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Las reformas institucionales desde los ojos del Cacif

“Está bien que haya funcionarios para los que el funcionamiento de la SAT es importante, en particular el Ministerio de Finanzas, pero también, esa institución debería tener un balance de personas independientes, los funcionarios deberían ponerse de acuerdo con gente que no tiene el compromiso político”.
Sin duda habrá problemas con algunas empresas de ese tipo en Panamá, pero hoy en día donde más empresas de ese tipo hay es en Delaware (Estados Unidos).
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Las reformas institucionales desde los ojos del Cacif

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El empresario de la construcción José René González-Campo Hinojosa es, desde el 4 de abril, el presidente del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras de Guatemala (Cacif). Ahora, desde esa posición, y en un contexto en el que se discuten las reformas institucionales del Estado, González-Campo expone la postura de la patronal.

Redes-lateral

José René González-Campo Hinojosa posee amplio recorrido como dirigente del sector empresarial guatemalteco. Es presidente de la Cámara de la Construcción, de la que también ha sido vicepresidente y tesorero. También ha presidido la Asociación Guatemalteca de Contratistas, y desde el pasado 4 de abril, es presidente del Cacif, cargo que ocupará durante un año. González-Campo es ingeniero industrial de profesión, y directivo de una empresa de la construcción. Ha laborado en empresas dedicadas a la importación y distribución de lubricantes industriales, como Tritech Guatemala S.A., y desde hace 24 años en Preesforzados y Construcciones S.A., PreCon S.A., empresa especializada en productos prefabricados de concreto para clientes del sector privado y público. Entre 2008 y 2015, PreCon S.A., de la que  González-Campo es representante legal, ha obtenido contratos con el Estado por Q19.57 millones según el portal de adquisiciones públicas, Guatecompras .

Como directivo de la Cámara de Construcción, el nuevo presidente del Cacif participó en las mesas de análisis sobre la reforma a la Ley de Contrataciones en 2012 y 2015.

Cauto, pero desenvuelto, ahonda en las posturas del Cacif, y sobre las líneas de lo que será su presidencia, las mismas que expuso en su discurso de toma de posesión. También hace continuas referencias a las movilizaciones ciudadanas de 2015 y a las renuncias de funcionarios como signos de la necesidad de cambios en las instituciones.

Entre los procesos de reforma institucional en marcha se encuentran los cambios en la SAT. La postura del Cacif, hasta el momento, ha sido apoyar el proceso, incluyendo aspectos como el levantamiento del secreto bancario. ¿Cómo fue la discusión de este tema en la directiva de la patronal?

Si me permite empezar un poco atrás de esa pregunta: yo creo que el año pasado a todos nos marcó. Los logros que se tuvieron, motivó en todos los sectores asumir nuestro papel en la sociedad. Lo que nos enseñó el año pasado es que cuando uno tiene objetivos comunes, y logramos actuar de alguna forma como una sociedad unida, se pueden lograr cosas enormes. Y el ejemplo de eso fue 2015, cuando uno ve que tuvimos tres Presidentes en seis meses, que se fue la Vicepresidenta, que se fue el Presidente, tener dos Superintendentes de la SAT en la cárcel y que eso se hizo sin una pedrada, porque no hubo violencia, con una participación de todos los sectores de la sociedad, sobre todo jóvenes. Lo único que hay que agradecerles al Presidente y Vicepresidenta (Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti) es que nos juntaron a todos, nos permitieron tener un objetivo común. Nuestra reflexión es que deberíamos buscar más cosas comunes en las cuales trabajar, y creo que son muchísimas más las cosas en las que estamos de acuerdo que en lo que tenemos diferencias. Y le digo esto, porque la SAT es una de ellas, era evidente con lo que pasó el año pasado era necesaria una reforma importante a la SAT, y se nos estaba quedando sin hacer.

Pero inicialmente, cuando empezaron las protestas, el Cacif no se pronunció por la renuncia del Presidente y la Vicepresidenta (Cacif no exige la renuncia de Otto Pérez Molina, Prensa Libre, 19 de mayo), y solo decían “defendamos la institucionalidad”.

