodísticas.

Él es representante legal de Proyectos Generales y Construcciones, S.A. (Progeyco), pero ha dado la cara en nombre de la constructora Coamco al lado del presidente Alejandro Giammattei. El empresario ha pasado de empleado público a empresario con contratos millonarios desde 2009 y 2010, cuando fue coordinador jurídico del Fondo Social de Solidaridad del CIV. En 2015, fue candidato a diputado por la tercera casilla del Distrito Central por la UNE y en 2016 fue contratado por la Municipalidad de Guatemala.

Progeyco comenzó sus eventos públicos cuando Monzón fue candidato en 2015. Ese año obtuvo 4,992,000 de quetzales por un proyecto en Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana de la Municipalidad de Guatemala, donde trabajó un año después. De hecho, este fondo municipal ha contratado a la empresa de Monzón todos los años desde 2015 y aumentó los montos de adjudicación, publicó el medio Ojoconmipisto.

En 2019, cuando Benito Ruiz culminó su gestión como ministro de Comunicaciones, Progeyco comenzó a recibir contratos de esa cartera. Ese año obtuvo tres adjudicaciones que suman 25 millones 379,080 de quetzales, de los 39 millones de quetzales devengados en total ese año.

Según el registro de visitas, el empresario se reunió en cuatro ocasiones con Benito y otras 13 con algún viceministro. En 2020, esta empresa aumentó sus adjudicaciones a 141 millones de quetzales. 

Monzón Woc también participa en Coamco, según publicaciones de elPeriódico. Juan Pablo Mansilla Morales es dueño de esta empresa individual que ha ganado 553.9 millones de quetzales en contratos con el Estado. En la inauguración del Hospital de Santa Lucía Cotzumalguapa en 2020, Giammattei agradeció a Monzón por la donación de asfalto para ese proyecto. El empresario estaba en la tarima junto al exministro de Comunicaciones, Edmundo Lemus, según relató elPeriódico.

En declaraciones para este reportaje, Monzón Woc justificó sus visitas al ministerio para tratar temas administrativos con las autoridades de turno. «Sí se tiene que tener un acercamiento con ellos, con los directores de las instituciones. Yo no me estoy escondiendo para reunirme con nadie», dijo el empresario.

Sobre un posible conflicto de interés al respecto de esas visitas, Monzón Woc rechazó que él tenga influencia en los funcionarios públicos, pues «ellos son los que dicen hacia dónde quieren llevar la dirección de la cartera». Tampoco considera tener influencia en la administración actual o con el presidente Giammattei, a pesar de que el mandatario lo ha invitado a varias giras. «Las giras con el presidente son actividades que se realizan… que yo platique con usted no quiere decir que vaya a influenciar en algo», señaló.

Sobre su vinculación en Coamco explicó que Mansilla Morales es su amigo y trabajan proyectos en conjunto. Monzón dijo que él pagó cuotas del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) en Coamco porque le pidió favor a su amigo cuando necesitaba sacar su carné. Aunque negó pertenecer a la planilla actual, los registros de la entidad a los que Plaza Pública tuvo acceso, constatan que sí estuvo registrado como trabajador en Coamco desde el 1 de febrero del 2019 hasta el 15 de mayo del 2020, mientras que en Progeyco paga cuotas desde el 5 de junio del 2020 hasta la actualidad, enero de 2022.

El constructor describió el incremento de sus contratos con el Estado como un oportunidad que facilitó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) porque «desmanteló» empresas adjudicadas durante más de 25 años, entonces hubo una brecha para concursar y obtener los proyectos a partir de que esas constructoras ya no participan.

4. Constructora del Kyrios

Esta constructora es una empresa individual propiedad de Enrique Ponsa Molina. Según Guatecompras, desde el 2004 hasta enero de 2022 ha devengado 250,451,393.20 quetzales por contratos con el Estado. Su año más prolífico fue el 2017 cuando obtuvo 79,867,279.92 de quetzales por seis contratos con el Ministerio de Comunicaciones. Ese año, Benito Ruiz era viceministro financiero administrativo.

El libro de ingresos al CIV registra que Ponsa Molina visitó al exministro Benito en dos ocasiones durante 2019, mientras que 20 veces se dirigió a algún vicedespacho. El empresario negó a Plaza Pública que se haya reunido con algún funcionario de esa época, a pesar de que así lo constata la información pública de la cartera.

