Plaza (Plaza Pública en papel) Lo que no sabías que querías saber, pero ahora te es urgente preguntarlo

PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué es Plaza?

Plaza es el periodismo de Plaza Pública en papel. ¿Un libro? ¿Una revista? Plaza es un objeto hermoso para leer y coleccionar. Una revista de gran formato –tamaño carta, de aproximadamente 200 páginas cada número-, con el cuidado diseño de Workaholic People, que se publicará tres veces al año. Cada edición tendrá su propia personalidad: podrán ser números monográficos o ecléctico, se reproducirán temas publicados en la plataforma digital, y se buscará lanzar temas aún inéditos en la web que aporten nuevas miradas sobre las líneas temáticas de PzP. En Plaza se busca rescatar textos que por su calidad narrativa merecen ser leídos apaciblemente, o que por su impacto y trascendencia es importante que encuentren la permanencia del papel. Plaza busca satisfacer al sibarita de la lectura pausada, alejada del ruido del internet, brindar la satisfacción al coleccionista –de fotos, de textos, de libros-, saciar al que se interesa por tener explicaciones profundas sobre Guatemala. Plaza es una coquetería para la mesa del café y una bella compañía para las tardes de sillón o de hamaca.

¿Qué es Plaza Pública?

Plaza Pública (PzP) es un medio en internet de periodismo de profundidad, análisis, investigaciones y debates, radicado en la capital de Guatemala. Fue fundado el 22 de febrero de 2011 por la Universidad Rafael Landívar y reivindica los derechos humanos, la democracia, la justicia social y la búsqueda de la verdad. Se enfoca en las causas y efectos de la desigualdad, la inequidad y las dinámicas que atentan contra la dignidad de las personas. Es un medio sin ánimo de lucro, nos financiamos principalmente con presupuesto de la universidad, y somos apoyados por organizaciones (como Open Society Foundation e Hivos) Apostamos por la innovación, por el periodismo narrativo, y creemos en el papel de la comunidad de lectores como garantes de la independencia y la calidad del medio.

¿Por qué Plaza Pública comete la locura de hacer el salto mortal al papel?

La misma naturaleza digital nos hace continuar en la busca de nuevas formas para llegar a los lectores, y hacer que los temas que interesan al medio y que consideramos esenciales para el debate nacional, lleguen a más ciudadanos y que desaparezcan de las agendas de los líderes de opinión y permanezcan en el debate público. Buscamos todos los medios y plataformas para trasladar nuestro periodismo. En ese sentido, no somos ortodoxos del Internet, y creemos que el papel tiene un aún enorme potencial, especialmente para los temas de profundidad, textos con la narrativa que es ya un sello de PzP, y con imágenes que van retratando el país, estén presentes, físicamente, como objeto cercano a los lectores, para la lectura pausada. Además, claro, adoramos los libros y el papel, somos unos nostálgicos, y qué gozo el olor del libro nuevo, el fetiche, y qué delicia leer en papel.

¿Cómo me suscribo?

Hay cuatro formas para suscribirte:

1) Depósito monetario:

  • Paso 1.

    Revisa en la hoja de suscripción las modalidades de pago, para conocer cuál es la que te conviene y saber cuánto debes depositar. (Para toda Guatemala:
  • Paso 2.

    Realiza la transferencia o depósito en:

    Banco Industrial.

    Asociación de Amigos de Plaza Pública

    Cta #185003731-6

  • Paso 3.

    Llena la hoja de suscripción y ¡voilá! Recibirás el número inmediato a tu suscripción (si quieres que tu suscripción sea en retroactivo, recibiendo números pasados, acláralo en los comentarios de la hoja. No habrá ningún problema si todavía quedan ejemplares).

2) Con nuestros aliados suscriptores:

En librería Sophos (Plaza Fontabella, zona 10) o en librería y café Watson (Paseo Cayalá, zona 16).

  • Paso 1.

    Vas a la caja y dices que te quieres suscribir a Plaza.
  • Paso 2.

    Realizas tu pago con tarjeta o en efectivo.
  • Paso 3.

    Llenas la hoja de suscripción y ¡listo!

Si tienes cualquier duda, escribe a suscripcionesLAP@gmail.com

3) Tienda online Kemik:

Entra a la https://kemik.gt/ y en el buscador escribe “suscripción” allí te desplegará las diversas opciones de suscripción (1 o 2 años) y varias según el país donde vivas. Aquí el enlace para un año en toda Guatemala: https://www.kemik.gt/suscripcion-anual-a-plaza-1-a-o-guatemala.html Si vives fuera de Guatemala, vean la respuesta siguiente:

¿Si vivo fuera de Guatemala, puedo suscribirme?