Sí, pero no. Lo que probó el país es que sí se defendió la institucionalidad. El sector privado lo que dijo es que siempre respetábamos el Estado de Derecho, que era importante respetar la institucionalidad y que los canales institucionales iban a ser los que resolverían los temas, y al final eso pasó de alguna forma u otra. Pese al escepticismo que podíamos tener, de hecho todo el mundo, ustedes también (los medios de comunicación), lo que se probó es que las instituciones funcionaron. Se lograron los cambios políticos, se respetó la Constitución, llegamos a las elecciones con la mayor participación en muchísimos años y todo eso sin una pedrada. Por eso es importante la reforma de la SAT, darle una institucionalidad que haga que ante los retos o las malas prácticas sean las instituciones las que cambien las cosas.

Mucho de eso pasa por el marco legal. En la propuesta de reforma que se discute en la actualidad, el directorio de la SAT estaría integrado únicamente por los ministros de Finanzas y Economía, y el Presidente del Banco de Guatemala (Banguat). ¿Comparte el Cacif este aspecto de la reforma?

Volviendo al tema institucional: lo del año pasado muestra en las escuchas telefónicas que los Superintendentes de la SAT le respondían directamente al Presidente, y creo que esa no es una estructura institucional correcta. Tenemos que lograr que (la SAT) sea una buena institución, y para eso necesita un directorio profesional conformado con independencia. Una SAT integrada por los ministros de Economía, Finanzas y el presidente del Banguat, dos de ellos son nombramientos políticos del Presidente, seguiría el mismo esquema que teníamos antes, donde el Presidente daba las órdenes directas. Nosotros decimos: “está bien que haya funcionarios para los que el funcionamiento de la SAT es importante, en particular el Ministerio de Finanzas, pero también, esa institución debería tener un balance de personas independientes, los funcionarios deberían ponerse de acuerdo con gente que no tiene el compromiso político”.

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¿El Cacif prefiere continuar con la estructura actual, un Directorio integrado por funcionarios y personas elegidas por una comisión de postulación?

Sí, totalmente de acuerdo. Habría que buscar la forma para integrarlo, creo que los concursos de oposición en instituciones que son técnicas, es una forma más valedera de escoger funcionarios. Lo que planteamos es que está bien que estén los tres funcionarios, pero se debe balancear con gente independiente, seleccionada a través de un concurso de oposición. De las cosas positivas que tiene la iniciativa de ley es que el nombramiento del Superintendente lo haría el Directorio y no el Presidente. Yo creo que eso es un avance importante; darle independencia de funcionamiento, administrativa y financiera lo va a mejorar. En el modelo de directorio actual es el Presidente el que nombra al Superintendente, y esa misma decisión le quitaba capacidad y responsabilidad al Directorio.

Aunque el Presidente elegía de entre una terna que le proponía el Directorio (de esa forma fueron electos Carlos Muñoz y Omar Franco).

Sí, pero lo elegía el Presidente, mientras más capacidad le demos a ese Directorio de elegir, más técnica será la solución. No estamos diciendo que sean solo funcionarios o solo independientes, pero creo que una mezcla sería una opción importante para sacar adelante la reforma. El otro problema con nombramientos como tales, asumamos que fuera el de tres, solo el Presidente de Guatemala tiene estabilidad en el tiempo, pero hemos sido testigos de cómo pueden ir cambiando los ministros. En una institución para que sea de largo plazo y bien trabajada debe haber una continuidad en el tiempo y eso no lo dan los funcionarios políticos. Con tres independientes, más el Presidente de Banco de Guatemala, había continuidad en el tiempo de los procesos.

¿Comparten la creación de un Tribunal Administrativo Aduanero y Tributario (TRIBUTA) que contempla el proyecto de reforma, para solventar los procesos administrativos sin llegar al Directorio de la SAT?

Nos parece muy positivo, hay que entender a la SAT como un ente técnico por excelencia, está bien que haya un Directorio encargado de los temas administrativos, pero también que exista un tribunal experto en temas tributarios. Aunque de entrada que le pongan TRIBUTA por nombre, probablemente no sea el mejor nombre, es como que vaya a un juzgado y le pongan al tribunal CULPABLE, porque uno va allí a ver si hay dudas o no, y necesitamos que haya un tribunal justo, objetivo e imparcial que diga sí o no.  La creación del tribunal responde a las condiciones del CAUCA (Código Aduanero Uniforme Centroamericano), pero sí tenemos dos comentarios: La conformación de ese tribunal, basado en el espíritu del CAUCA, es para temas aduaneros y aquí también se van a tratar temas que no lo son (aspectos tributarios). Y lo segundo es que tenemos dudas de si un solo tribunal puede manejar las cosas que puedan venir. ¿Por qué no pensar en varios tribunales? A lo mejor lo que no es aduanero, con una conformación más pequeña, pero que lo que haga sea agilizar los procesos, en las dos vías que el Estado pueda cobrar más rápido y que no sean de esos procesos que tardan años, porque nunca se conocen. En lo contencioso administrativo, por ejemplo, si no me equivoco, hay de cuatro a cinco tribunales conociendo, cosas que ya pasaron por los tribunales y llegaron a lo penal.