5. Constructora ADIC

Rafael Alberto de León Escobar es propietario de esta empresa individual en la que también labora Juan Luis Chávez. Según el MP, De León fue financista clandestino del Partido Patriota en la campaña de 2011. El empresario está involucrado en el caso Cooptación del Estado por esta imputación.

La constructora ha tenido 47 contratos con el Estado desde 2006 hasta el 2020, muestra Guatecompras. Por esos eventos le adjudicaron un monto total de 190,210,541.40 quetzales. De 2012 a 2014, mientras Alejandro Sinibaldi estaba al frente del CIV, ADIC obtuvo sus mayores adjudicaciones. Estas se recibieron desde ese ministerio y municipalidades y suman más de 100 millones de quetzales.

Durante la administración de Jimmy Morales, los eventos de la constructora fueron exclusivos para el Ministerio de Comunicaciones. En total, obtuvo 23.8 millones de quetzales. En 2018, cuando Benito Ruiz subió del viceministerio financiero administrativo del CIV a la titularidad del ministerio, ADIC obtuvo 13,400,528 quetzales.

Según el libro de ingresos del CIV, Rafael Alberto de León Escobar visitó en dos ocasiones a Benito durante el 2019, mientras que Juan Luis Chávez entró una vez con el exministro.

De León Escobar explicó a Plaza Pública que él sí ingresó al Ministerio de Comunicaciones para reunirse con Benito, pero nunca fue atendido por el exfuncionario. El empresario afirmó que iba con la intención de platicar con él para conocer las condiciones para participar en los eventos públicos.

«Tal vez eran visitas de cortesía las que Juan Luis Chávez hacía, pero nunca fuimos recibidos por el señor. Era en busca de espacios de trabajo porque ya ve que hay que sociabilizar para que uno pueda tratar de participar porque participamos eventualmente, ganamos, perdemos, pero nunca fuimos recibidos por el señor ministro en ese entonces, no tuve el gusto de conocerlo (sic)», detalló el constructor.

De León Escobar extendió su explicación para indicar que también fue con el fin de saber cuál es el proceso para cobrar algunas cuentas que algunas instancias de la cartera le deben a la empresa que él administra, aunque sus intentos, dice, fueron infructuosos. También negó que haya financiado a algún partido o candidato político, como lo acusa el MP.

6. Cocisa

Rafael Ángel Díaz Fión es propietario de Compañía Constructora de Obras Civiles, S.A. (Cocisa). Díaz Fión es sobrino del diputado por el Parlamento Centroamericano, Carlos Fión Morales. Este político fue diputado al Congreso de Guatemala desde 2008 al 2012 por la Gran Alianza Nacional y desde 2012 pertenece a Compromiso, Renovación y Orden. El diputado es cuñado del padre de Díaz Fión, Rafael Ángel Diáz Samos. Padre e hijo dirigen Cocisa.

Esta constructora está implicada en varios casos de corrupción imputados por el MP. Tanto Díaz Fión como Díaz Samos se declararon culpables en 2018 de sobornar al exministro Alejandro Sinibaldi en el caso Construcción y Corrupción. Ambos fueron condenados a cinco años conmutables a razón de 100 quetzales diarios, y una multa de 500,000 quetzales. Además, debieron depositar en la Tesorería Nacional 17,756.85 quetzales y construir la Escuela Primaria Oficial Rural Mixta República de Estados Unidos del Norte en la aldea San Francisco, San José El Rodeo, San Marcos que tiene un costo de 1,842,974 quetzales.

Además, la empresa está involucrada en el caso Asalto al Ministerio de Salud por sospechas de sobrevaloración en la construcción del hospital de Villa Nueva. Este caso reveló una supuesta estructura criminal liderada por el fallecido exministro de Salud, Jorge Villavicencio y su hija, Saraí Villavicencio que al parecer cobraba comisiones ilícitas por contratos, plazas y obras.