¡Claro! Plaza llega a cualquier parte del mundo. Los costos de envío varían entre Centro América, el resto de América (Norte, Sur y el Caribe), y el resto del mundo. Estamos puliendo el método, pero ya lo puedes hacer:

Puedes hacerlo en tienda online https://www.kemik.gt/ , busca la suscripción de acuerdo a la región en donde vives. Parecerá que sólo puedes hacer pedidos en Guatemala, ¡pero no! Introduce toda la dirección, (incluido, municipio, departamento o estado; y muy importante: el país en donde quieres tu suscripción). No hay ningún costo por el envío. Si tienes algún problema con la compra escríbenos un mensaje en el perfil de fb de Los Amigos de la Plaza o directamente en la tienda en línea.

También hacerlo a través de una transferencia bancaria:

  • Paso 1:

    Revisa en la hoja de suscripción el costo a tu región:
  • Paso 2:

    Realiza la transferencia bancaria:

    Bank: The Bank of New York Mellon

    SWIFT/BIC: IRVTUS3N

    Fedwire (ABA): 021000018

    Account name: Banco Industrial, S.A.

    Account No.: 8033141875

    SWIFT/BIC: INDLGTGC

    USD amount to send:

    Final beneficiary name : Asociación de Amigos de Plaza Pública

    Account No. at Banco Industrial, S.A.: 185-003731-9

    Final beneficiary Address: 7a. avenida 5-10 zona 4, Centro Financiero, Apartado

    Postal 744, Guatemala, Guatemala, C.A.

  • Paso 3:

    Llena la ficha de suscripción. (Si quieres que tu suscripción sea en retroactivo, recibiendo números pasados, acláralo en los comentarios de la hoja).

Si tienes cualquier duda, escribe a suscripcionesLAP@gmail.com

Si no me he suscrito, ¿cómo la consigo?

Plaza nace el 28 de abril de 2016 y a partir de allí la podrás encontrar cada cuatro meses en diversos puntos de distribución (recuerda los meses clave: abril, agosto, diciembre).

La puedes encontrar en:

Librería Sophos, Watson Books & Coffee, La Casa del Libro en La Casa de Cervantes.

En estos tiempos en que es cada vez más complicado sostener las iniciativas en papel. ¿Cómo se sostendrá Plaza?

El plan es que Plaza sea autosostenible. La Asociación de Amigos de Plaza Pública respalda y gestiona el proyecto, y ha buscado diversas maneras de que pueda subsistir:

1) La apuesta más importante es confiar en los lectores, en quienes creen en el periodismo de Plaza Pública y quienes disfrutan la lectura y aman el papel. Entonces, la confianza máxima es creer que una buena base de suscriptores amigos nos permitirá la estabilidad, y la distribución en librerías, centros culturales, cafés, etc. nos permita seguir imprimiendo.

2) El patrocinio: de empresas, organizaciones, instituciones que confíen en nuestro trabajo, que apuesten por la necesidad de una ciudadanía informada, que crean en la cultura y que quieran aliar su marca con Plaza. Los patrocinios nos dan un margen de respiro y si en algún momento hubiese excedentes en los ingresos, éstos servirán para que la Asociación de Amigos de Plaza Pública apoyen investigaciones y proyectos de Plaza Pública para seguir trabajando.

Papel, la edición #1 de Plaza: es patrocinada por Instituto de Investigación y Proyección sobre Ambiente Natural y Sociedad (Iarna), L’Aperó, Sophos, Watson Books & Coffee. ¡Gracias totales por la confianza y el apoyo!

3) El financiamiento: un espaldarazo considerable. Una institución, organización o empresa, apoya con una donación para la impresión de más ejemplares, que serán distribuidos en bibliotecas públicas, escuelas y organizaciones.

¿Y si quiero ser patrocinador o financista de Plaza?

¡Fantástico! Escribe a amigosdelaplazapzp@gmail.com y te contactaremos.

¿Quiénes son los Amigos de Plaza?

La Asociación de Amigos de Plaza Pública (LAP), es una asociación civil, sin ánimo de lucro, conformada por lectores, amigos, ciudadanos, y equipo de Plaza Pública para apoyar los proyectos e iniciativas del medio. Entre sus objetivos, además de constituirse en apoyo para proteger y defender el derecho a la información y a la libre expresión, está el de generar fondos y gestionar proyectos directamente relacionados con el medio. Desde su conformación, una de las iniciativas propuestas y apoyadas por sus miembros fue el de la publicación en papel de material de Plaza Pública.

La Asociación administrará y velará por generar los fondos que permitan la sostenibilidad y continuidad del proyecto. Para esto, considera indispensable la alianza con instituciones, empresas, organizaciones y ciudadanos que compartan el interés por el periodismo de profundidad y calidad que produce Plaza Pública.