La propuesta de reforma también norma por primera vez los conflictos de interés entre los integrantes del Directorio que ejercían práctica privada y lo prohíbe. ¿Comparten esto?

Si, totalmente, estamos de acuerdo que eso es un conflicto de interés que no se debe dar. Esa es otra ventaja, porque ahora la gente que esté en el tribunal tendrá el 100% de su atención y no podrá seguir ejerciendo de forma privada, yo creo que ese es un requisito indispensable, ahí hay un conflicto de interés que no debe ser aceptado nunca.

Ese es un aspecto que algunos políticos y tanques de pensamiento observaban en el Directorio anterior, con conflictos de interés e integrado por representantes que veían como cuotas del sector privado.

Pues sí, pero hay que entender que todo el que no es funcionario público es sector privado; igual puede ser un economista o auditor, usted y yo somos sector privado. Eso sí, no quito que ese sea un conflicto de interés que se debe eliminar.

Y respecto al levantamiento del secreto bancario ¿qué comparten de esa disposición y qué no?

Estamos de acuerdo que se de esa capacidad con fines tributarios y de fiscalización a la SAT. Creo que hay que hacerlo, pero con cuidado, con el mismo cuidado que tiene la IVE (Intendencia de Verificación Especial) y la SIB (Superintendencia de Bancos), hay que darle las herramientas a la SAT para que haga sus tareas de recaudación y fiscalización lo mejor posible, es una tarea impostergable. Lo que sí es importante es que se respete el derecho a la privacidad, o sea la intervención de un juez, no con fines penales, sino para que no sea una decisión discrecional de alguien. Lo segundo que se asegure la trazabilidad de la información, si alguien tuvo acceso a mi información, saber quién la pidió, quién la dio, quién la recibió y que uso le dio. Eso es guardar los derechos de todos nosotros. Esos son los dos grandes temas que le pedimos a la reforma: que se guarden los derechos constitucionales, pero también que se guarde la obligación de todos de tributar lo que debe tributarse. Hay que cuidar todo eso para que no se politice y pueda utilizarse en su contra. Por ejemplo los medios de comunicación: si van a fiscalizar a Plaza Pública que haya una razón de hacerlo, en estos momentos vivimos en una etapa de libertad de prensa, ¿pero y si no hubiera? Sobre la información requerida con fines tributarios no hay problema, pero que haya penas severas a quién haga mal uso de esa información.

¿Se necesita más transparencia en las prácticas comerciales? Esto es una discusión en el marco de escándalos como #panamapapers que revelan patrones de conducta que usan figuras legales, como las off shores, para la evasión de impuestos.

Se llaman “PanamáPapers” pero solo dos de cada diez son de Panamá. Sobre las off shore hay una figura legal legítima que es una compañía regulada en Panamá, que permite hacer operaciones en Panamá y hay muchísimas razones legítimas para eso. Por ejemplo, en Guatemala hemos tenido sociedades anónimas utilizadas con finalidades ilegítimas, y no hay “Guatemala Papers”, pero estos días hemos visto cómo se utilizaron sociedades anónimas para lavar dinero. No hay que confundir la constitución legal de empresas con el mal uso que se puede dar a una empresa. Y las off shore no son para evadir impuestos ni para lavar dinero ni para otras cosas malas.

¿Aunque pueden utilizarse para eso?

Claro, como las sociedades anónimas de aquí, en las que se usaban testaferros y demás. Hacen falta más regulaciones pero se ha avanzado, por ejemplo con el tema de que las acciones de las empresas tengan que ser nominativas. A lo que me refiero es que sin duda habrá problemas con algunas empresas de ese tipo en Panamá, pero hoy en día donde más empresas de ese tipo hay es en Delaware (Estados Unidos).

