Las víctimas se han convertido en esos seres invisibles que no vemos o no queremos ver, los hemos dejado solos para que por su propia iniciativa y con sus propios recursos se reincorporen a la vida, en una especie de sálvese quien pueda.
En nuestro país le corresponde al Ministerio Público (y con la aprobación de la Ley contra el femicidio, en parte al Instituto de la Defensa Pública Penal) la tarea de velar por que las víctimas reciban la atención necesaria, pero los fondos para la dirección que atiende a las víctimas la asignación de recursos a la Dirección que atiende a las víctimas es a todas luces insuficiente.
En Guatemala no hay una política de Estado encaminada a la atención de forma integral a las víctimas. Existen esfuerzos, a pesar de sus limitaciones, de coordinación entre instituciones del Estado y organizaciones civiles de atención a víctimas para dar el apoyo que necesitan, pero a pesar de las buenas intenciones no se logra brindar una atención integral que proporcione las herramientas básicas a las víctimas para incorporarse de nuevo a la sociedad.
El Estado aún no ha sido capaz de proporcionarles a sus ciudadanos un mecanismo que les ayude a recuperarse de un ataque violento. Quienes hacen Estado no ha entendido que fallarle a las víctimas ha sido una de sus principales derrotas y que la consecuencia de esto son ciudadanos descontentos, frustrados, desconfiados, pero sobre todo violentos que ante la indefensión del Estado deciden tomar por su propia mano la justicia.
Hace poco un médico me comentó que era víctima de extorsión y que no sabía qué hacer ni a dónde acudir. Tras denunciar el hecho, las autoridades no hicieron nada. Luego de un ataque armado a su vivienda había optado por pagar lo que los extorsionadores le exigían. Tras el pago, las exigencias aumentaron. Al acudir nuevamente a las autoridades la respuesta fue que se cambiara de casa. Frustrado me comentó que haría “cualquier cosa” por detener la extorsión. Afortunadamente los delincuentes fueron aprendidos por un secuestro que nada tenía que ver con su caso y la extorción se detuvo. “Gracias a Dios no tuve que hacer nada”, me dijo.
Las organizaciones de sociedad civil que atienden a las víctimas se quejan que el Estado simplemente se olvidó de estas y que se ha empeñado más en atender a los agresores, sin brindarle a la víctima el apoyo necesario para su adecuada reintegración a la sociedad.
Con la firma del Acuerdo para el Avance de la Seguridad y Justicia hubo una esperanza: en su artículo 55 figuraba la creación de un Instituto de Atención Integral a Víctimas de Violencia. La Fundación Sobrevivientes, Madres Angustiadas, el Ministerio Público, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Seguridad, la CICIG y la cooperación canadiense, elaboraron a mediados del 2010 un anteproyecto de Ley para la creación de este instituto, que brindara gratuitamente el acompañamiento jurídico a las víctimas en su búsqueda de justicia y de resarcimiento social, proyecto en el cual participé. Sin embargo, dicho esfuerzo se esfumó con el cambio de autoridades de la Secretaría Técnica.
La preocupación entre algunas organizaciones es que la nueva fiscal general, Claudia Paz, lleva una visión más cercana a preocuparse por los reos y por en las víctimas, debido a su formación académica. Por es más necesario hoy la creación de un instituto que le brinde a las víctimas las herramientas necesarias para que puedan pelear y exigir sus derechos en igualdad de condiciones.
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