Para más información: amigosdelaplazapzp@gmail.com

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Las reformas incorrectas

En los últimos días los jefes de bloque han estado discutiendo múltiples enmiendas al proyecto para reformar la Constitución. Las discusiones sobre este último texto enmendado, y no sobre el del 28 de noviembre se reanudarán el 15 de febrero. El texto más reciente no es público pero información dispersa sugiere que hay riesgo de que contenga inconsistencias o trampas.

A diferencia del júbilo y la sensación de punto de llegada que envolvía a muchos hace casi una década, cuando se reformaron las comisiones de postulación, ahora vemos la posibilidad de las reformas con una esperanza exacta, y el texto con una ceja levantada. Demasiadas panaceas legales nos han decepcionado ya como para darnos cuenta de que todas tienen limitaciones y trampa y que dependerán de mucho más que el propio texto.

Este es un momento para defender axiomas e ideales y buscar un texto que nos acerque a ellos en un sentido relevante pero no trascendental: apenas estamos hablando de independencia judicial y pluralismo jurídico; no se discute todavía el corazón del modelo económico. Con todo y eso, las reformas propuestas necesitarán varios años, recursos y voluntad para subvertir el “sentido común” del sistema de justicia.

Hasta ahora, los opositores más sutiles han fundado su rechazo en tecnicismos y en preocupaciones organizativas que, a nuestro juicio, disfrazan posiciones e intereses profundamente políticos. Tienen que ver con el control del poder coercitivo y del territorio. Ya sucedió así con la implementación del monismo jurídico.

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Aniquilada la posibilidad de reformar el derecho de antejuicio, dos son los aspectos que despiertan mayores enconos: la creación de un Consejo Nacional de Justicia que administre el Organismo Judicial y gestione la carrera en su seno; y el reconocimiento constitucional de la jurisdicción indígena.

La oposición al Consejo pretende dos cosas.

Por un lado, que jueces y Corte Suprema de Justicia sigan concentrando no solo el poder que debe corresponderle, que es el de índole legal, sino también el control de la administración y la gestión de la carrera judicial (el servicio civil del OJ). Algunos sostienen que el Consejo sería un nuevo superpoder, pero el argumento es ridículo: por matemática, si el poder se divide, los poderes resultantes serán menores. Pero este es un razonamiento lógico. Si buscan uno institucional, existen estándares internacionales sobre independencia judicial, que establecen la necesidad de separar las funciones judiciales de las administrativas como garantía de independencia interna, y que es importante contar con un sistema de carrera judicial.

Por el otro, aspira a reactivar una suerte de comisiones de postulación o juntas calificatorias con una fórmula distinta, pero igualmente destinada al fracaso porque la lógica es similar. De momento, parece ya acordado incluir una especie de comisión de postulación, en la que participarán la Universidad de San Carlos y una privada que goce de una antigüedad mayor a 25 años. Se trata de una función y una cuota de poder que ni mejora la selección de los candidatos, ni conviene o corresponde a las universidades, pues pervierte sus objetivos y estructuras. Debemos objetar esta enmienda.

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La elección de jueces y magistrados es un asunto que presenta dilemas importantes desde el punto de vista de la legitimidad en cualquier tipo de diseño institucional. Los poderes Ejecutivo y Legislativo derivan su validez de la elección popular. Los representantes del Poder Judicial suelen ser nombrados en todo el mundo por los funcionarios de los otros poderes y no por delegación del pueblo. Esta impronta elitista se ha criticado históricamente. Por esa razón no es de extrañar que, en el caso de los jueces, la legitimidad sea en gran medida un asunto de independencia: a mayor independencia judicial, mayor legitimidad de los jueces y magistrados.

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Las comisiones de postulación en Guatemala intentaron democratizar las formas y ampliar la participación de la sociedad en esta elección. Sin embargo, no pudieron evitar el elitismo que representa considerar que dicha nominación debe seguir manteniéndose bajo la mirada del mundo, a veces estrecha, de los abogados, pues la participación se abrió prácticamente a las facultades de derecho y al colegio de abogados. Tampoco pudieron prever que el tráfico de influencias e intereses sería protagonizado por esos círculos tradicionalmente considerados honorables, y que esto representaría una injerencia externa con violaciones importantes a la independencia judicial… Los recientes señalamientos públicos al magistrado Eddy Orellana y la captura de Blanca Stalling son una muestra de la necesidad de garantizar la imparcialidad e independencia en la administración de justicia, evitando injerencias externas en el sistema de elección de magistrados y jueces. Y no es casual que críticos brutales de las reformas como el diputado Fernando Linares Beltranena quieran impedir que cambie el sistema pues, como demuestra esta sentencia de la Corte de Constitucionalidad, ellos mismos se han beneficiado del tráfico de influencias.