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Aunque cuando hay espacios legales para que esos instrumentos sean usados para fines ilegales, esto es lo que sucede…

Mi único punto es que no se puede deslegitimar la constitución de una empresa por el mal uso que se hace de ella. Y además, le diría que es un tema de interés del sector empresarial, de defensa gremial, la inmensa mayoría de empresarios que quiere hacer las cosas bien cumple con sus obligaciones factura, paga sus impuestos; pero la gente que utiliza el contrabando, que no paga sus impuestos, tiene una ventaja ilegítima contra los que tratamos de hacer las cosas bien. Lo mínimo que uno quiere es reglas claras y las mismas reglas para todos. Hay empresas en Guatemala que han quebrado por el contrabando.

Pero no se trata sólo de contrabando. Hay otros casos, como el de Aceros de Guatemala, donde según las investigaciones hubo pagos de sobornos y defraudación en la facturación.

La gente que no paga el IGSS (Instituto Guatemalteco de Seguridad Social) de sus trabajadores, o no factura todo, o no paga sus impuestos, es lo mismo. Le puse el ejemplo del contrabando pero es lo mismo. Pasa igual con las ventas de una tienda que compite con la de la esquina al no cumplir con sus obligaciones, claro que tenemos que apoyar a la SAT.

El otro gran proceso en marcha es la propuesta para reformar la Constitución para fortalecer el sistema de Justicia, ¿Qué aspectos comparte y cuáles adversa el Cacif?

Lo primero que tenemos que hacer es estudiar los procesos de reforma y eso lo estamos haciendo. Yo le diría que también hay un compromiso importante de Cacif: desde noviembre del año pasado insistimos en la necesidad de que hay que trabajar en un plan nacional de seguridad y justicia. Porque entendemos que se requieren de reformas para que esto funcione mejor. Ahora estuvimos en la invitación que nos hicieron para la presentación de la propuesta y quisiéramos esperar al análisis de nuestros equipos técnicospara hablar. Pero hay un par de criterios que si quisiéramos ver en las reformas: lo primero es que sí debería haber independencia judicial y de operadores de justicia.

¿Apoyarían la ampliación del mandato en el Ministerio Público de 4 a 6 años, como incluyen las propuestas?

Puede ser, aunque la independencia no debería venir solo de la duración del mandato, a lo mejor que el mandato fuera renovable a mitad del periodo podría ser de mayor independencia. Pero sí que haya independencia judicial, una separación de los poderes de Estado, que haya una justicia objetiva, imparcial, que se respete la presunción de inocencia y un Ministerio Público con la capacidad de obtener las pruebas. La imparcialidad de la justicia en general, porque el acusado tiene derechos, y también la transparencia y la idoneidad de las personas que llegan a esos puestos, y allí sí creo que hay que hacer una reflexión sobre el modelo de elección de comisiones de postulación. Hay que asegurarse de que lleguen los mejores, los más preparados, los más capaces… y entonces tenemos que ver que el proceso de selección, elección y nombramiento se da con principios de apertura, de buena fe, de transparencia, de rendición de cuentas.

El otro gran proceso en marcha es la implementación de las reforma a la Ley de Contrataciones, usted como contratista del Estado, ¿qué espera de su puesta en marcha?

El objetivo final debería ser separar una ley de Compras de Bienes, de una Ley de Contrataciones de Obras y Servicios, porque son dos naturalezas completamente diferentes. Pero en cualquiera de las dos debe haber tres filtros fundamentales: el primero es el libre acceso a la información,si todos los guatemaltecos tuviéramos la capacidad de conocer toda información sobre las compras y contrataciones desde que se genera la necesidad de la compra, las especificaciones, los procesos que se dan, quién oferta, a qué precio ganó, con qué condiciones, cómo ejecutó y cómo la entregó (la obra) con eso nos quitaríamos buena parte de los problemas. Una Guatecompras mucho más potente, más fuerte, con mucha más información que sea de fácil accesibilidad y muy interactivo sería fundamental. El segundo filtro sería, ¿cómo hacemos que realmente se fomente la competencia? Los eventos de excepción deberían ser realmente eso: de excepción. Pero aquí la excepción se volvió la regla. Yo lo vería en dos formas: lo que hay que hacer es que la gente también quiera participar, si es libre el acceso y todas las cosas se pueden ver, habrá más chance de que más gente se anime a participar, porque a saber quién abrió el proceso, quién lo asignó…