Actualmente, Díaz Fión también está imputado por anomalías en la adjudicación para construir un edificio en el Centro Universitario de Occidente de la Universidad de San Carlos. La relación de esta casa de estudios superiores y Cocisa comenzó a mediados de los noventa cuando el exvicepresidente Jafeth Cabrera fue rector de esa universidad. En 2015, la empresa financió al partido que llevó a Morales y a Cabrera al poder, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación).

Guatecompras reporta que desde 2005, Cocisa obtuvo 44 adjudicaciones que representan un total de 675.4 millones de quetzales. Durante el gobierno de Morales, obtuvo unos 145 millones de quetzales.

Según el registro de ingresos de 2019 del CIV, Rafael Ángel Díaz Fión visitó a Benito Ruiz en seis ocasiones, mientras que a otros viceministros los visitó en 12 ocasiones.

El empresario no respondió a las llamadas realizadas a su teléfono personal.

7. Conasa y Renova Ingenieros

Constructora Nacional, S.A. es una de las empresas de construcción más grandes del país. Guatecompras registra que desde el 2005 hasta el 2019, la empresa devengó 2,225 millones de quetzales por 35 contratos con el Estado.

Como otros miembros de esta lista, los directores de Conasa también están implicados en casos judiciales ligados a corrupción pública. Álvaro Mayorga y Juan Luis Tejada Argueta se declararon culpables de sobornar al exministro del PP, Alejandro Sinibaldi, en el caso Construcción y Corrupción. Así como a los dueños de Cocisa, a estos empresarios los condenaron a cinco años conmutables a razón de 100 quetzales diarios y una multa de 500,000 quetzales.

Juan Luis Tejada Argueta fue condenado además a construir un tramo del kilómetro 52 de la ruta Interamericana hacia la bifurcación RD-CHM-1 y dos kilómetros en la antigua ruta CA-01 occidente de cuatro carriles de 3.60 metros cada uno con arriate central. Esto tiene un costo de 9,400,941 quetzales.

Jorge Alfredo Tejada Argueta, vicepresidente del consejo administrativo de Conasa, está ligado al caso de las anomalías en la construcción del Libramiento de Chimaltenango. El pasado 27 de enero, el juzgado de Mayor Riesgo C envió a juicio al empresario por este caso. Benito Ruiz también involucrado en este caso, un día después, el 28 de enero, el juzgado ligó a proceso al exministro.

Las investigaciones de ese caso muestran que los directores de Conasa utilizaron otra empresa vinculada a ellos (Renova Ingenieros) para participar en la segunda parte de la construcción del proyecto porque después de las condenas judiciales, Conasa no podía participar nuevamente. Por otro lado, a meses de la inauguración, la obra ya tenía fallas visibles y se desmoronó.

El libro de ingresos al CIV de 2019 da cuenta de que Jorge Alfredo Tejada Argueta visitó a Benito Ruiz en cinco ocasiones y otras tres lo hizo con otros viceministros. Juan Luis Tejada Argueta solo llegó una vez con algún viceministro.

Jorge Tejada respondió por escrito a Plaza Pública por medio de su abogado, Rodolfo Pérez Trabanino. El empresario explicó que las únicas visitas que realizó al exministro Benito Ruiz y sus viceministros se dieron en el contexto de la construcción del Libramiento.

«En los meses últimos de ese año, fueron para presentar y entregar los estudios de los especialistas contratados por nuestra empresa, para explicar lo sucedido en el área que tuvo deslizamientos ese año, estos estudios que no son responsabilidad del contratista sino de la Dirección General de Caminos, los hicimos por iniciativa de la empresa con el fin de ayudar a entender lo sucedido», señaló Tejada.

También negó que exista otro tipo de relación con el exfuncionario y aseveró que Benito nunca les pidió una comisión ilícita para ningún propósito.

En su declaración, el empresario resaltó: «somos de los contratistas que menos visitas habremos hecho a ese ministerio en comparación a otras constructoras durante ese tiempo».

8. Constructora Imesa

El dueño de esta constructora tiene múltiples relaciones con el poder que datan de varios años.

Giovanni Eliseo Estrada Zaparolli fue uno de los más cercanos operadores políticos del expresidente Jimmy Morales. El exjefe de Estado lo nombró como embajador ad honorem para la Inversión y Comercio con los países del Caribe. Durante esa administración, su hija Joan Estrada Vásquez, fue nombrada como presidenta del Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas (FHA). Su otra hija, Alejandra María Estrada Vásquez, también obtuvo puestos en el gobierno de Morales. Desde 2017 es primera secretaria y cónsul en la Embajada de Guatemala en Austria.