El nuevo sistema no fue menos corrupto que el anterior y, sin embargo, introdujo un elemento imprevisto de disrupción que al mismo tiempo supuso su éxito y su fin: hubo más voces, más ojos y más peleas de poder, y por lo tanto, más filtraciones, más desconcierto, más transparencia. Hubo corrupción, pero fue evidente. En esta lógica, proponer comisiones de postulación reducidas no puede ser sino perverso o demagógico.

En democracia, la legitimidad del poder judicial es clave, pues este fue el bastión del conservadurismo y la denegación de derechos durante las dictaduras y las guerras internas durante el siglo pasado en América Latina.

Paradójicamente el poder judicial representa en muchos lugares uno de los más importantes campos de lucha de intereses sectoriales, más que una garantía institucional de la paz y la democracia.

Dada la conexión entre independencia y legitimidad del Poder Judicial, en nuestro país existe un plano previo de legitimidad del poder judicial (y del poder público en general) que se funda en la crítica del monismo jurídico. El derecho, los derechos humanos y la democracia, desde el punto de vista individualista y liberal, son concepciones monistas, cuyo déficit de legitimidad ha sido históricamente denunciado por los pueblos indígenas y afrodescendientes. Así, mientras a inicios de siglo los debates sobre la legitimidad de la justicia se centraban en la necesidad de pensar el sistema desde el marco analítico del pluralismo jurídico, llegados al actual grado de cooptación de las instituciones, los debates recientes apenas se reducían a aspirar a contar con juzgados y cortes (aunque monistas) independientes. Las discusiones sobre la reforma nos han recordado esa limitación.

Hoy por hoy lo que genera debate es el reconocimiento de la jurisdicción indígena, que es la potestad de aplicar el propio derecho. Ni siquiera el pluralismo jurídico, un marco analítico más amplio que se vincula a una forma (plural) de pensar y entender la configuración el Estado, como sucede en otros países.

Mucho se habla de contradicciones con la Constitución en este tema. De contrasentidos. El contrasentido mayor en un país con más de la mitad de la población indígena es que la Constitución ni siquiera se plantee incorporar las normas, instituciones y autoridades indígenas. El racismo de Estado no requiere un régimen explícito de apartheid. Basta con expulsar a ciertos sujetos de la gramática de los derechos y de la institucionalidad que se considera oficial: aunque existas, eres invisible, porque eres “ilegal”, “inconstitucional”.

También se dice que el artículo 66 ya reconoce a las autoridades indígenas. Lo que no se dice por igual es que existe un artículo 203 que establece que “la función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca”. Esa norma ha justificado que muchos casos conocidos por la jurisdicción indígena sean juzgados nuevamente por el sistema oficial. Aunque existen fallos de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad, en los que se reconoce que existe un sistema jurídico de los pueblos indígenas, su falta de reconocimiento en ley ha llevado incluso al procesamiento penal de autoridades indígenas en el ejercicio de sus funciones.

Algunos países reconocen el sistema indígena como un sistema con igual importancia que el oficial, sin que uno subordine al otro. En el caso de Guatemala las reformas sujetan claramente la justicia indígena al control constitucional y a los derechos humanos. Las discusiones de esta semana en el Congreso pretenden consolidar esta idea de sumisión absoluta. No solo enmarcarla en el razonable ámbito de los derechos humanos, ni modificarla con resevas constitucionales como la pena de muerte, la propiedad privada, u otras que no comparten, sino sujetarla a la legislación ordinaria. Sujetarla al código penal, civil, etcétera, equivale a volverla ilegal. Si para ser legal tiene que ser idéntica, la conclusión es evidente: cualquier desviación es ilícita. En ese caso el reconocimiento sería contraproducente.

No obstante, hay algo cierto. Se dice que habrá sistemas paralelos, que se romperá la centralidad del organismo judicial, que varios sistemas tendrán que coexistir. Así es. De eso se trata precisamente el pluralismo jurídico: de reconocer la diversidad, de aceptar que existen concepciones diversas respecto de la justicia, sus fines, sus métodos y sus autoridades, que pueden ser igualmente válidas y dialogar entre sí.

Esta coexistencia, coordinación y aprendizaje mutuo implica desde luego desafíos, dificultades, malentendidos. No es en la Constitución en donde deben quedar plasmados los engranajes de esa relación: solo los principios. Entraña también derivaciones imprevistas y una expresión de autodeterminación. Miente quien lo niegue. Pero hay soluciones, si se quieren encontrar.
Otros ya las lograron.