Y el tercer factor es eliminar la discrecionalidad, y para eso es fundamental un registro de precalificados. En el caso nuestro, si este registro existiera sabríamos quién conforma la empresa, si tiene equipos,porque toda esa colusión es una empresa junto a otras tres de cartón, entonces si revisáramos si tiene capacidad técnica, financieras, los equipos que dice tener…

Pero también hay que considerar la responsabilidad del sector privado.Hay casos de contrataciones anómalas donde vemos a dos o tres empresas coludidas, o con vínculos con el poder político que otorga los contratos…

Pongamos ese ejemplo: si hubiera sido libre el acceso a la información, los tiempos de adjudicación claros,que se filmelos a los tres o cuatro que ofertan; que se vean las ofertas, que se puedan comparar.

Durante años ha existido un registro de precalificados en el Ministerio de Comunicaciones, pero no ha servido para transparentar los procesos. ¿En qué se diferenciaría con esta reforma?

En la reforma que se hizo el año pasado, esas capacidades del registro se pasaron a una dirección dentro del Ministerio de Finanzas. La reforma del registro de precalificiados es fundamental, no sólo toca a contratistas, sino también a proveedores del Estado, a supervisores. No puede ser que cualquiera entre a querer hacer un puente, sin las capacidades técnicas, o que entre a vender medicinas quien lo que vende es pintura, ese trabajo es fundamental. Una dirección de registro buena y funcional que tenga financiamiento propio que no dependa de las migajas es una de las reformas que hay que apoyar.

Es recurrente que contratistas del Estado comenten que es inevitable pagar comisiones para poder recibir contratos. El año pasado el Cacif un llamado a presentar denuncias por cobros ilegales. ¿Recibieron alguna?

Que sepamos no. Ahora habrá que esperar todas las investigaciones en curso, porque no todas las denuncias son públicas, no lo sé. Pero de nuevo parte de la discrecionalidad: si todo es libre acceso a la información va a ganar la mejor oferta sobre la mesa, allí no le pueden pedir algo a uno, cuando hay un mejor calificado y con el mejor precio. El otro punto son los pagos, si también hay un sistema que permita pagar la primera factura que entra, que se contempla en las modificaciones a la ley, entonces se va quitando esas presiones (sobornos para cancelación de deudas pendientes). Eltema de la denuncia que es importante: uno lo puede pedir, pero al final no se puede poner en el lugar del otro por su seguridad; lo que sí se puede es hacer procesos que permitan que eso no suceda.

Uno de los fenómenos es que la Asociación Guatemalteca de Contratistas de la Construcción ha decrecido su participación frente a los locales y foráneos. ¿Cómo ha cambiado el modelo con esa variación?

Yo no tengo un problema con que sean actores locales o extranjeros los contratados. Pero debería ser quien de las mejores condiciones al Estado. Si en un ambiente competitivo quien gana son los locales está bien, lo que creo es que uno no puede normar a quién participe. Lo que uno tiene que hacer es que participe cualquiera, pero si hacemos el proceso público tiene que ser transparente, y que no sea que te llevo un sobrecito, y entrego mi oferta antes (y es adjudicada). Que muestren que tienen la capacidad y para eso está el Registro de Precalificados.

¿Es necesaria una Ley de Competencia para Guatemala?

Hay un compromiso con el Acuerdo de Comercio con la Comunidad Europea para tener una ley antes de noviembre. Creo que es importante para el país que tengamos una Ley de Competencia, me remito a los principios de Cacif, el interés general debe prevalecer sobre el particular, es interés del país que garantice a los consumidores, pero también a los proveedores reglas de competencia claras, donde no haya beneficios para nadie. La libre empresa es la forma de desarrollar este país y para eso es necesaria la libre competencia, es importante que haya reglas claras.

¿Aceptarían que un tribunal de competencia examine si hay una posición preponderante de una empresa en el mercado?

Eso habrá que verlo, hay muchos modelos. Tenemos una ventaja: en Latinoamérica somos de los últimos en tener una Ley de Competencia y podremos ver los errores y aciertos de los demás. Habrá que ver las condiciones particulares de cada país y discutir públicamente qué es lo mejor para Guatemala. Y como hacemos que sea una ley que beneficie al consumidor y a la competencia.

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