El exasesor de Jimmy Morales también tiene un fuerte vínculo con el diputado disidente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Mario Taracena. Ambos fueron diputados al Parlacén de 1996 al 2000. Además, Estrada fue diputado al Congreso de Guatemala del 2000 al 2004. Según una investigación de elPeriódico, el empresario le prestó 5,300,000 de quetzales al diputado Taracena entre el 2011 y 2012.

Los préstamos para Taracena, a título personal y desde la Constructora Imesa, están registrados en el protocolo público del abogado Jorge Rolando Rosales Mirón, exmagistrado suplente de la Corte de Constitucionalidad, electo por la Corte Suprema de Justicia en noviembre del 2020 para completar el período anterior.

Como parte del bufete de Rosales Mirón, la actual magistrada suplente de la CC, Claudia Elizabeth Paniagua Pérez, electa por el Colegio de Abogados y Notarios, también realizó escrituras para registrar los créditos entre Estrada Zaparolli y Taracena.

En esta misma investigación periodística, elPeriódico informó que Estrada Zaparolli «por medio de su empresa Objetivos Industriales de Centroamérica, S.A. le vendió por 1 millón de quetzales dos enormes fincas ubicadas en Livingston, Izabal, a la entidad Servicios Aéreos y Marítimos del Sur, S.A., vinculada a Alejandro Sinibaldi».

Constructora Imesa obtuvo 343.2 millones de quetzales desde el 2006 hasta el 2021. Según el registro de ingresos del CIV, el dueño de Imesa visitó en 6 ocasiones al exministro Benito Ruiz y una ocasión lo hizo con algún viceministro.

Según Estrada Zaparolli, llegó al Ministerio de Comunicaciones para tratar asuntos de los contratos antiguos que tenía. «Me reunía con él o el viceministro de Infraestructura», aceptó el empresario, pero matizó que no se llevaba bien con Benito Ruiz.

En 2009, Imesa obtuvo el contrato para reponer la carretera RN14 que se dañó por la erupción del Volcán de Fuego. Ese evento de 20 millones de quetzales fue parte de las adjudicaciones por el Estado de Calamidad por la emergencia. Al preguntarle si su amistad con el expresidente Morales influyó en esa contratación, el empresario respondió que no, sino que ellos tenían la maquinaria disponible en ese momento. 

9. Pavimentos de Guatemala, S.A.

Dirigida por Allen Robert Krebs Wickford, esta empresa ganó 1,315 millones de quetzales con el Estado desde 2005 al 2021. Esta es otra de las constructoras involucradas en el caso Construcción y Corrupción. Krebs Wickford se declaró culpable en 2018, junto a otros empresarios citados en este listado, por sobornar al exministro del CIV, Alejandro Sinibaldi.

Krebs fue condenado también a cinco años conmutables a razón de 100 quetzales diarios y una multa de 500,000 quetzales. Así como reparar el tramo del kilómetro 44.4 RD-4 al kilómetro 54.7 hacia Pueblo Nuevo Viñas, longitud 103 kilómetros, con un costo de 7,269,000 de quetzales.

De acuerdo con el registro de visitas del CIV, el empresario visitó a algún viceministro de la administración de Benito Ruiz en dos ocasiones. Krebs no respondió las llamadas a su teléfono personal.

10. Constructora WSR

Esta constructora es una empresa individual propiedad de Wolfgang Strems Rimola. Según lo que reporta Guatecompras, esta constructora dedica su trabajo a las municipalidades. En total, obtuvo 3,138,366.51 quetzales desde 2008 hasta 2021.

Según el registro de ingresos de 2019 del CIV, Strems Rimola visitó a algún viceministro en dos ocasiones. El empresario no respondió a las llamadas.

El martes 8 de febrero, Plaza Pública consultó a la oficina del abogado Jonathan Villatoro González para obtener la versión del exministro José Luis Benito. Sin embargo, aunque la recepcionista indicó que ella o el abogado se comunicaría para dar respuesta a la solicitud, hasta el cierre de este reportaje, no hubo reacción.

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