Se encontraron allí algunos estudiantes, autoridades indígenas de Sololá y de Totonicapán, líderes sociales y miembros de colectivos urbanos. No permitían subir a más personas, pero nos permitieron estar en el vestíbulo. Entrar al Congreso, a la casa del pueblo, era cada vez más difícil, aunque no debería negarse la entrada a una de las sesiones más trascendentales de estos meses. Se discutían las reformas constitucionales del sector justicia.
La iniciativa 5179, que resultó de un ejercicio abierto a quien quiso sumarse al diálogo y debate entre más de 80 organizaciones en los meses anteriores, había sido cuestionada: algunos reclamaban que no había sido discutida lo suficiente, argumento que apareció varias veces en el largo discurso de Linares Beltranena. Parecía que el diálogo, un principio necesario para la democracia, era usado en contra de la misma iniciativa para detener reformas importantes.
Hoy estamos a la espera de que la discusión por articulado se retome donde se dejó en esa primera sesión. La reforma al antejuicio no fue aceptada. Falta conocer algunas enmiendas y el texto original de la jurisdicción indígena como parte de un pluralismo jurídico ya existente de hecho en el país y que el Estado racista se niega a reconocer. Hacerlo no solo es una deuda histórica y política. Es también un acto de profundo respeto hacia los pueblos y las autoridades indígenas de Guatemala. No se ha conocido aún lo concerniente al Consejo Nacional de Justicia (CNJ), una alternativa para despojar a la Corte Suprema de Justicia de su función administrativa y negarle mecanismos que se han convertido en formas de negarles la independencia a jueces y magistrados. Además, el CNJ privilegiaría la carrera judicial como garantía de una justicia que vela por la verdad y no se deja vender al mejor postor.
Además, el proceso de aprobación es un contexto proclive a una articulación entre sectores que creemos que esta lucha, aunque limitada, es necesaria e imprescindible. Esta articulación es un germen que se debe mantener y hacer crecer con miras a una fuerza social real, con un horizonte de larga data. Por otra parte, de ganar esta aprobación (que pasa, por un lado, por cuidar la propuesta en el Congreso para que su espíritu y su razón de ser no sean desvirtuados y, luego, por informar a una sociedad con miras a ganar una consulta popular), la situación política cambiaría: la correlación de fuerzas sería diferente.
Las reformas constitucionales al sector justicia no resolverán los problemas más profundos de desigualdad, pobreza y desarrollo en Guatemala. Pero no por ello son una lucha menor. Debemos preguntarnos si de aprobarse estas reformas tendremos una oportunidad para avanzar a la solución de los problemas estructurales. No puede existir una aprobación y una consulta popular positiva sin organizaciones políticas fuertes y articuladas para que esto sea posible. No hay transformación profunda sin organizaciones políticas que sean una fuerza social importante. Nos enfrentamos de nuevo a sectores conservadores del país que lo creen así y lo demuestran con sus campañas de desinformación, con argumentos sencillos de asimilar, pero incoherentes para una sociedad democrática y diversa.
Definitivamente, las reformas constitucionales y la importancia de su resultado van más allá de fortalecer el sector justicia. No es momento para no dar la lucha desde ese palco del Congreso. No es momento para decir sencillamente que «las reformas no pasarán» sin pelearlas junto con otros, aquellos con los que deberemos encontrarnos también en 2019 si queremos que el cambio sea una posibilidad real, lo cual implica que nos organicemos desde hoy.
La organización es necesaria para las reformas, y estas la requieren y propician. La organización es imprescindible para la transformación, y hoy de nuevo estamos, ante una causa común, con un adversario histórico.
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